No hace muchos años, desde el
último tercio del siglo pasado, se formuló en circuitos académicos la crítica
al aprovechamiento ilegal de los recursos públicos en beneficio del servidor
público. De manera suave, esa crítica llamaba a esa práctica indebida
patrimonialismo. Con el correr del tiempo esa práctica evolucionó y se mantiene
como una de las causas que han profundizado las desigualdades sociales. Pese a
los aires de modernidad, el patrimonialismo adquirió nuevos bríos bajo la
bandera de la liberalización económica, sin abolir el patrimonialismo
consuetudinario en las altas esferas de la burocracia y del poder político.
¿Qué sucedió con la apertura
comercial? Se abrió paso al patrimonialismo sobre los recursos de la nación en
interés privado, el aprovechamiento de los recursos fiscales por parte de
empresas privadas. No era solamente el mercado el que estructuraba la
contabilidad de las grandes empresas y sus ganancias. La extracción de recursos
públicos se hizo mecanismo para la acumulación privada. La conversión de deuda
privada en pública. Las condonaciones fiscales. Los contratos leoninos donde se
privatizaban las ganancias y las pérdidas las absorbía el gobierno de turno. El
incumplimiento de las obligaciones tributarias por diferentes vías.
Multimillonarias cantidades de dinero que no llegaban para robustecer el
ejercicio de los derechos sociales: alimentación, educación, sanidad, derechos
humanos.
Al patrimonialismo privado se
incorporaron los medios de comunicaciones tradicionales y sus periodistas que
estiraron la liga del gasto en publicidad gubernamental hacia sus portales. Con
los recursos públicos se sustraían a la ley del cuchillo del mercado. Las
asociaciones civiles y despachos, con los contactos debidos, también se
incorporaron a degustar del presupuesto. Los empresarios de la cultura gustosos
pasaban por su rebanada sin que el libre comercio se ruborizara. Los
prestadores de servicios que se multiplicaron para operar como intermediarios
en la distribución de recursos de los programas agropecuarios, forestales, etc.
Una variante del patrimonialismo
ocurrió en los partidos políticos. Durante décadas, el aprovechamiento de los
recursos del Estado fue monopolio del Partido Revolucionario Institucional. La “democracia”
y la “pluralidad” acabaron con ese monopolio. Los partidos, de acuerdo con los
votos obtenidos, se monetizaron en el presupuesto sin advertir el efecto
perverso, su desarraigo de la sociedad, más menos, perdieron anclaje social al
dedicarse a la depredación presupuestal. No se puede explicar de otra manera la
apabullante victoria de Morena en el 2018 y la caída de sus adversarios.
La transformación en marcha da en
el corazón de esos patrimonialismos, ha convulsionada hasta la irritación de
todos los que se encontraban instalados a plenitud en este ecosistema
patrimonialista. Para ellos la historia había llegado a su fin. Para la gran
mayoría la historia comenzaba, Pese a las adversidades, se constituyó un
movimiento mayoritario con el propósito de reconstituir los derechos sociales y
del Estado (Artículo 25 constitucional) para procurar la dignidad de las
personas, de las mayorías excluidas, para desde la fortaleza de la Constitución
asegurar la equidad y la justicia, como la vía para asentar la paz destruida
por una minoría de la sociedad.
Esa mayoría se volverá a mostrar
en las próximas elecciones y hay que tener en mente las acciones posibles de la
minoría rapaz.
