El aniquilamiento de setenta y dos migrantes de Centro y Sudamérica, en el estado norteño de Tamaulipas, México, ha situado la inseguridad que vive éste país en una vitrina que está a la vista de la comunicación global.
Consterna, una vez más, la crueldad con la que opera el crimen organizado, que se ha cebado particularmente en México. Constata la inequidad de una economía global que incita la migración descontrolada de personas que salen de sus países por la falta de una actividad formal que los arraigue en la tierra que los vio nacer. Desacredita a las instituciones encargadas de atender la migración.
Masacre sucedida en el marco del desarreglo gubernamental en una de sus vertientes: el desencuentro de los poderes instituidos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Uno de los componentes para llegar a este desarreglo ha sido diagnosticado en el serial de seminarios acerca de la reforma del Estado que han organizado académicos y políticos. Propuestas no han faltado. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo no ha evolucionado, lo que de ése Poder se ha reformado ha tenido el sentido de disminuir el autoritarismo y la discrecionalidad con la que se ha conducido a través de los años, sin por ello dar forma a una constelación entre Poderes que dé cauce al bienestar y la convivencia entre mexicanos. Por el contrario, se ha entrado en una escalada de desunión y confrontación no vista desde el conflicto religioso de 1926 – 1929. Lo que se ha reformado dando origen a instituciones autónomas, destacadamente las de carácter electoral y de derechos humanos, no ha sido suficiente para desterrar la creencia de que el Presidente lo puede todo. Creencia que en el ejercicio de quien tiene la máxima responsabilidad en este país resulta a estas alturas el principal obstáculo a la imaginación del gobernante, pues esa creencia lo lleva actuar anclado en el pasado.
Bajo esa creencia del presidente puede todo, Felipe Calderón encabezó el combate al crimen organizado, sin reparar en las condiciones de fragilidad institucional con la que accedió al poder, sin la contundencia del voto ciudadano de una victoria holgada. Por el contrario, se trató de un resultado cerradísimo que requirió del veredicto del Poder Judicial y el acuerpamiento de los legisladores de oposición en sus fracciones tricolor y verde.
A casi cuatro años de desplegar la fuerza del Estado en contra de la delincuencia organizada, el presidente Calderón se siente y se sabe solo, reclama a los ciudadanos y a las fuerzas políticas opositoras que no lo acompañen como él quisiera. Esto es, que su convocatoria fuera respondida con un sí señor presidente, como si la población en su conjunto estuviera encuadrada dentro de las Fuerzas Armadas. Terrible distorsión que produce la creencia mencionada, que al principio otorga entusiasmo al que la sostiene y que después termina por cansarlo. El Presidente está cansado.
Si como vimos esta creencia del presidente puede todo fue comedidamente acompañada por los otros Poderes. Esta disposición ya no tiene la misma consistencia.
El Poder Judicial se siente usado y es objeto de reclamos de parte del Ejecutivo. No entiende cómo si han avalado judicialmente definiciones polémicas de Calderón, éste les recrimina como si fueran sus empleados. Comulgar con la creencia empieza a hacerse insostenible por parte de los miembros de ése Poder. Un mensaje ejemplar ha sido la posición del Tribunal Electoral en atención a una queja interpuesta, en la cual se acusaba al presidente Calderón de violar la Constitución a resultas de las campañas electorales de este verano. El TEPJF dio trámite a la queja y concluyó que el Presidente Constitucional infringió la Constitución. Además, los magistrados aclararon que en un Estado Constitucional de Derecho, el poder constituido no puede estar por encima del Poder Constituyente. Y que la reforma que éste último hizo al modelo de comunicación política obliga a todos los servidores públicos, sin excepción. Por no tener una sanción explícita muchos desestiman el alcance de trascendental definición. Que uno de los Poderes formales, no la prensa o los medios de comunicación, no la academia, algún sindicato o empresa, consigne que el Presidente violó la Constitución es de una significación tremenda. La defensa de la legalidad que hace la autoridad presidencial se devalúa. El Presidente está devaluado.
Los legisladores priístas y sus aliados en las Cámaras resienten los reproches y ataques que provienen del presidente Calderón. No aceptan ese trato porque le han concedido los recursos legales y presupuestales que les ha solicitado el Ejecutivo, por no mencionar el quórum de su toma de posesión.. Por eso en las plenarias de diputados y senadores, ocurridas en Ixtapan de la Sal y Acapulco respectivamente, han ofrecido alejarse del sí señor presidente al que han estado acostumbrados durante décadas. Por tal motivo, el Presidente está enojado.
Bueno, este es el contexto político institucional en el que se dio el ataque criminal a migrantes que pasaron por territorio mexicano con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Y no hay fecha para dar por terminado el derramamiento de sangre, pues el actual responsable de las instituciones nacionales quiere heredar esta sangría a su sucesor. Mientras tanto, tres recomendaciones dejan esta humilde redacción:
Presidente Calderón, no se canse, mejore la estrategia reconociendo lo que ha fallado.
Presidente Calderón, no se devalúe, proponga una iniciativa de sanciones en contra de la autoridad de cualquier nivel que viole la Constitución.
Presidente Calderón, no se enoje, acuerde con los priístas –sin excluir a la ciudadanía- el cambio de régimen.
