Dentro de las veinte necesidades
del alma, Simone Weil (1909-1943) incluyó la libertad de opinión y la verdad.
Estas dos necesidades se encuentran presentes en el ciclo de la vida humana,
como personas y como sociedad. La Consulta Popular del primero de agosto de
2021 atendió de manera directa a estas dos necesidades: el ciudadano expresó su
opinión y exigió la verdad sobre actos de funcionarios públicos. Quien declare
que la Consulta es una perversión sólo demuestra que es un desalmado o un
enfermo del alma.
En otra entrega me referiré, si
encuentro vena, a la Consulta. Por lo pronto, quiero llamar su atención al acto
de recepción de las noticias, que también están relacionados con las necesidades
apuntadas arriba. La libertad de opinión y la verdad humanizan.
Encontrar la guía para leer
noticias es difícil. La dificultad, de principio, es el hecho de que cada pieza
periodística selecciona información y en esa criba una parte se queda en el
tintero. En dicha selección influyen preferencias ideológicas, política
editorial y hasta asuntos de financiación o monetización. Aquí mismo, en este
párrafo estoy haciendo selección y criba; el lector de noticias, por su parte,
llega a la conclusión de que no todo está dicho y busca otras fuentes para
contrastar y formar su propia opinión. Eso si se es mínimamente exigente. Las
más de las veces, la audiencia también hace su selección y criba, se acomoda
con el medio que mejor refleja sus convicciones o prejuicios.
Frente a esta praxis, el
ejercicio semanal de réplica, “el quién es quién en las mentiras” que se hace
desde la mañanera presidencial, es una novedad de comunicación por
perfeccionar. Esto lo sugieren las dos últimas emisiones, donde el columnista y
youtubero Julio Hernández López fue cliente. El motivo, proponer la semejanza
entre el gobierno de Fox y de AMLO, para enseguida plantear arreglos oscuros
entre un desarrollador inmobiliario y la Semarnat.
Me quedó claro que Julio
Hernández manejó medias verdades para sustentar sus dichos. También me quedó
claro que ni la secretaria de Medio Ambiente, ni la encargada de desvelar las
noticias falsas fueron esclarecedoras, exponiendo más bien bajo pánico escénico
(lo cual no es falta, ni prueba de culpa). El presidente tomó turno al bat para
conectar a una pelota ensalivada. Así despejó: el decreto de Área Natural
Protegida de la Sierra de San Miguelito -centro de la noticia controvertida- va
y no lo detienen intereses inmobiliarios.
De dónde sacó el periodista sus
conclusiones temerarias. Ni más ni menos que de la realidad. El proyecto
inmobiliario como tal existe, aunque no es todavía un desarrollo realizado con
cemento, ladrillo y varilla; el oficio signado por un burócrata existe, está dirigido
al comisariado de los Bienes Comunales, supongo que es la respuesta a una
solicitud. Se pasa de lado el hecho de que la elaboración del decreto de
declaratoria de ANP está en curso y lleva sus pasos, los que finalmente llegarán
al asesor jurídico de la presidencia para ponerla a consideración del
presidente.
Mientras tanto, la pieza
periodística no se detiene a averiguar el cambio de uso del suelo, si se han
emitido licencias de construcción, recabar información no sólo de la
Procuraduría Agraria, también del Registro Agrario Nacional.
La atención a las circunstancias del despojo de tierras, urbanas y rurales, no ha tocado fondo. El tema de ningún modo es baladí, es un problema de muchos mexicanos cuyo patrimonio es amenazado por el manejo inescrupuloso de las inmobiliarias que se sirven de autorizaciones municipales, notarios, jueces y hasta de oficinas federales. Hay que recordarlo, hasta en el mismo gobierno hay opositores a la 4T.
