Periodistas

Qué tuvo que suceder en el país para convertir a periodistas en blanco de la comisión de homicidios. Es la pregunta abierta al leer la noticia sobre el arresto de un exalcalde en Chihuahua, ya detenido por la Fiscalía y bajo proceso. El caso de asociación político-criminal que segó la vida de la periodista Miroslava Breach, el 23 de marzo de 2017.

El asesinato de periodistas reclama no sólo investigación judiciaria, sino una investigación de amplio espectro y con arco de tiempo. Sobre esto último, el Comité para la protección de periodistas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, tiene registrada una estadística que aquí transcribo y reagrupo por periodos sexenales desde 1964. Gustavo Díaz Ordaz, un periodista asesinado en el último año de esa administración; Luis Echeverría Álvarez, dos periodistas; José López Portillo, diez periodistas; Miguel de la Madrid Hurtado, treinta y cuatro periodistas; Carlos Salinas de Gortari, veinticinco periodistas; Ernesto Zedillo Ponce de León, veintiún periodistas; Vicente Fox Quesada, veintiocho periodistas; Felipe Calderón Hinojosa, ciento veintiún periodistas; Enrique Peña Nieto, ochenta y seis periodistas; y los sumados en dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, veintiún periodistas asesinados.

Cuando refiero al amplio espectro hablo de considerar temas adyacentes, pero no indiferentes a considerar. Qué cambió en las estructuras de gobierno, en los poderes reales, en los partidos, en la estructura económica, en la educación pública, en la industria del entretenimiento y el efecto de la desigualdad social, como para precipitar la irrupción del crimen organizado. Es ese contexto desde donde visualizar la comisión de los asesinatos a periodistas. Eso sí, sin dejar de distinguir entre la acción criminal que proviene directamente de la delincuencia organizada, de alguna instancia de autoridad (federal, estatal o municipal) u otros de índole más bien personal.

Karl Kraus (1874-1936) modelo de periodista autónomo.

Sé que les gustaría que abordara, desde mi brevedad característica, el intríngulis de la autonomía de los periodistas o más bien lo contrario, de su heteronomía (dependencia). Es claro que si un periodista trabaja dentro de la estructura orgánica de un gobierno o hace contratos con el gobierno su heteronomía es más que evidente. Depende del gobierno. Puede ser que la dependencia del periodista esté asociada a su patrón, de manera más específica las grandes empresas de comunicación. En ambos casos la lealtad es casi obligada y con dificultad se encontrará un periodista que vaya en contra de quien lo promociona. Se da también una subordinación mixta del periodista cuando tiene la doble cachucha, sirve al gobierno y sirve a la empresa que lo tiene contratado. Está la zona gris de los free lance, periodistas de los que se desconoce su dependencia y, consecuentemente, son modelo de profesionales autónomos ¿Lo son?

Lo que hemos visto en México durante estos dos años de transformación es la alteración del ecosistema en el que se desenvuelve el periodista. La principal fuente de información política, la presidencia de la república ha reforzado su autonomía relativa. Esa es la condición que ha alterado la relación entre el gobierno federal y los periodistas.  

Una guía

Cambiar una propuesta de Constitución Moral por una Guía ética para la transformación de México no cambia el propósito, que es: afirmar aquellas prácticas que suponen una mejor convivencia social. La modificación de la enunciación responde a cuestionamientos sobre el equívoco de nombrar constitución lo que no tendría obligatoriedad jurídica. O aquel otro señalamiento de laicistas, para quienes la moral es un asunto que atañe a la religiosidad del creyente.

Así tenemos una Guía de adopción voluntaria, que se llama ética para identificarla con el pensamiento filosófico. Al final del día la corrección hasta cierto punto es irrelevante, si por lo común ética y moral resultan sinónimos.

La relevancia está en la cuestión de por qué la Guía, para responder a una situación concreta. Porque el país fue escalando niveles de degradación cifrados en el número de muertes violentas, por la acumulación de personas desaparecidas, por la creciente violencia intrafamiliar que se ensaña con las mujeres, por la normalización del escandaloso enriquecimiento de altos funcionarios en desproporción a sus salarios, por la naturalización de desigualdades fundadas en artificios económicos.

En ello ha jugado la pudrición de un liberalismo mórbido, que se identifica equívocamente en la asociación/exterminio del predador y su presa, extraída de una malversación de Charles Darwin. Si de invocar a la biología se trata cabría también argumentar la simbiosis. Ese liberalismo económico que camina en un solo pie -el de la competencia- cuando bien podría adoptar una mejor marcha con el principio complementario de la cooperación. Se esgrime que la moral es un asunto personal, del ámbito privado, como si se tratara lo que en lingüística es un idiolecto (una lengua que corresponde en exclusiva a un hablante)

Aunque no se proclame, el trasfondo moral tiene raíces en el Antiguo Testamento -patrimonio cultural de la humanidad en el que abrevan tres religiones sociales: judaísmo, cristianismo y el islamismo. En él la moral se moldea para agradar a Dios, tener en alta consideración al prójimo y sellar la pertinencia a una determinada comunidad religiosa. Es obvio que la Guía en comento es una variante laica, que deja a cada uno seguir sus predilecciones de credo. Al tiempo de que en esta reformulación el prójimo y la participación de una comunidad, en este caso nacional y se podría decir que hasta de especie, son líneas que se reafirman en la Guía, que vinculan y comprometen.

Porque tenemos que sacudirnos el individualismo que raya en la sicopatología, por eso no está demás una guía ética. 

Trabajadores

Son los trabajadores mexicanos un factor real de poder en estado de latencia. Así los confinó el liberalismo económico.

Además de la acostumbrada sectorización en la que se encuentran separados los trabajadores, público y privado, agricultura, industria y comercio, jurídicamente se distribuyen por su adscripción a la ley laboral como trabajadores permanentes con derechos, subcontratados sin derechos completos y los asalariados de la economía informal en el desamparo total.

Cierto es que el esquema de los factores reales de poder -burguesía, clero, militares y trabajadores- nos remite al siglo XIX. Este enfoque vivió sus mejores tiempos al inicio de la posguerra en 1945, hasta el año de 1970, en coincidencia con la época dorada del capitalismo. En ella la voz de los trabajadores no sólo era escuchada, sino que tenía efecto sobre las decisiones de los gobernantes y los empresarios no podían eludirlas fácilmente, sobre todo en Europa.

La versión criolla, a la mexicana, tuvo su especificación en el México posrevolucionario con: el clero bajo un riguroso laicismo, los militares disciplinados al presidente, la burguesía respetuosa de la economía mixta y los trabajadores, del campo y la ciudad, empoderados. Estos últimos fueron la fuerza política de apoyo del régimen desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque en el correr de los años no fueron siempre bien correspondidos. Se les reprimía y se les utilizaba.

Esta ambivalencia del régimen, combinando conquistas laborales con antidemocracia sindical, encontró su inviabilidad con el surgimiento del sindicalismo independiente y de las organizaciones campesinas fuera del pacto corporativo en la década de los setentas. La fuerza de los trabajadores llegó más allá, en numerosas universidades públicas captó poderosamente la atención de sus académicos, explotando una apasionada atención por conocer (querer orientar) el curso de esta fuerza destinada a alcanzar más y mejores logros.

Al establecerse la locomotora del neoliberalismo todo comenzó a cambiar para los trabajadores, sus certidumbres quedaron amenazadas. Las reformas estructurales fueron instrumentadas como un despojo a lo alcanzado hasta entonces en beneficio de los trabajadores. El último gran proyecto de unidad y visión política fue el Movimiento Sindical Revolucionario, el cual se desbarató como espuma del mar al llegar los vientos neoliberales. De hecho, desde 1983 la continuidad de la lucha de los trabajadores tuvo como máxima y casi única expresión al magisterio.

El deterioro de los salarios mínimos, el nuevo sistema de pensiones, la legalización de la subcontratación, fueron de la mano con la disminución del protagonismo de las organizaciones. De manera destacada, un gremio como el de los ferrocarrileros, quedó prácticamente paralizado tras la privatización del sistema ferroviario. Los trabajadores de la aviación, mineros, electricistas de la CLyFC también fueron embestidos por los moditos tecnocráticos.

A este desastre ocurrido a los trabajadores organizados se agregó el choque de trenes sucedido con la reforma educativa. La minoría rapaz y su personero. Claudio X. González Guajardo, convencieron al presidente Peña de echar a andar una reforma onerosa para los trabajadores de la educación. Una victoria pírrica para la oligarquía, puesto que, una vez consumada la reforma en el 2013, comenzó a adquirir fuerza el movimiento opositor que ganaría las elecciones presidenciales del 2018. Y la reforma fue revertida.

Lo que uno ignora para el corto plazo se formula en una pregunta ¿Serán de nuevo los trabajadores factor real de poder?

Empresarios

Desde la economía política se le ha dado al empresario una unidad conceptual como el sujeto que con dinero (inversión) se dedica a obtener más dinero, reinvertirlo, capitalizarlo. Con la revolución francesa los empresarios, que alguna vez fueron revolucionarios alteradores del orden, son visualizados como clase, idea que retomó la crítica de la economía política.

Ha llovido en más de dos siglos y hay que agregar otros elementos que se han ido acumulando. A los empresarios se les ha caracterizado ahorradores, austeros y devotos, también deseosos de parecerse a la aristocracia, compran títulos nobiliarios o forman dinastías. Inician su ciclo conservador.

Sabemos que por ese aliento de estar en competencia se dificulta a los empresarios desarrollar espíritu de cuerpo (iglesias, militares) puesto que se encuentran sectorizados en las actividades agropecuarias, industriales y de servicios. También les asiste la estratificación por empresa entre globales, grandes, medianas, pequeñas y micro. Desde que comenzó la desregulación de la economía en los años ochenta del siglo pasado ha crecido un empresario mostrenco en el espacio tolerado de la economía informal y el empresario negro, dedicado a las actividades delictivas que blanquea en empresas fachada y el sistema financiero.

Encontramos una variedad, una policromía empresarial que matiza la unidad conceptual puesta al principio.

Foto de Cristina Rodríguez, La Jornada en internet (30-11-2020)

Si nos ceñimos a México en un enfoque diacrónico, se distingue un antes y un después. Se anota que iniciado el periodo civilista (1946) de los gobiernos de la revolución mexicana, los empresarios se avinieron a convivir con el régimen de partido casi único. Fue hasta la confrontación con los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, cuando los empresarios decidieron elaborar una estrategia de poder no precisamente sustentada en la democracia liberal, sino a través de personeros (políticos y tecnócratas) dispuestos a protegerlos y a defender sus intereses particulares. Su estrategia se basó en promover las reformas estructurales, restando poder a las fuerzas sociales integradas en el pacto social corporativo que sostuvo al PRI. Estrategia que hizo legal desde 1982 lo que hasta entonces no estaba permitido.

Pónganse a revisar cada una de esas reformas y encontrarán un beneficiario directo: los empresarios. No importando las aberraciones en las que se incurrieran, ni en el grado de polarización social que se produjera. Ahora que se debate y se legisla sobre las subcontrataciones tenemos ante nuestros ojos una condición aberrante en la contratación de los asalariados, se introdujo una doble legalidad. Quedando los trabajadores divididos como sujetos de derechos, creando exclusión y precarizando la fuerza laboral.

Esas reformas estructurales tomaron otro paquete de reformas de acompañamiento, las reformas electorales que abrían el paso hacia la transición democrática. Eso se dijo. Destacados oficiantes de la ciencia política no vieron que la transición en marcha y efectiva estaba operando hacia la oligarquía. Esa oligarquía cuyo núcleo, aquí en casi todo el mundo, es la fusión del dinero y el poder (Canfora y Zagrebelsky) Quien podría extenderse en el asunto por ser actor de este atraso democrático y tener información de primera mano es Claudio X. González Laporte -ése que destapó a J. A. Meade como candidato a la presidencia antes que el presidente Peña y su partido. El empresario lleva meses muy calladito, fuera de reflectores, dejando como cancerbero de la oligarquía a su Jr.

Los empresarios, su condensado elitista más bien, puede que estén a disgusto con el actual gobierno. Los empresarios tienen que entender que con la democracia no se juega. Se agotó la mascarada que hacía ver democracia en la oligarquía. La democracia no puede evitar al pueblo, sería su muerte.

Militares

 El Gral. Salvador Cienfuegos, después de un mes de aprehensión en los Estados Unidos, fue liberado, regresó a su país y se encuentra en su casa. Por ahora, el personaje ha cesado como fuente de primicias varias para notas y especulaciones.

Dejemos entonces poner el foco en la institución militar, en la corporación que presume el más alto espíritu de cuerpo de México. De ella se dice que opera acatando las órdenes que le dicta su jefe supremo. Nada de lo que hace el Ejército y la Marina está oculto a la mirada del presidente en turno. Por ello se afirma que el responsable máximo del actuar de las fuerzas armadas es su jefe supremo. Esta visión, en modo alguno colectiva, incorpora la consistencia de un dogma y una certidumbre que no alberga controversia. Por eso el fuero presidencial, en vías de extinción, cubre con su manto protector a los militares, por razones de seguridad.

Si al dogma es aceptado entonces se puede considerar que cada presidente deja una impronta en las fuerzas armadas, ya acentuando una orientación represiva o una tendencia de auxilio hacia la población civil. Con sus decisiones el Ejecutivo engrandece o ensombrece a la institución militar. No es ella, es él.

Ahí está el terrible capítulo de la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón. Sabemos que dejó miles de muertos y desaparecidos, hogares truncos. Resultado de esa estrategia siguen convulsionadas no pocas localidades. Lo que desconocemos es la documentación de instrucciones presidenciales extendidas en el cauce de esa mal llamada guerra. Se olvida que la institución militar fue llevada a ese conflicto sin protección legal, guerra en la que el secretario de seguridad de Calderón, Genaro García Luna, estaba al servicio de narcotraficantes. Así, ni como ganar, ni como poner a salvo el prestigio de las fuerzas armadas. A otras generaciones les tocará acceder a la información reservada hasta ahora y que se abrirá con la llave del tiempo.

Haciendo alto contraste, los militares bajo las directrices de su actual jefe supremo no están volcadas hacia la represión porque ya tienen un marco de intervención legal dentro de la seguridad interior. Sus servicios son requeridos ya no sólo para enfrentar catástrofes ambientales que afectan a la población civil. Se le instruye construir aeropuertos, hospitales, controlar los puertos marítimos. Usando la expresión de Daniel Cosío Villegas, de acuerdo con el estilo personal de gobernar del primer mandatario, los militares se reconocen en el pueblo, actúan para el pueblo. Y si el presidente conquista el afecto de la ciudadanía, ese afecto se prodiga hasta alcanzar al Ejército. Signo de los tiempos que se viven.

Una agenda común

 

Escribir sobre el caso del general Salvados Cienfuegos se convirtió en tema recurrente. Desde su aprehensión el 15 de octubre, a su liberación el 18 de noviembre, ocurridas ambas en Estados Unidos en este 2020. Y seguirá acaparando atención. Me reservo y pongo en reposo mi opinión sobre el asunto, pues no se trata sólo de una persona sino de una corporación.

Me refiero en cambio a otra corporación, la iglesia católica. La jerarquía eclesiástica le ha bajado a su protagonismo y no se debe a la 4T. Ese accionar que ganaba primeras planas con cierta regularidad para personajes como Girolamo Prigione y el abad Schlenburg, Corripio Ahumada y Rivera Carrera, Onésimo Zepeda y Sandoval Íñiguez, que fueron la punta de lanza del conservadurismo que acompañó el experimento neoliberal en México. Para ello hicieron suya la agenda anticomunista de Juan Pablo II. Cada viaje del papa polonés a México llenaba de energía a los jerarcas católicos. Y no se diga de algunos mandatarios que con inocultable regocijo lo recibían. Fox y Calderón, para precisar.

Eso ha cambiado diametralmente, ya no se ocupan los espacios mediáticos como antes. Ese cambio se dio sin estruendo desde la unción de Jorge Bergoglio con el nombramiento de papa Francisco I. Ya en una ocasión me referí a ello (Francisco I en México) cuando el jesuita argentino visitó México en enero de 2014. Él condujo su agenda y, que recuerde, fue una visita austera, bien aprovechada para leerle la cartilla a los jerarcas mexicanos, en la ciudad de Morelia si mal no recuerdo. Desde entonces nuevos vientos soplan desde El Vaticano, los podemos apreciar en sus cartas pastorales y, sobre todo, en su cuenta de Twitter @Pontifex_es

En la agenda del papa Francisco ocupa un lugar de primer orden los pobres. Es una coincidencia con la agenda del presidente López Obrador, primero los pobres. Lo que se aprecia, además de esta agenda común, es una disposición a llevar una relación diplomática sin el boato exhibido en tiempos recientes, los que antecedieron al arribo de Andrés Manuel a la presidencia de México.

Se nota que al papa Francisco ya no se le dispensa una atención desproporcionada en los medios mexicanos. Se nota también que el episcopado mexicano ha reducido su proclividad a la proyección mediática distinta a la que disponen de su patrimonio. Esto último como consecuencia, quiero suponer, de la directriz que guía el apostolado del Papa. Tengamos esto en mente, la iglesia católica es una corporación, donde las normas rígidas que sustentan el verticalismo en el mando son parte inescapable de su funcionamiento.

El resultado de esta conjunción no sólo es una respetuosa relación entre el Estado Vaticano y el mexicano, también el compartir una agenda por lo pobres. Además, está el efecto político que contiene a los jerarcas católicos de involucrarse en la política mexicana como lo hicieron durante el periodo neoliberal. No es poca cosa.

El clamor de la derecha

 

La contienda electoral norteamericana ha tenido efecto para la disputa política en México. Ya desde Miguel de la Madrid la “gringología” era parte de la conversación, donde los participantes eran prolijos en mostrarse como expertos en esta disciplina criolla. Algunos realmente lo eran y lo siguen siendo. El caso es, para mí, una materia fuera de interés y por eso no voy a seguir esa ruta. Lo que sí quiero destacar es el uso político que se le ha dado al tema de las elecciones presidenciales estadounidenses por parte de medios, periodistas y la opinión de editorialistas, donde la prensa acoge a los intelectuales*.

El análisis y la sobriedad informativa ha escaseado. El impresionismo histérico ha imperado al darle vuelo a la exigencia sin asideras, hecha al presidente de México, para que reconozca a Joe Biden como ganador, cuando el proceso no ha concluido. Hacen a un lado las consideraciones legales y diplomáticas alegando usos y costumbres gabachas, donde los medios se hacen de la voz autorizada sin ser autoridad.

La ocasión ha servido para exhibir la contrariedad del espectro opositor mexicano. Al no poder ganar adeptos entre la población ven en el candidato Biden al Mesías anglosajón que les ayude a derrotar a López Obrador, Biden como el nuevo Maximiliano de allende el Río Bravo que venga a civilizarnos. Elucubran con la analogía más absurda: Donald Trump y AMLO son lo mismo. Se trata de una reducción a la cual no se le conceden matices.

Demuestran gran frustración al tratar de convertir una elección ajena en causa de guerra que atice la confrontación política doméstica. Sus deseos obnubilan su inteligencia y les hace pedestres. Ha sido una estrategia recurrente y sin éxito, las variaciones han estado en los temas. El nuevo aeropuerto de CDMX, el Tren Maya, la refinería de Tres Bocas, la causa feminista, la emergencia Covid.

El clamor de la derecha pregona, Biden ¡Sálvanos! Trump nos falló.

Esperaban que la relación entre Trump con Andrés Manuel fuera de confrontación. Ahora recurren a la fijación con otro personaje: Biden, por favor peléate con AMLO.

 

*En el ocaso de los gobiernos de la Revolución Mexicana, O. Paz postulaba la distancia entre los intelectuales y el poder (político) G. Zaid lo secundaba al criticar a los intelectuales seducidos por el poder (político) El paréntesis lo reitero porque el poder no lo vincularon al que resulta de las grandes fortunas, al poder económico. Al doblar el giro hacia el neoliberalismo, esta prédica y la diatriba fueron arrumbadas. Con la tecnocracia en el poder, se potenció la capacidad de seducción del Estado sobre los intelectuales con recursos que no les exigían declararse fieles al partido en el gobierno. Los puestos en la diplomacia, en las instituciones de educación y cultura del pasado se quedaron cortos. Se crea el SNI, el FONCA, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, se dotó como nunca de recursos a El Colegio Nacional, y ya con Fox, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La relación orgánica de los intelectuales y el poder quedó sancionada y sin asquitos. Estos mecanismos razonables y discutibles no son los únicos, se abrieron los contratos para consentir al intelectual empresario, los espacios para el intelectual burócrata en los organismos autónomos.

Sí ¿A los privilegios?

 

El mes pasado se dio a conocer un nuevo membrete opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La publicidad no ha tenido el eco esperado por los promoventes, ni siquiera ha sido de gran interés analítico en la prensa. Con ese tino, la organización civil Sí, por México, seguirá la misma ruta de sus semejantes inmediatos -Dice promovida por la Coparmex, Frenaa dirigida por Gilberto Lozano, quien ha sido panista y empleado de Femsa- hacia su colisión con la cuarta transformación, desde su muelle desdén por habilitar un proyecto popular alternativo. Una organización que surge de las élites, por eso no transita hacia la ciudadanía o a la sociedad civil*, como fatuamente les gusta proclamar. Su organizador se exhibe con el argumento falaz de que nada está detrás de esta intentona derechista.

Claudio X. González Guajardo, en su biografía, nos da pistas de lo que está detrás. Por el lado familiar, en tanto hijo de Claudio X. González Laporte, es representante del corporativismo empresarial, de intereses patronales. Por el lado profesional está ligado a la tecnocracia en tiempos de Salinas y Zedillo. Esas son sus credenciales que hacen predecible lo que se puede esperar de su propuesta: regreso al neoliberalismo. También hay que anotar su transformación en activista con dos antecedentes. La organización Mexicanos Primero, dedicada a descalificar a los trabajadores de la educación pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Ya en el poder, Peña Nieto le dio el gusto de la reforma educativa que golpeó al magisterio nacional. El activista, hijo de empresario, se dio por bien servido.

En virtud del éxito obtenido se adscribió a otra causa-fingida, combatir la corrupción y la impunidad, precisamente durante el gobierno que se esmeró en esas malas prácticas. No dijo nada relevante de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, J. A. Meade o Gerardo Ruiz Esparza, concentró sus baterías en Rosario Robles y algunos centros públicos de educación superior con el reportaje de la Estafa maestra. De paso, la otra marca del activismo de Claudio Jr. Es la “mercenarización” de periodistas.

La derrota del corporativismo empresarial, de la tecnocracia, del PRI, del PAN y el PRD en las elecciones del 2018 catalizaron el activismo de la dinastía X, la que no se ha cansado de descalificar todo lo que provenga del gobierno de López Obrador. Es una fijación patológica merecedora de un estudio psiquiátrico, fuera del alcance de este blog. Al activista lo acompaña una priísta, directora de una revista que vivió sus mejores tiempos en el siglo pasado y fue muy bien apapachada por Peña Nieto. También está con él Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, que sigue al frente del sindicato patronal Coparmex. Nada nuevo, innovador, simplemente están a la caza de los privilegios perdidos: contratos a modo, exención de impuestos, subvenciones, tráfico de influencias.

*En varias ocasiones me he referido a la sociedad civil (https://www.blogger.com/blog/post/edit/8251921317178057992/4063491022575677839 , https://www.blogger.com/blog/post/edit/8251921317178057992/5788239773546902252 y https://www.blogger.com/blog/post/edit/8251921317178057992/8657536584241793092 )   esa que se ha convertido en mantra o invocación de la derecha liberal y radical. En una versión elitista, clasista, racista, discriminatoria de la sociedad civil, geolocalizable en las Lomas de Chapultepec, el Pedregal de San Ángel y otras zonas residenciales. Muy lejos de la identidad que le dio Antonio Gramsci en sus escritos carcelarios, una sociedad civil reformulada desde la filosofía de la praxis (marxismo) para la realización de la sociedad regulada (sin clases) y en el ánimo de establecer un poder popular, que en un principio concibió desde los consejos obreros (soviets) y extrapolación de la revolución de octubre. Lo anoto para dejar constancia de que en el discurso y el debate político la sociedad civil tiene variantes en su significado.  

Intolerancia al cambio

 

A escaso un mes de completar el segundo año de ejercicio del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, destaca el empeño por sacudir el statu quo forjado a modo de un liberalismo económico y burocrático, concentrador de poder para una minoría, cebado en el abandono de las mayorías.

Sin ahogarse en el voluntarismo, disfrutando de un respaldo popular no visto desde hace decenios, López Obrador ha mostrado un estilo diferente de gobernar al informar y opinar, ensayado desde su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, sin excesos en el gasto publicitario, sin prohibir ni reprimir. Desde sus tiempos de opositor, ahora como presidente, ha delineado un interlocutor, a la vez real e imaginario: el Pueblo. De ahí en adelante, toda fuerza económica, política y social tiene fichas menores si le falta la ficha mayor, el respaldo popular.

La suma de artificio e inteligencia del orden tecnocrático se muestra intolerante al cambio, sin concederle beneficio a la cuarta transformación. Así los articulistas sufriendo el Apocalipsis, algunos de ellos funcionarios de ayer, sintiéndose libres de toda macula.

A quién puede extrañar que los abogados del antiguo régimen aprecien sólo exabruptos en las decisiones del actual gobierno. De otro modo no les puede parecer, fueron los arquitectos de un edificio jurídico orientado al saqueo. Un mundo de papel para consumar atracos y sellar desigualdades sociales. Desde el formalismo blanden su crítica.

También los salpicados del viejo régimen, los “intelectuales”, consternados muestran intolerancia al cambio. Pero si estábamos tan bien, se acongojan. Desde la asepsia de las cifras que todo lo justifican, claro está. Por ejemplo, la pobreza deja de ser una condición social por superar. La pobreza parece existir para enaltecer la honrosa labor de contar a los pobres. El sesgo empirista que fortificó al grupo de poder tecnocrático.

Formalismo y empirismo, dos vías razonables y legítimas que al no admitir contraste chapotean en un estanque de arrogancia. Como si el Derecho y las fórmulas de cálculo estuvieran ajenas de contenido político, en la pulcritud apolítica por definición. No saldrán de sus plumas ensayos sobre la alteridad y la humildad, la comunidad y la moral. Son temas sin juridicidad, no se pueden medir, dicen. La subjetividad no es materia para conformar una base legal, un cuadro robusto de datos duros. Amparados desde esa rotundidad les resulta inaceptable la subjetividad, aunque ésta sea la forma característica de la condición humana.  

La impunidad

La impunidad ¿demasiado extendida y sin corrección? Hago esta apertura entre interrogaciones porque se acumulan las investigaciones sobre personajes y escasean las sentencias que impongan penas. Investigaciones que se han acelerado en este sexenio si se les compara con las iniciadas en los tres primeros sexenios del siglo XXI.

Cuando ocurrió la crisis financiera mundial del 2008, a causa principalmente de los créditos inmobiliarios otorgados sin garantías confiables, desde la Reserva Federal de los Estados Unidos se acuñó la frase “Too big to fail”. Con esa máxima se justificó la intervención pública para salvar a los bancos de la quiebra con dinero de los contribuyentes, en plena Era en la que se estigmatizó colosalmente la intervención del Estado en la economía, en el supuesto de que subvertía el libre comercio. Los teóricos del monetarismo ni se inmutaron.

La frase citada rebotó en mi mente por las reacciones en defensa del General Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue detenido por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) la tarde el jueves 15 de octubre en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California. El General estuvo a cargo de la Sedena durante la gestión de Enrique Peña Nieto y seguro se consideraba intocable. Demasiado visible para ser llevado al reclamo de la justicia.

Ciertos o falsos, los cargos tendrán que brindar sus pruebas en los tribunales estadounidenses. Para infortunio de Cienfuegos no le alcanzó para la fianza y así correr en libertad su juicio. Lo que queda registrado es la respuesta de barnizada indignación, muy al estilo priísta ¡pruebas, pruebas! lo cual nos debería parecer fuera de época. Se les olvida a todos los oficiosos defensores del General, los acuerdos del pasado que normalizaron la intervención estadounidense en materia de combate al tráfico de drogas. Se le apodaba colaboración, de cuyos tristes emblemas se destacan la Iniciativa Mérida y la Operación rápido y furioso. Parte de los llamados caminos a la modernidad.

Lo que se dirime es más que un caso, de posible deriva fatua. El tema puesto en el centro es el de la impunidad sistémica, difícil de quebrar, de la que están blindadas las élites mexicanas. Tener poder o algún modo de prestigio, se convierte en patente de corzo para actuar sin escrúpulos y quedar fuera del alcance de la ley.

En México hay un culto a la impunidad de la gente con rango supuestamente superior (vale recordar, la Constitución nos hace iguales) De tiempo atrás, en el culto a la impunidad se han incorporado los jefes del crimen organizado, su apología se ha “normalizado” a través de canciones, videoseries, no sólo proviene de sus bases sociales. Los capos quieren disfrutar de la impunidad de los de arriba, de los políticos, de algunos empresarios bien conectados al gobierno, como el de Altos Hornos de México, el señor Ancira. Es un culto que permea y genera una disputa por la impunidad silente, efectiva en su selectividad, que se mueve como el instinto del depredador sobre su presa, con el placer del sádico ante el sufrimiento del prójimo.

La impunidad es, también, refuerzo de la desigualdad. Tal vez por eso tiene prominentes defensores. No se limita a delitos de alto impacto que no son castigados, la impunidad tiene variaciones, como el acoso sexual. El año pasado un eminente investigador, Ranulfo Romo, adelantó su jubilación en la UNAM por tener expedientes con demandas por acoso que llegaron al Tribunal Universitario. No se supo de sanción alguna, ni mediáticamente fue estigmatizado, ni siquiera lo fue por el ruidoso movimiento feminista. Es una muestra de la protección que acompaña a los que presumen prestigio, el blindaje de las élites. En las monarquías feudales se les llamaba privilegios, extendidos por decretos reales.

Por eso es muy importante el desenlace del juicio al General Cienfuegos, igualmente lo es la consulta aprobada por los Diputados para que la gente decida el juicio a los políticos que viven “en la plenitud del pinche poder”, como dijo un gobernador de Veracruz.

Reducir la impunidad nos haría un país más democrático, igualitario y justo. Pero la impunidad no es fácil de quebrar, tiene aplaudidores por montón.

Qué hacemos con los intereses*

Es la cuestión implícita del proyecto transformador en curso frente a estructuras que pusieron por encima el interés propio en detrimento de intereses tendientes a la agregación del colectivo nacional. Las reformas estructurales se fundaron en un consenso no sólidamente realizado que puso el interés público al servicio de intereses particulares, de los particulares que de entrada contaban con un arranque ventajoso por riqueza o educación, posición corporativa o regional. Esta orientación es la que se está desmontando y llevará tiempo. Un régimen selectivo y excluyente, diseñado para una minoría, que profundizó la desigualdad social, misma que se puso a consideración de sesudos estudios, programas de investigación y centros de medición, dignos de hacer exclamar ¡Cuánta desigualdad!

López Obrador ha realineado los intereses sin reprimir, sin prohibir, con los mecanismos legales establecidos, más los que ha solicitado a otros Poderes. Se ha alterado el ecosistema, en lo posible, afectando intereses que estaban muy bien asistidos con dinero público en áreas que supuestamente se rigen por el libre comercio o corporativizando sectores liberales (destacadamente artistas, científicos, escritores, publicistas) de manera sutil, para que no se les confundiera con los campesinos o con los obreros, para no dañar el prurito liberal de sus mercedes.

Qué se ha hecho, pues nada más modificar el orden de prioridades dentro de la Constitución, como fortalecer las actividades estratégicas del Estado en materia económica y de bienestar social. Esas dos pinzas han tocado, nunca suprimido, intereses.

Son los interese afectados los que se defienden desde una informe oposición, reticentes a comprender el cambio iniciado. Sin forma porque no han desarrollado el planteamiento ideológico que los integre. Una oposición en la que es difícil conciliar ultraderechistas y “progres”, guadalupanos con feministas. Con esas características, los partidos adversos al Ejecutivo federal todavía no encuentran la manera de tripularlos. En sustitución, se forman organizaciones civiles presumiblemente financiadas por empresarios.

En un capítulo especial se encuentran los gobernadores, ahora encabezados por Javier Corral -antes por Enrique Alfaro- que están muy molestos con el presidente López Obrador por sus decisiones políticas sobre la austeridad, la salud, la seguridad, el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada. Miren que tocarles a estos gobernadores convivir con un presidente que no les suelta la lana graciosamente. Ya no son los tiempos de Fox o de Peña.

*En un ensayo con visión histórica y deliberación filosófica, el economista Albert O. Hirschman planteaba la hipótesis de cómo las pasiones fueron domadas por el interés. Lo que el Estado quiso resolver por la vía de la coerción, los religiosos y humanistas por la vía de la moralización, pues no sabían qué hacer con las pasiones. Con el correr de los años la economía sirvió para domar las pasiones afirmando el interés propio. Después de más de tres siglos con esa rsolución, tal vez un Hirschman vuelto a nacer se preguntaría ¿Qué hacemos con los intereses? Las pasiones y los intereses. Fondo de Cultura Económica. México, 1978.

Por qué sí

 

“En la acción no hay vínculos eficaces sin un poco de camaradería, ni camaradería sin un poco de vida en común.”

Marc Bloch

La constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes tomó la reformulación de la pregunta planteada por el Ejecutivo federal para darle una amplitud general. El hecho ha dado lugar para que abogados constitucionalistas se pronuncien. No voy a discutir sus argumentos, para eso están sus colegas. Sus razonamientos jurídicos han dejado dos temas sobre los que se tendrá que echar luz.

Uno se refiere a las antinomias plasmadas en el articulado de la Constitución que sirven para dar buenas razones en sentidos encontrados, por ejemplo, la contraposición entre los derechos individuales y los derechos sociales. Esta disposición de contrarios permitió a los magistrados cumplir su función de definir constitucionalidad en los casos donde la armonización entre prescripciones se desvanece y parecen entrar en colisión.

La apertura hacia la consulta popular que dictaron lleva al segundo tema, más bien conclusión: la democracia participativa es un derecho débil dentro de la Constitución al cual hay que robustecer. Por eso, la definición alcanzada en el pleno de los ministros de la Corte puede ser el inicio para darle forma y productividad a los mecanismos de consulta popular y afines, que hoy en día están perfectamente limitados, son estériles y tienen efecto nugatorio sobre el derecho del pueblo a orientar el rumbo del régimen.

Sin pretender abonar a la discusión jurídica, en el plano político el enjuiciamiento de las altas investiduras debe ser un recurso de la ciudadanía para llamar a cuentas a los gobernantes que salen impunes debido al entramado jurídico-administrativo que los protege. Una situación de privilegio que los hace inalcanzables al brazo de la justicia, lo que sí ocurre en otras partes del mundo. No es cuestión de dejarlo en la barandilla del ministerio público como si se tratara de delincuentes comunes. Se trata de personajes que tuvieron a su encargo, “haiga sido como haiga sido”, la máxima responsabilidad del gobierno de México.

Políticamente, los mexicanos tenemos interés en conocer cómo los expresidentes se beneficiaron del puesto para amasar riqueza que no cuadra con su ingreso formalmente devengado, qué mecanismos formales e informales operaron para el resultado de un enriquecimiento indebido, llámese la partida secreta, la vía de las aduanas o el quid pro quo al realizarse la venta del patrimonio nacional, el otorgamiento de concesiones o en las licitaciones de obras de infraestructura. Los mexicanos exigimos el esclarecimiento y clausura del endeudamiento exponencial y sin fin como el FOBAPROA. Los mexicanos demandamos penalizar a los responsables de la declarada guerra contra el crimen organizado. Sería una catarsis para una reconciliación de un país dividido por la oligarquía. Para fortalecer la república en la que verdaderamente cada ciudadano cuenta.

La paz amenazada

 

Cuando se lanzó la propuesta de la reforma política de José López Portillo, uno de los beneficios esperados fue el de persuadir a los ciudadanos de no recurrir a métodos violentos. Eran tiempos en los que no se había enfriado la guerra sucia, el sindicalismo independiente estaba en auge con la vanguardia de los sindicatos universitarios. La UNAM fue vandalizada por la policía capitalina con la luz verde encendida por el rector de ese entonces (Guillermo Soberón Acevedo asistido por el regente Carlos Hank González y el secretario de gobernación Jesús Reyes Heroles) La reforma y las que se sucedieron en alcance político realmente lograron su objetivo. Fue por el lado económico que se descompuso la convivencia entre los mexicanos. La reducción de la intervención del Estado en la economía recomendada por los organismos económicos internacionales abrió el espacio para la incursión de las empresas criminales, la llamada delincuencia organizada. La reforma política palideció ante las reformas económicas. La violencia proliferó en la permisividad del libre comercio, capitalismo primitivo diría Marx.

Ya entrado en firme el neoliberalismo, la violencia se convirtió en parte del paisaje nacional. Todavía peor, se hizo sistémica con la alternancia en el gobierno federal. Vicente Fox apostó a no meterse con el crimen organizado. Felipe Calderón declaró una guerra sin consultar a los mexicanos y la violencia se incrementó. Enrique Peña Nieto se montó en la inercia decretada por Calderón. El país adquirió fama de violento.

El sufrimiento infligido a los mexicanos, por la economía y el crimen, fue revocado en las urnas en las elecciones de 2018. Pero hay grupos privilegiados que se niegan a dejar la senda de martirio a la que se sometió a la mayoría. Organizaciones formales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, dirigida por Gustavo Adolfo ¿Hitler? o de Hoyos, que se proponen derrocar al gobierno de López Obrador, sin base social activa, que recurren a la formación de membretes de la sociedad civil como DICE, al cual nadie o muy pocos respaldan. El grupúsculo FRENAA, que sin exhibir a sus financiadores recurre a la violencia verbal y promueve el golpismo. O la organización que se dice feminista, que también recurre a la violencia verbal y además a la física con actos de vandalización. Un feminismo muy oportunista, que se monta en víctimas reales. Feminismo no exhibido antes y que emerge con orientación antiAMLO. Alegando una sociedad patriarcal opresora que hace tiempo dejó de operar en sus contenidos originales. Lo que actualmente rifa es el elogio del macho alfa, que empodera el liberalismo económico y las series que hacen apología del crimen. Postulaciones que efectivamente lesionan la integridad de las mujeres.

Ya ni mencionar a los compañeros de viaje, que se dicen liberales, pero a las primeras están dispuestos a rendirse a los fascistas (Italia, Alemania, Chile, para mentar casos históricos) que están a modo para echar abajo la paz gestada en el marco de un México incluyente y justo. Cabe apuntar el desmoronamiento moral de las comunidades religiosas, impotentes para producir escrúpulos que inhiban conductas antisociales. Digno de investigación sociológica que interrogue las dominantes comunidades católicas de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán y el fortalecimiento del crimen organizado en el centro occidente de México ¿No que muy católicos?

La paz está amenazada.

¿Que regresen los corruptos?

 

El equívoco en la enunciación de un título es el caso del desplegado con el que nos desayunamos el jueves 17 de septiembre: En defensa de la libertad de expresión. Los signatarios de la especie no pueden probar que les ha sido conculcada su libertad de expresión por el gobierno de López Obrador. Ni cómo sugerir que sus letras, antes profusamente animadas por el presupuesto federal son censuradas, ni que sus nexos con el poder sean la fuente necesaria de la libre expresión. A los abajofirmantes no les han sido vetado sus escritos, ya hubieran interpuesto una demanda. Ni una coma les ha sido escatimada. A todos nos consta que ninguna de las personas signatarias ha sido censurada. Tienen espacios abiertos en prensa, radio y televisión, ni les restringen las redes sociales, que se sepa. En concreto su libertad de expresión, si a eso se refieren, no está en peligro.

Al adentrase en el contenido de los párrafos del desplegado, obviando su estilo impresionista, en ellos se plantea una posición o disenso, referido al estilo personal de gobernar, lo cual es opinable y refuerza la libertad de expresión de que se goza en México. Es parte de la democracia el que haya oposición a los planteamientos de quienes están en el gobierno. Sí, hay firmantes que adoptaron esa legítima posición. Habrá otros que estarán en calidad de crema pastelera, como relleno de la torta que hornearon otros.

Para comprender el fondo del desplegado pido poner atención en dos detalles, entre otros que se podrán destacar. Varios suscriptores del desplegado son directores de revistas a las que se les redujo o cerró la afluencia de recursos del gobierno federal y están muy molestos. Casi todas estas personas alaban las bondades del libre comercio, si se ceban en los bueyes del compadre. Pero resulta que el mercado no valoriza esas publicaciones como quisieran. En realidad, son prensa marginal si se les compara con estándares internacionales, dicho esto en términos de su demanda.

El otro detalle por destacar son las firmas de exfuncionarios que colaboraron en las administraciones de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de los salinistas que se incorporaron al gobierno de Peña Nieto. Precisamente de los expresidentes que ahora tienen solicitado un llamado a rendir cuentas por más de dos millones de ciudadanos.

Son dos clientelas visibilizadas en el desplegado, las cuales están comprometidas a rendir tributo a sus señores, hecho que debilita su condición de ciudadanos libres. Por eso la segunda consigna que cierra el desplegado: esto tiene que parar.

Facciones y grupo de choque

El farragoso procedimiento en el que metió el INE a Morena para que esta organización renueve su directiva nacional. Claro, desde Morena le abrieron las puertas al INE. Los mismos morenistas en el embrollo han proferido barbaridad y media, en la vulgar disputa por los puestos. Con las facciones han topado y puede ser su tropiezo. López Obrador es la unidad visible y posible, pero él está en otra encomienda y gobierna, con los colaboradores que ha designado, para todos, poniendo los cimientos de un proyecto. No hay otro para Morena ¿O sí? Los movimientos, más que los partidos en su verticalidad característica son proclives a formar facciones y poner así en peligro, desde adentro, la causa que los une. Fueron las facciones, como bien lo recuerda Adolfo Gilly, las que contaminaron al movimiento revolucionario de 1910. Es una encrucijada, el faccionalismo, que por el momento no pasará a mayores, pero hay que advertirlo.

Más grave, para considerar, es la formación de un grupo de choque con patente partidista. Lo que ocurre en Chihuahua. No se trata de la oscura promoción de los grupos de choque “feministas”. En Chihuahua, el grupo que se opone a la entrega de agua a Estados Unidos -trasvase que está sancionada por un tratado de 1944- tiene tras de sí el respaldo de dos partidos, el PAN y el PRI, versión local del Prian. Precisamente Chihuahua es bastión de ese bipartidismo, donde han gobernado sin hacer mitote por el tratado, han acatado de tiempo atrás la disposición de la obligación acordada hecha ley. Esa obligación que casualmente ahora es fuente de su violenta oposición.

Por tener organización partidista detrás y por hacer llamado a la violencia, el grupo de choque de usuarios agropecuarios del agua siguen el esquema fascista de las camisas negras. Una organización partidista, el Partido Nacional Fascista, organizando en paralelo grupos de choque ¿Y qué dice el gobernador del estado grande de México Javier Corral? Le pide al presidente Andrés Manuel que negocie con el grupo de choque y que saque de Chihuahua a la Guardia Nacional. Se le olvidó pedir el agua de limón a Corralitos.

Desde el análisis político, estos dos asuntos merecen tener mayor atención. No es así para la “comentocracia”, ella está dedicada a defender sus privilegios de manera burda, en el negacionismo permanente de los dichos y acciones del gobierno. Ni siquiera les ha parecido digno de consenso la lucha para reducir la corrupción y la impunidad, hasta parecen gallardos defensores de esas lacras. Acaso será porque se les complicó a los analistas el acceso a recursos públicos. Es una conjetura que nos podría despejar el SAT y la UIF. Ojalá nos aclararan, se los pido sinceramente.

 

Hablemos de la transformación

 

El segundo informe de gobierno, el que se entrega al Congreso, es una afirmación de la transformación en marcha y ansía consolidarse. Se trata de un informe que se refiere a las bases del relanzamiento del Estado de Bienestar para que todos concurramos en ese objetivo. Todos es una exageración, pues hay oposición que pugna por el zarandeado statu quo, el que modeló la economía liberal ¿Liberal? Más bien el dogma motejado de neoliberal. Lo que no es una exageración es el hecho, el respaldo popular que tiene el gobierno del presidente López Obrador.

Haciendo a un lado las varias escaramuzas políticas (mediáticas, partidistas, parlamentarias y de gobernadores) de las últimas semanas, quiero llamar la atención sobre tres temas de cuyo consenso no hay modo de evadirse frente al proyecto transformador, que representa la reinserción del Estado en responsabilidades que fueron descuidadas, cuando no subrogadas unas, pero que no pueden ignorarse o darle la vuelta.

Educación. La reforma educativa impuesta en el sexenio de Peña Nieto fue, lo sabemos bien, una reforma laboral al estatuto de los trabajadores adscritos a la educación pública básica y media, la cual fue fríamente acompañada de la decapitación de su líder “moral”, la profesora Elba Esther Gordillo. Dos elementos necesarios para retomar el compromiso constitucional del Estado mexicano con la educación (no sólo es cuestión de becas, de infraestructura) Uno es un acuerdo pedagógico y de contenidos que sea suficientemente divulgado, que atrape la conversación pública. El segundo elemento es una participación del magisterio y de los padres de familia. Lo que se tiene que evitar es convertir el proceso en foro de demandas gremiales usadas como medio de chantaje, como ha ocurrido en el pasado y que han servido para encubrir cacicazgos sindicales. Peor aún, convertir la educación en moneda de cambio para alcanzar propósitos políticos personales. Ejemplo de esto último fue el fugaz y pernicioso partido Nueva Alianza, operado como armadura política de un cacicazgo sindical y que finalmente le estalló a la profesora Gordillo. Con el PANAL se contribuyó al arribo de dos de los peores gobernantes que ha tenido México: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Salud. Otro campo de la destrucción neoliberal fue el sector salud. Un abandono de décadas que hasta hoy en día se resiente. Nada más revisar el elenco de directores del IMSS sin vocación social. El ISSSTE no quedó ajeno al desastre, baste al afiliado intentar conseguir una cita médica para ser atendido, se tiene que hacer fila desde las cuatro de la mañana. El remedio del Seguro Popular derivó en una bolsa de recursos fiscales de difícil fiscalización que no requirió de infraestructura propia, formación de médicos y demás personal al servicio de la salud. Un mecanismo financiero opaco, dispuesto al coyotaje institucionalizado. La función pública para la salud fue decayendo mientras se auspiciaba el modelo de negocios que se implantó y frente al cual los líderes sindicales fueron complacientes, su enriquecimiento personal estaba asegurado. Levantar al sector salud requerirá no sólo de inversiones gubernamentales, como se está haciendo, también de la participación del gremio de los médicos, empezando por platicarnos qué pasó ayer.

Corrupción. Asociado a la educación y a la salud públicas, con los tecnócratas se dieron procesos de descentralización que involucraron a los gobernadores en el manejo de recursos que eran de control del gobierno federal. Ahora hay exgobernadores bajo proceso o que tuvieron una temporada en el reclusorio. Pero vayamos a la consideración de la liberalización económica como supuesto efectivo contra la corrupción (Se asumía la intervención del Estado en la economía como la fuente de la que emanaban los corruptos) No fue así, más bien el libre comercio resultó una forma adecuada para encubrir la corrupción, apalancada esta con empresas fantasmas, paraísos fiscales, factureras, notarios y jueces, entre otros drenajes del dinero mal habido. Para el actual cometido de disminuir la corrupción, el gobierno cuenta con dos aparatos que le ponen lupa a los ingresos irregulares: el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos entes del gobierno, al parecer, ya se aplican a fondo. A la mafia del poder le están prescribiendo la receta con la cual fue sometido el célebre gánster Al Capone. El rigor del fisco.

Son tres temas que puestos así no resumen la transformación, pero sí nos dan cuenta de su alcance de largo aliento. Tangencialmente interrogan al liberalismo, a su crisis actual dada la dificultad intrínseca que tiene para enfrentar retos sociales. No es la primera vez que ello ocurre. En el siglo pasado, las revoluciones sociales, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial pusieron en la lona al liberalismo, se le llegó a dar por muerto ante la fundación del Estado de Bienestar. Pero resurgió de sus cenizas con las mismas incapacidades para enfrentar retos sociales, incluidas las de índole ambiental. Dos acontecimientos marcan la debacle del liberalismo en nuestros días, la crisis financiera producida por los créditos inmobiliarios otorgados sin garantías (2008) y la pandemia por el coronavirus (2020). De ahí las condiciones objetivas para la ventura de la cuarta transformación.

Hacia el segundo informe

 

Contra los pronósticos sombríos de los voceros del viejo régimen, la transformación va. El acomodo de intereses acostumbrado ha quedado desbalanceado y pugnan por restablecerse. Un problema que tiene la oposición es que no cuenta con un espacio donde articular componendas. El incienso que le prodigaron al Estado de derecho fue simulación, un Estado de cohecho. La transparencia era otra simulación, aparato y normas permisivos con la opacidad. Otro problema de la oposición antiamlo, de sus líderes, es que no les interesa representar al pueblo, íntimamente lo desprecian. Lo suyo es la cortesanía, un mundo aparte de la ciudadanía de a pie.

El presidente López Obrador ha dado un vuelco a la relación con los medios tradicionales. El gobierno propone su agenda sin recurrir a los excesos en gastos de publicidad. Ha encontrado la forma de comunicar con los recursos que dispone para tener una recepción potente en la sociedad. Si de información política del gobierno se trata, las conferencias de prensa matutinas han cumplido expectativas. Noticieros de radio y televisión, la prensa, entran en un torbellino de incertidumbre. Las estrellas de estos medios tienen que bajar a las redes o publicar noticias falsas. Los medios que no pertenecen al Estado tendrán que aprender a vivir en democracia y arreglárselas como empresas de información fortalecidas o debilitadas por la preferencia de las audiencias.

Aunque el lema sea primero los pobres, López Obrador ha tenido como aliados a los empresarios, más allá de las diferencias. El nuevo entendimiento se basa en la honestidad y en la separación del poder político del privado, la mejor manera de generar confianza para la inversión. El favoritismo a empresas con el aceite del soborno ya no es bien visto. Es claro que hay empresarios que se sienten fuera de este entendimiento, es el caso de Claudio X. González Laporte.

Otro entendimiento notable es la relación con el gobierno de Donald Trump. Esto ha servido para no abrir un canal de desestabilización interna desde el exterior. Para no pocos, les resulta paradójico que un presidente nacionalista como López Obrador tenga una buena relación con el presidente de Estados Unidos -como la tiene con otros mandatarios. Sin quedarnos en la contemplación de esa paradoja, la relación entre gobiernos hasta ahora ha resultado una fortaleza mutua.

Otro punto que identifica a la transformación en curso es la ruptura entre autoridad y crimen organizado. Buen principio para recuperar la seguridad pública y la paz. Se acabaron los tiempos en los que el gobernante tenía su capo predilecto y hay que estar atentos para que no regresen esos tiempos.

Un dato no menos importante son las responsabilidades encargadas al ejército. Sin perder de vista que es una relación de subordinación de las fuerzas armadas al ejecutivo normada por las leyes, esto es, no se trata de una alianza a discusión. Es y se cumple. Lo distintivo es que tenemos un ejército habilitado para ofrecer seguridad pública, que ya no es usado para la ejecución de masacres. Un ejército con encargos como la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles, de la construcción de hospitales, de vías ferroviarias, además de otras actividades ya conocidas. Un ejército constructor.

Por ahora, solo quiero dejar este punteo para su consideración, el cual muestra una estrategia de la reconfiguración del Estado de Bienestar en México. Se abandona la estrategia que en los últimos años se impuso para desacreditar al mismo Estado y que dividió profundamente a los mexicanos*.

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*La redacción de estos artículos abre un receso. Hasta la próxima mis lectores.

Hipócrates y Shylok

Es del dominio público, personajes de la escena cultural metropolitana, llamados intelectuales, se encuentran desubicados frente a la transformación en curso. Siempre disimulando su identidad política, prefieren exhibirse como apartidistas y dueños de la razón. Unos estarían felices con Ricardo Anaya, otros con J.A. Meade, a los más cínicos les daría igual. Lo que no soportan es que el actual presidente no los utilice, no se dé lustre con ellos a cambio de contratos, por ejemplo. Se acostumbraron a tener a su servicio al gobierno en los últimos lustros, sin desmerecer por ello su calidad de “críticos” y “liberales”, químicamente insumisos, así les gusta ser vistos.

Cada que pueden destazan la política de seguridad del actual gobierno sin concederle ningún acierto, como lo es la creación de la Guardia Nacional de la que, por cierto, poco se informa en los medios. Qué decir de la ruptura del vínculo entre gobierno y crimen organizado, el narco estado que se afianzó desde los primeros años del siglo XXI. No dicen nada, si por ellos fuera continuaría la guerra “necesaria”.

Si se trata del combate a la corrupción son unos incrédulos y hasta desean que la política anticorrupción se pudra. Sueltan la chanza ¿A poco no hay corrupción en el actual gobierno? Los procesos que tienen Genaro García Luna y Emilio Lozoya Austin no les merece un pronunciamiento digno de un desplegado. Seguramente las acciones de estos dos procesados, los que se han venido acumulando y los que se agregaran a la lista, les parecen constructoras de institucionalidad, sin reparar en el daño que les hicieron a las instituciones, incluyendo al sacrosanto Instituto Nacional Electoral.

Total, cuántos aliados insospechados tiene la delincuencia organizada y los exgobernantes corruptos.

La naturaleza ha dispuesto la propagación del nuevo virus capaz de extenderse con facilidad por todo el planeta en este año 2020. Esta novedad viral no tiene cura probada, salvo las terapias de contención y recuperación hospitalaria que no siempre eluden los decesos. Los laboratorios farmacéuticos trabajan a marchas forzadas para producir una vacuna eficaz. Todos los gobiernos recomiendan el autocuidado, la higiene personal, el distanciamiento para evitar la continuidad de los contagios. Algunos gobernantes llegaron a suspender el libre tránsito, impusieron el toque de queda. En México, con un sistema de salud bicéfalo -Hipócrates y Shylok- se trabajó aceleradamente para tener la capacidad hospitalaria y así atender a los enfermos de covid que lo requirieran. Se hizo un acuerdo con hospitales privados para atender pacientes no-covid. Simbiosis es la palabra que expresa ese acuerdo histórico.

Pero los intelectuales dicen que la pandemia no ha sido adecuadamente atendida. Ponen por delante a exsecretarios de salud, que estuvieron al servicio de gobernantes corruptos (Fox, Calderón, Peña).  Hay otro exsecretario proactivo, sin oficio de francotirador, Juan Ramón de la Fuente, quien con claridad da su opinión sobre la complejidad de la pandemia, en México y en el mundo. Como trabaja para el gobierno, es embajador de México ante la ONU, no recogen su punto de vista. En el fondo, a estos intelectuales no les interesa la seguridad, abatir la corrupción, la emergencia sanitaria, ya ni mencionemos la desigualdad. Lo que los mueve es recuperar para sí a papá gobierno.

Gobernadores demandantes

Cuando en distintas partes del planeta las autoridades visualizan “la nueva normalidad”, con ello están indicando que la vida social ya no será igual. Al menos no igual a lo acostumbrado en el tiempo presente. La lentitud, casi ritual, primitiva, nos resultará desconcertante y salutífera a la vez. Quien haya ido a algún restaurante en estas semanas de desconfinamiento, habrá notado el ceremonial introducido para que a los comensales se les brinde atención. La vida cambia para bien, es lo que espero. El respeto hacia nosotros mismos, a nuestros semejantes y a la naturaleza, será el principio básico de sobrevivencia y protección. Es la Ética el bien mejor dispuesto para adoptar la nueva normalidad y superar el individualismo depredador y sus presentaciones enmascaradas.

Pero hablemos de los gobernadores. De ese puesto de elección de autoridad ejecutiva más importante después de la presidencia de la república. Durante la hegemonía del PRI, el gobernador era un apéndice de la institución presidencial, de su instrucción dependía la nominación y el acceso al cargo. Un sistema imbatible en sus términos y sin lugar a controversia mayor. Beneficiaria de esos modos fue la hoy senadora Beatriz Paredes Rangel. Fue hasta hace pocos años que comenzó a abrirse el ostión de esos modos, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Negociación de gubernaturas bajo el esquema ilegal y antidemocrático de la “concertacesión”, picaresca lexical aportada por el columnista Francisco Cárdenas Cruz. El fraude a la ley y a los electores era evidente. Los gobernadores deberían tener una representación de la voluntad popular, más acicalada por lo menos.

Fue la elección de Cuauhtémoc Cárdenas de 1997, para gobernar el Distrito Federal, lo que abrió las compuertas de acceso a los gobiernos estatales sin el exclusivo sello del PRI y su jefe nato, el presidente en turno. Al acceder al poder avalados por una representación creíble, los gobernadores se constituyeron en un poder cierto, de resorte propio, con pleno derecho al regateo de los presupuestos con el Ejecutivo federal. Así fue como en tiempos de Ernesto Zedillo se formó el informal grupo priísta conocido como -otra vez me auxilio de la picaresca- “sindicato de gobernadores”.

Llegó la alternancia en el cargo de presidente en el 2000 y después se formalizó una asociación civil conocida como Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) Sin ser más que un foro de interlocución de los gobernadores hacia el presidente de la república, a partir de ese foro se multiplicó el número de gobernadores llamados a cuentas por la justicia. La depredación de presupuestos para fines de enriquecimiento personal, de su familia y allegados. Eso sin mencionar que en algunos casos se agregó se agregó el crimen organizado como fuente de enriquecimiento.

Sería bueno que un día de estos fueran invitados el secretario de Hacienda, la directora del SAT, el jefe de la UIF y el auditor superior de la federación, para que nos informen de lo que hacían los gobernadores con el seguro popular, el presupuesto para educación, el Fonden, los contratos de infraestructura y la contratación de deuda.

¿Alguien solicitó la salida de Dr. López-Gatell?

En la Era Covid

“Esperamos como el santo advenimiento que la medicina descubra un remedio contra la muerte. Y, como es natural, consentimos en que la ciencia anexione el terreno de la moral y de la ética. Cuando todo puede medirse, hablar de elementos espirituales suena rancio”

Andrzej Szczeklik

Se puede adelantar, el mundo ha entrado a la Era Covid. A ella se ha introducido sin mediar la acción deliberada de las potencias mundiales, tampoco lo ha querido la economía global y su poderoso brazo tecnológico. Es la naturaleza la que ha dictado desde sus secretos, de manera sutil e implacable a la vez, el virus que ha puesto a la humanidad en alerta permanente.

Cuando la metáfora de lo que se ha dado en llamar viral a las imágenes que se propagan por internet y las redes sociales adheridas a su operación, la expresión que resulta juguetona al grado de trivializarse en la demanda de algunos mensajes ¡Hazlo viral! La metáfora no resulta graciosa confrontada con la propagación de los virus. Los virus que en realidad tienen un sentido letal, a los que la ciencia médica busca contener y reducir. Fin de juego.

El SARS-CoV2 no sólo reta a la ciencia, también es un desafío a la civilización centrada en el desarrollo tecnológico. Están a prueba todas las culturas, usos, costumbres y las superestructuras jurídicas de los estados nacionales.

En México, además de la pandemia, se está librando la batalla contra un tipo de “comorbilidad” llamada corrupción. Así como hay gente que considera al coronavirus una invención, también hay intelectuales -lo que eso signifique- que consideran a la corrupción una práctica inextinguible. En otros tiempos no remotos se acuñó la figura surreal de enriquecimiento inexplicable, velando la diferencia entre lo lícito y lo ilícito. En los años recientes, la corrupción se mimetizó en contratos, empresas fantasmas, en paraísos fiscales, por ejemplo, haciendo del libre comercio su coartada perfecta.

Las reformas estructurales publicitadas para superar rezagos en la calidad de vida de la familia mexicana se convirtieron en incubadoras de la corrupción. Situación a la que no quedó exento el sistema nacional de salud. La salud pública se desdobló en un esquema público-privado sin nombrarlo a así. Esto hizo indeterminable la fiscalización y facilitó borrar los límites de las responsabilidades. Se llegó a sustituir agua por medicamento. Se especuló con el precio de las medicinas, esto es, se aplicó sobreprecio. Se quedaron hospitales sin concluir su construcción, sin médicos ni equipamiento. Se monetizó la salud pública, la rentabilidad se impuso. En el lenguaje de los servicios públicos de salud se introdujo el costo-beneficio, la tasa de retorno. Mientras el derecho a la salud quedó conculcado.

Bajo estas condiciones se ha enfrentado la pandemia. Por eso, el caso de Emilio Lozoya Austin va más allá del proceso judicial. Es un llamado para erradicar la corrupción, como se hizo y se sigue haciendo en las campañas de vacunación para limitar las enfermedades virales.