Al sensacionalismo le gusta
ahogar a la audiencia en el suceso, prescindir del contexto y utilizar la nota
roja como arma arrojadiza, si se da el caso, en la controversia política. En el
extremo, el amarillismo sirve para obstruir la investigación de un crimen, como
el de José Francisco Ruiz Massieu (1994) o el de la niña Paulette (2005).
Después de treinta y seis horas
de la balacera ocurrida en el hasta entonces pacífico pueblo de San José de
Gracia, en Michoacán, el domingo veintisiete de febrero (2022), autoridades de
la SSPC informan. Con las reservas del caso, el subsecretario Ricardo Mejía
Berdeja ataja el caos desinformativo. Se trató del enfrentamiento entre dos
células del CJNG y sus respectivos cabecillas, ambos oriundos del mencionado
pueblo, delincuentes que recíprocamente se convirtieron en su peor enemigo. Se
presume que mandaron matar respectivamente a un hermano de cada uno. Queda
fijado el móvil de la venganza como principal hipótesis de investigación.
Lo extraño, los cuerpos de las
víctimas fueron levantados por sus agresores y no se sabe a dónde los llevaron
y para qué se los llevaron, ni cuántos son. En el proceso, los victimarios tuvieron
tiempo de echarle agua a la escena del crimen, no tenían prisa. Aquí hay una
coincidencia igual de extraña, ni el presidente ni la policía municipales
alertaron, conforme al manual de seguridad, a la fiscalía estatal y al gobierno
del estado de Michoacán, tampoco a las autoridades federales. Los criminales
tuvieron más de dos horas para realizar su acometida, la emboscada.
Enfrentamiento dentro de un mismo cártel.
Lo que ya no es extraño son las
ansias mediáticas por difundir imágenes sin esperar el acompañamiento de un
reporte de la autoridad pericial o investigadora. Y no es extraño porque el vínculo
entre los medios tradicionales y la autoridad federal ya no opera como antes,
el contubernio garantizado. La nota emblemática de esa relación prensa gobierno
fue el montaje del arresto de Florence Cassez e Israel Vallarta (2005)
realizado por Carlos Loret de Mola.
El contexto actual de depuración
del aparato de seguridad también ha alterado los patrones del crimen organizado,
los contactos entre crimen y autoridad federal se desvanecieron. La clausura
del CISEN y la creación de la Guardia Nacional desde el primer año de gobierno
de la cuarta transformación apuntan a la depuración señalada. Ya no son los
tiempos de una policía encargada de proteger sólo a los poderosos, capaz de
arreglarse con el crimen organizado. Si se asoman a las biografías cruzadas de los
ingenieros Genaro García Luna, Tomás Zerón de Lucio y Facundo Rosas Rosas, así
como de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García. De los cinco,
cuatro están bajo proceso y uno prófugo. Desde 1989 cuatro de ellos trabajaron
en labores de seguridad y su momento estelar fue durante el gobierno de Felipe
Calderón.
Todo lo expuesto sin perder de
vista la convocatoria de revocación de mandato el próximo 10 de abril, seis
gubernaturas en disputa en junio de este año y la sucesión rumbo al 2024.
