viernes, 3 de junio de 2011

Felipe el atroz



A casi un mes de que la marcha por la paz con justicia y dignidad recorriera las calles de la ciudad de México. Marcha conducida por Javier Sicilia (08/05/2011) y en la cual se solicitó a Felipe Calderón la renuncia de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como un gesto de entendimiento hacia una reconsideración de la actual estrategia federal en contra del crimen organizado. Al día siguiente de que la ONU declarara como un fracaso la lucha global en contra del narcotráfico. Precisamente el 2 de junio, mediante decreto, se estableció el Día del Policía y de manera inmediata se realizó una ceremonia de alabanza a la Policía Federal Preventiva.

Fue la fecha que Calderón dispuso para enaltecer a García Luna y reconocer al cuerpo policíaco a su mando. El gabinete de seguridad, gobernadores, diplomáticos y algunos legisladores fueron testigos del elogio que inicio dirigiéndose al homenajeado: “Señor Ingeniero Genaro García Luna”. Para que no hubiera duda. Sin la presencia oficial del Poder Judicial y el Poder Legislativo, el Presidente se inclinó discursivamente ante su empleado y así plantar, de manera inequívoca, su respuesta a cierto sector de la ciudadanía y de expertos de la ONU que exigen cambiar la estrategia gubernamental.

De la exaltada verborrea, en los medios impresos quedó grabado un disparate monumental de Felipe, quien se expresó del deber y  la labor de la policía federal como “un verdadero sacerdocio cívico”. Ante la desmesura, los medios azorados repitieron la expresión sin comprender o entender lo que se quiso decir al no encontrar vinculación o referencia entre el ejercicio del sacerdocio y las prendas cívicas, pues no hay proporción para llegar a concluir una expresión coherente  de lo que es sacerdocio cívico. Un disparate que hizo recordar otro igual de inconmensurable y que más o menos decía así: “no somos de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario”

Dirigiéndose a servidores públicos, a los policías, los emparentó con los sacerdotes, tal vez por el embeleso que tiene Calderón con la teocracia. Sin discernir que en un Estado Laico los sacerdotes se autoconfinan en una sociedad aparte o corporación, pero regulada por el Estado, con sus propios rituales y tabúes. El adjetivo cívico tampoco se entendió, pues la policía como tal, pertenece a la sociedad política que es lo opuesto a la sociedad civil.

Un desajuste grave está ocurriendo en la sique presidencial. Desajuste que lleva a negar la realidad –en este caso al interlocutor que piensa distinto-  y para evadirse de una racionalidad empática hacia aquellos que no piensan igual, prefiere proferir disparates para después poder sentenciar: soy un incomprendido.

miércoles, 1 de junio de 2011

La ilegalidad y la impunidad los hace iguales


El principal defecto del diseño bajo el cual se emplazó la actual estrategia gubernamental en contra del crimen organizado es que no consideró como premisa inconmovible la legalidad de la actuación de las fuerzas del orden, en consecuencia, la impunidad se hizo marca de la acción de la autoridad en contra de los delincuentes (Muy parecido el proceder al que tiene el gobierno de los Estados Unidos en contra de los países que considera mantener sometidos por la fuerza) 


Bajo el principio homeopático de que lo semejante combate lo semejante, el gobierno federal cruzó los límites que lo separaban de la delincuencia, ilegalidad e impunidad se hicieron divisa para quienes tienen como principal obligación cumplir con la ley.

Esa conclusión sugiere, pero no lo afirma, el artículo de Denise Maerker ¿Por qué nos miente el Ejército?http://www.eluniversal.com.mx/columnas/89908.html La pregunta se queda en la superficie y pareciera sólo tener el propósito de fijar la conseja de que las Fuerzas Armadas son mentirosas. Esa es la parte superficial, moralina, del texto citado.

El artículo se propone dejar en calidad de mentiroso al Ejército Mexicano, en un nivel de chismorreo o charla de lavadero. La construcción de esta calificación es simplona. Compara los comunicados de Sedena en su página de internet, donde se relatan las acciones del Ejército en contra de la delincuencia organizada, y la contrasta con una solicitud de información hecha a la misma dependencia a través del IFAI. De esa confronta se resuelve el horror de que una cosa se dice en los comunicados surtidos por medio de internet y, otra distinta, se respondió oficialmente a la solicitud de información. En un medio se reportan menos muertos y en la comunicación al ciudadano se da otra cifra para el mismo periodo de julio de 2010 a enero de 2011. Inferir de esa comparación que el Ejército es mentiroso es una bobería frente a la realidad que emerge de ese peloteo de cifras que tanto le gusta a la fauna nociva de los tecnócratas.

El fondo del artículo es lo interesante y no se informa ¿Cuántos de los operativos militares tienen el respaldo de una orden judicial? Si no es así ¿Cuántos de esos operativos dieron inicio a un procedimiento mediante el levantamiento de un acta ministerial? El Ejército no puede operar al margen de la ley a menos de que se quiera cebarlo en la impunidad. Ese, por cierto, es el reclamo de la sociedad civil de acuerdo con uno de sus voceros, Javier Sicilia.

Si se quiere hacer un juicio severo sobre el Ejército Mexicano este tiene que pasar por el juicio severo a su Comandante Supremo, Felipe Calderón y su doctrina del “haiga sido como haiga sido”.
   

lunes, 30 de mayo de 2011

Electorero



La negativa del gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una decisión política. Negar la entrada de Telmex al negocio de la televisión de paga, como se anunció el sábado pasado, muestra toda la truculencia de un gobierno que no supo ser gobierno, de gobernantes desinteresados en gobernar pero dispuestos a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Jurídicamente el gobierno tenía elementos para abrir ese tipo de concesión a Telmex, el asunto estaba en el cómo, en la letra que comprometiera a la empresa de Carlos Slim a hacer buen uso del servicio concesionado. Se prefirió poner al hombre más rico del mundo contra la pared.

La justificación económica tampoco se sostiene, la decisión no va a mejorar las tarifas a favor de los usuarios de las telecomunicaciones, tampoco garantiza un mejor servicio. De lo que se trata es sencillamente el aseguramiento del respaldo mediático del duopolio televisivo –Televisa y TV Azteca- al gobierno y su partido, al candidato presidencial que se disponga designar, sea quien sea. Fue una decisión electorera para mantener noche y día la imagen de un gobernante y un partido en detrimento de sus opositores políticos. No en balde el jueves pasado se dio la reunión en Los Pinos con los promotores de la Iniciativa México, el calor recíproco que se brindaron Emilio Azcárraga Jean y Felipe Calderón fue más que elocuente.

Fue un golpe, no se trató de un conjunto de acciones encaminadas a obtener mejores tarifas y servicios. Se afectó a uno para favorecer a unos cuantos, anulando a un competidor en el servicio de televisión de paga y retribuyendo las ganancias de los competidores de telefonía móvil al fijar una tarifa de interconexión a las costillas de Carlos Slim.

En uno de sus recientes paseos, de Felipe Calderón, en la ciudad de Nueva York afirmó que la autoridad está obligada a poner límites al mercado, lo decía de manera explícita para dirigirse al gigante de las telecomunicaciones, Telmex. Si realmente fuera una convicción de Calderón, la decisión comentada debió acompañarse de la imposición de tarifas tope a los servicios de telecomunicaciones, muy por debajo de cómo están en la actualidad, para que de esta manera la competencia se basara en la calidad de los servicios y no como se sigue haciendo, operando una verdadera extorsión de los consumidores. Y vaya que saben de esas prácticas empresas como Cablevisión o Unefon, por mencionar de las que más se quejan.

La decisión presidencial incide en los procesos electorales en curso y por venir, una operación semejante al arreglo que pactó Televisa con Vicente Fox para modificar el reglamento de Radio y Televisión. Los partidos opositores han quedado dañados en sus posibilidades de difusión frente a la apabullante propaganda oficial que se maximiza con el regalo a ciertos grupos empresariales. La decisión presidencial también afecta al empresariado, pues los obliga a sumarse como aliados incondicionales del gobierno para no ser tomados como enemigos. Les impone temor a los empresarios al tiempo que los incentiva a reclamar beneficios similares para empresas de otros sectores de la economía.

A la violencia del crimen organizado que se padece por gran parte del país, Felipe Calderón le ha agregado otros ingredientes de inestabilidad a los que se sumarán los reacomodos en el gabinete económico si Ernesto Cordero sale de Hacienda y Agustín Carstens sale de Banxico y se va a dirigir el Fondo Monetario Internacional.

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