Los intentos por archivar en el olvido el expediente del infanticidio múltiple ocurrido el 5 de junio del año pasado, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no se han consumado. Uno de los pilares del gobierno mexicano, el Poder Judicial, llevará al pleno el informe de dos magistrados encargados de investigar el caso.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon fueron encargados de llevar a cabo la investigación, conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución. El propósito es el de conocer la verdad para que no haya impunidad y se haga justicia. Indagar si ocurrió violación grave de las garantías individuales, así como analizar el cumplimiento del sistema de guarderías público.
Investigación innecesaria si los Ejecutivos involucrados se plegaran a los ordenamientos de ley sin atenerse a subterfugios legaloides. Si las cosas funcionaran como están dispuestas la Corte se ocuparía de otros asuntos. Por eso se cuestiona, para qué quieren otra reforma política, para qué se habla de la reforma del Estado, si falta la voluntad política, el convencimiento de los poderosos de someterse a la ley. Ante la impunidad la ley ha tenido una presencia insuficiente, de eficacia no demostrada.
Pues bien, el informe ha concluido sin que ello implique forzosamente un dictamen condenatorio de hechos punibles. Para ser breves, los magistrados investigadores encontraron un desorden generalizado en las guarderías del IMSS. Desorden que inicia desde la falta de fundamento legal del IMSS para otorgar a terceros el servicio de guarderías. ¿Y? Nada.
Lo que no está claro es porqué queda fuera del informe la parte corresponsable en la operación de las guarderías o lo que es lo mismo, los dueños. Son las personas que no aparecen en la lista, tal vez porque el enfoque del informe se hace hacía las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero una investigación completa no se puede conformar con la aseveración de que sólo el .03% de las guarderías subrogadas por el IMSS cumplen con las disposiciones normativas para su funcionamiento.
Es notorio que para los dueños, el negocio de las guarderías se abrió como un “área de oportunidad” en la medida que contaron con el “incentivo” de no cumplir la norma, al tiempo que se les ofrecía tácitamente la posibilidad de no ser sancionados al estar cubiertos por redes de ligas familiares o de amistad. Los dueños no tenían el mínimo interés por el cuidado de las criaturas, sólo querían hacer dinero apalancados por la vista gorda y la anuencia de las autoridades. Se sentían tan seguros que ni se preocuparon por buscar el inmueble adecuado para la guardería y se limitaron a mal acondicionar parte de una bodega.
Que no se olvide la Corte de las responsabilidades de los dueños, aunque se afecte la mitología que se nos ha vendido en los últimos lustros acerca de la cornucopia que ofrece la iniciativa privada, tan nefasta como aquella que se cebaba en el ogro filantrópico.
Será acaso la impunidad el rostro de la “democracia tonta” en la que florecen los gobernantes abusivos y traicioneros, que no tienen palabra. Será por eso que es en la ficción donde se recrea la justicia que es inasible en la realidad Guardería ABC, a juicio popular.
La reforma política se ha convertido en la carta presidencial para transitar el segundo tramo de un sexenio de expectativas rotas. Desempeño mediocre que lleva a la baja la confianza en el ejercicio de Felipe Calderón. La generación de empleo quedó triturada por una crisis económica que no se reconoció desde el principio. La guerra contra el crimen organizado ha extendido el territorio de la inseguridad, recuperar espacios bajo el dominio de delincuentes es otra expectativa sin realizar. Después de las elecciones del cinco de julio pasado se replanteó el orden de prioridades, el combate a la pobreza pasó a tomar el primer lugar en la agenda presidencial. No trascurrió mucho tiempo para que el orden propuesto se modificará para poner la reforma política como la prioridad máxima.
¿Realmente se necesita una reforma política? Una más. O lo que realmente se requiere es la obligación irrenunciable de la clase política de cumplir sus compromisos con la ciudadanía. Para eso no se necesita una reforma política sino la aplicación de la ley, pero como la ley está sujeta a la discrecionalidad de los políticos poco se puede esperar de la reforma. Se tienen tres proyectos. El de Calderón que tiende a reforzar al Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Como no ha podido realizar sus propuestas varias de reformas como él quiere, ahora demanda a los legisladores le obsequien mayor subordinación. La impericia propia no quedará superada con el acto legislativo que se propone. Por otra parte, la eventualidad de que en el 2012 se diera el caso de que el presidente electo contara con mayoría legislativa, esta reforma aplastaría a la oposición en el Congreso frente a un Ejecutivo fortalecido, se volvería al punto en el que la oposición institucional tenía un valor ornamental y de total nulidad deliberativa.
Las tres reformas ponen en centro de sus consideraciones a la ciudadanía, dicen fortalecerla. Lo que se dice en la exposición de motivos está por demostrase, incluso en la propuesta de la fracción parlamentaria de los senadores del PRI, que hace un uso intensivo de las propuestas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo que podemos tener claro de todas las reformas puestas en práctica en las últimas décadas es que se trata de regular o modular la negociación interelitista en beneficio de las grandes empresas, en detrimento de los derechos sociales y siempre a nombre de la ciudadanía. Por dar un ejemplo, la reforma al Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria que de ella derivó (1991) fantaseó con el idilio entre los núcleos agrarios y los dueños del capital, del cual saldría el buen entendimiento para impulsar la producción de alimentos y la mejora de la calidad de vida de los campesinos. En los hechos tenemos el abandono de las parcelas, la emigración a los Estados Unidos y, en el peor de los casos, la formación de la base social del crimen organizado. No estaría mal que el mismo Instituto citado, hiciera un análisis de contraste entre la exposición de motivos de las distintas reformas que se han dado y las consecuencias observables de su aplicación. Para el caso del campo la preocupación es tal, que los mismos senadores priístas han elaborado una propuesta que saque de la postración al ejidatario Impulsa el PRI en el Senado ley para el desarrollo de la economía campesina.
La cuestión de fondo para la ciudadanía es anular la impunidad de los poderosos, preservar libertades y acceder a un orden de justicia y bienestar, una democracia ampliada más allá de lo electoral y de los partidos. Casi tan sencillo como que los candidatos cumplan lo que prometen. Una experiencia que valdría reconsiderar son los compromisos notariados que firmó Enrique Peña Nieto durante su campaña para gobernador del Estado de México ¿Cómo pueden hacerle los ciudadanos para que los candidatos cumplan? Darnos cuenta del grado de cumplimiento podría estimarse si en este momento se tuviera a la mano los compromisos notariados que hizo Peña Nieto en Valle de Chalco y exhibirlos a la luz de lo que padecen hoy sus pobladores. Dicho ejercicio serviría para encumbrarlo o para hundirlo, pero sobretodo, para demostrar la utilidad de la palabra empeñada con un alcance mayor al de una estratagema electoral.
Y vale preguntarse: ¿Para qué una reforma política si los más obligados, la clase política, encuentran medios para burlarla?
