Para conmocionar a un país, breve
cronología de una primavera hedionda. Demos por fecha de inicio el 27 de marzo:
la detención del fiscal de Nayarit, cruzando la frontera para llegar a San
Diego, California. El principal cargo que le hacen las autoridades del otro
lado a Edgar Veytia: narcotráfico; el nueve de abril es detenido en Florencia,
Italia, el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington. Sobre él se adjudican vínculos
con la delincuencia organizada; el sábado 15 de abril, de nuevo con el auxilio
de la Interpol, es capturado en Guatemala el exgobernador de Veracruz Javier
Duarte. Entre otros delitos se le acusa del saqueo de recursos públicos; sin
proceso firme en contra, a esta lista se une Emilio Lozoya Austin, quien
todavía en febrero del año pasado era director general de PEMEX. A él se le
vincula con la cadena de sobornos operados por la empresa brasileña Odebrecht
para obtener contratos de la empresa petrolera mexicana. Así lo consigna la
revista Veja el 11 de abril desde
Brasil. Para que todo el mundo se entere.
Poco o demasiado, es suficiente
para exhibir el mal uso de los cargos públicos. Es de preguntarse ¿Cómo es que en este puñado de servidores públicos se llegaron a depositar altas
responsabilidades? Sólo en un Estado dañado puede ocurrir, donde la ley es
fachada, desde la legislación de instituciones electorales hasta las de control
hacendario. No hay filtro que funcione o son las trampas dentro de la ley.
En alusión, el consuelo que
ofrece Enrique Peña Nieto a sus gobernados es para salir al paso: “estas
detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado Mexicano contra la
impunidad.” De veraz hay firmeza y contundencia en el mensaje. El presidente se
queda corto, sin abundar o detallar sobre un mal conductual en el servicio
público, no completa el significado de lo que la ciudadanía espera de acciones
firmes y contundentes. Lejos de generar confianza el mensaje presidencial
alimenta las suspicacias. Peña Nieto es observado inquisitivamente por sus
gobernados.
Y el remedio está en veremos, el
incierto Sistema Nacional Anticorrupción. Sin alcanzar a desodorizar, el 4 de
abril recién se instaló el comité coordinador del “Sistema”. Meses antes, en
enero, se había designado el primer comité de participación ciudadana del
rimbombante sistema. El decreto de creación del SNA es una cosa, en los hechos,
el sistema está en proceso de construcción de su aparataje. Otra vez en la
salida ¿circular? de los entes autónomos que ni previenen ni corrigen, para que
todo siga igual o peor.
