miércoles, 28 de septiembre de 2011

La jodidez



Exponer rigurosamente la situación de pobreza que vive la población exige competencia técnica, ofrecer cifras, hacer clasificaciones. Se nos pasa exponer estados de ánimo (depresión, resentimiento) respuestas conductuales (pasividad, pendencia) y, en la parte gráfica, mostrar rostros.

En un ejercicio libre hablemos de la “jodidez”, más allá de los indicadores de la pobreza. Es decir, de la condición de estar “jodido”, que en el mundo de quienes nos comunicamos con el idioma español se entiende como “maltratado”, “dañado”, “fregado”, “maltrecho”, “enfermo”, “pobre”,  “en mala situación económica”. Para superar esta condición se establecen políticas públicas (la social, la de educación, salud) que se caracterizan por atender ese propósito. Pero existe una política, asumida implícita y dogmáticamente como de Estado por algunos gobernantes: la política económica (de libre mercado, fiscal y financiera) Los lineamientos de dicha política, por su parte, se han encargado de mantener y extender la condición de los “jodidos”.

Existe una “jodidez” simple, medible de acuerdo al ingreso de las familias, catalogada como pobreza extrema, alimentaria y patrimonial. También existe una “jodidez” ampliada, no necesariamente incluida en los informes de las instituciones que por obligación o voluntad tienen la tarea de hacer las mediciones de los índices de pobreza, pues las restricciones del ingreso se extienden a la calidad de bienes que nos permite acceder.

Esto es, no solamente son insuficientes los ingresos para dedicarlos a la alimentación, también se está “jodido” si se gasta en comida de mala calidad que a la larga te producirá problemas de salud o se mal gasta en alcohol y cigarrillos. Estás en desventaja si no tienes acceso a la educación básica, pero también si no continuas tus estudios porque la educación gratuita ya no se te proporciona. Incluso estás “jodido” si concluidos los estudios de posgrado no hay modo de desarrollarte profesionalmente.  Te jode la falta de servicios de salud, pero también te maltrata  una supuesta universalidad del servicio de salud público que es insuficiente.  Te friega ser víctima de tus propios familiares, como te jode la violencia de la delincuencia o la práctica fraudulenta de ciertas empresas privadas.

Otra perspectiva de la “jodidez” se da cuando la confabulación de poderes del Estado, encargados de protegerte y velar por tu bienestar, se destaca por dañarte. En las últimas horas, la Suprema Corte de la Nación ha suprimido los derechos reproductivos de las mexicanas en una votación dividida de sus ministros.  A instancias de controversias de inconstitucionalidad presentada en contra de los legislativos de Baja california y San Luis Potosí, se repuso el debate sobre la interrupción del embarazo (Determinación nefasta dictada bajo la presión del ejecutivo federal, con el apoyo de su partido y en alianza con la iglesia católica. El silencio del PRI y el PRD ha sido vergonzoso. La derecha se impuso si resistencia de parte de sus adversarios)

Como nunca, la ausencia de condiciones de vida con dignidad hace más fuerte y universal la aspiración al bienestar.

¡ESTAMOS JODIDOS MEXICANOS!

lunes, 26 de septiembre de 2011

¿Qué hacer con la corrupción?


Sé que los temas de la sucesión presidencial y de la violencia del crimen organizado en México acaparan la información proporcionada en los medios. Pero hay que escribir de otras cosas que también son de interés.
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Al concluir el gobierno de quien se denominó el último presidente de la revolución mexicana –José López Portillo- construir un esquema eficaz y eficiente de fiscalización del uso de los recursos públicos gubernamentales ha sido una tarea inacabada, incompleta, insatisfactoria, sin resultados contundentes y de procedimientos perdurables. Desde 1983, bajo la consigna de la “renovación moral de la sociedad”, que en realidad debió referirse a la renovación moral del servicio público, se instituyó la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), se creó burocracia para darle vida a elefantes blancos. Con dificultades esa dependencia duró una década con más pena que gloria. Para 1995 ya se tenía la dependencia de reemplazo, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) Tampoco sirvió para maldita la cosa. Con el cambio de siglo y la alternancia de manos partidista en el gobierno federal, acordarse de la oferta pintoresca de acabar las tepocatas y las víboras prietas, no se dio el giro prometido. La SECODAM fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la corrupción tomó nuevos bríos. Tan potente ha sido el fortalecimiento de la corrupción, que si uno viaja al extranjero la primera asociación informativa que tienen de México es la corrupción. Es cierto que con el cambio de siglo entró en operación la Auditoría Superior de la Federación como aparato fiscalizador del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, pero su margen de acción es limitado. A lo más que llega la ASF es a dar pie a un escándalo en los periódicos: no pasa nada. Hay otra institución secular, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) Un organismo autónomo que ha tenido que batallar con las reticencias de las oficinas de gobierno que se escudan en la reserva confidencial de la información pública y en el ejercicio de simulación que representan los portales gubernamentales. Dependencias y unidades responsables se las ingenian para no disponer de manera ágil y directa la información que la ley les obliga poner a disposición del público. Al final del día los portales oficiales que aparecen en la red desprecian la rendición de cuentas y terminan como un mecanismo de propaganda del gobierno. A veces ni para aplicar solicitudes de servicios sirven (Por ejemplo, sacar una cita para ser atendido por una clínica del ISSSTE es imposible, atender la renovación de la tarjeta de circulación vehicular en la Ciudad de México lo mismo)

Total, la rendición de cuentas es una deuda que tiene la clase política y los altos funcionarios con los ciudadanos y la sociedad en general. Si los políticos quieren llegar a una reconciliación con sus gobernados tienen que hacer efectivo y verdadero el combate a la corrupción. El actual esquema está dispuesto para proteger a los incondicionales y/o para fraguar venganzas políticas. Es una broma de mal gusto.

La sociedad no tiene que esperar a las próximas elecciones federales para modelar un cambio que incida sobre la rendición de cuentas, independientemente de quien sea elegido presidente y quienes sean elegidos legisladores. Tiene que proponer las condiciones bajo las cuales se reducirán los actos de corrupción, indagar los estándares de cero tolerancia a la corrupción que operan en otros países. Exigir a quienes fungieron como secretarios de despacho de la contraloría gubernamental, también a quien actualmente funge, para que den pelos y señales de por qué no han funcionado los aparatos públicos encargados de atajar la corrupción. De esta manera, el rendimiento de los recursos públicos sí que nos cambiaría la vida ¿A poco no?

Hay que ponerle la mesa al próximo gobierno.


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