Ha empezado el año en la continuidad de dos guerras internas. La situación no es de la mayor comodidad para el país.
Una de las guerras fue disparada por la reforma constitucional en materia electoral. Una guerra librada entre los políticos y los empresarios, de manera más destacada, entre los líderes parlamentarios de las principales fuerzas políticas y los concesionarios de la radio la televisión. Es una reforma de doble fondo. Por un lado, es una reforma socialmente bienvenida en tanto aspira a dotar de mayor equidad a las contiendas electorales. También es una reforma, que vista como lucha por la redistribución del poder entre las élites, contiene la decisión de los políticos por recuperar el control político que les arrebataron los empresarios. En esta guerra, el presidente Felipe Calderón no ha tenido un papel protagónico, si bien se entiende un acuerdo de él con los partidos para impulsar la reforma del Estado, su perfil ha sido más bien misterioso. El Presidente ha preferido nadar de a muertito.
La otra guerra tiene años, es una herencia del siglo pasado y a la cual Felipe Calderón ha querido darle su sello propio al dotarla de una abierta declaración de guerra. Así le ha llamado desde el principio de su gestión: la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado por extensión. Una guerra con más de dos mil muertos en el 2007. Este año ha iniciado y la confrontación sigue acumulando cifras sangrientas. Baja California, Michoacán, Sinaloa y, sobre todo, Tamaulipas, han sido el campo de batalla elegido para los enfrentamientos. Lo sucedido en la Ciudad de Reynosa esta semana nos reporta auténticas escenas de guerra.
Por la violencia exhibida en estos días, se quisiera pensar que los miembros de los cárteles están desesperados y están echando su resto ante una efectiva acción del gobierno. Es un buen deseo, que de materializarse fraguaría los cimientos de la administración calderonista.
Pero que tal si no es así. Si la violencia desplegada no es un asunto que exclusivamente enfrenta a los narcos con las fuerzas de seguridad, sino al interior de esas mismas fuerzas coludidas con el narcotráfico. Una guerra que tiene ramificaciones no expuestas con la economía, la política y la sociedad. Una confrontación que, como afirmó el presidente en el inicio de su sexenio, costaría sangre, sin garantías de concluirla en este lapso de gestión. Y por el semblante de los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad el miércoles pasado, el plato de sangre será la sopa de todos días.
Y no hay que olvidarlo, si las élites política y económica se confrontan y dividen al país, las fracturas son aprovechadas por el crimen organizado. También se benefician otras naciones (Estados Unidos, España, China)
Mientras tanto, no se ve al portador del caduceo que instaure la paz.
Una de las guerras fue disparada por la reforma constitucional en materia electoral. Una guerra librada entre los políticos y los empresarios, de manera más destacada, entre los líderes parlamentarios de las principales fuerzas políticas y los concesionarios de la radio la televisión. Es una reforma de doble fondo. Por un lado, es una reforma socialmente bienvenida en tanto aspira a dotar de mayor equidad a las contiendas electorales. También es una reforma, que vista como lucha por la redistribución del poder entre las élites, contiene la decisión de los políticos por recuperar el control político que les arrebataron los empresarios. En esta guerra, el presidente Felipe Calderón no ha tenido un papel protagónico, si bien se entiende un acuerdo de él con los partidos para impulsar la reforma del Estado, su perfil ha sido más bien misterioso. El Presidente ha preferido nadar de a muertito.
La otra guerra tiene años, es una herencia del siglo pasado y a la cual Felipe Calderón ha querido darle su sello propio al dotarla de una abierta declaración de guerra. Así le ha llamado desde el principio de su gestión: la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado por extensión. Una guerra con más de dos mil muertos en el 2007. Este año ha iniciado y la confrontación sigue acumulando cifras sangrientas. Baja California, Michoacán, Sinaloa y, sobre todo, Tamaulipas, han sido el campo de batalla elegido para los enfrentamientos. Lo sucedido en la Ciudad de Reynosa esta semana nos reporta auténticas escenas de guerra.
Por la violencia exhibida en estos días, se quisiera pensar que los miembros de los cárteles están desesperados y están echando su resto ante una efectiva acción del gobierno. Es un buen deseo, que de materializarse fraguaría los cimientos de la administración calderonista.
Pero que tal si no es así. Si la violencia desplegada no es un asunto que exclusivamente enfrenta a los narcos con las fuerzas de seguridad, sino al interior de esas mismas fuerzas coludidas con el narcotráfico. Una guerra que tiene ramificaciones no expuestas con la economía, la política y la sociedad. Una confrontación que, como afirmó el presidente en el inicio de su sexenio, costaría sangre, sin garantías de concluirla en este lapso de gestión. Y por el semblante de los asistentes a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad el miércoles pasado, el plato de sangre será la sopa de todos días.
Y no hay que olvidarlo, si las élites política y económica se confrontan y dividen al país, las fracturas son aprovechadas por el crimen organizado. También se benefician otras naciones (Estados Unidos, España, China)
Mientras tanto, no se ve al portador del caduceo que instaure la paz.
