Rumbo al tercer informe de
gobierno, Enrique Peña Nieto no se cansa de ondear la bandera reformadora.
Bandera que comenzó a desgarrarse en junio del año pasado, con la ejecución de
supuestos narcotraficantes por parte de militares en Tlatlaya, Estado de
México; en septiembre vino el crimen de Iguala, Guerrero, los 43 desaparecidos
de la normal de Ayotzinapa; siguieron los escándalos inmobiliarios en octubre,
de la pareja presidencial y el secretario de Hacienda.
Los dos primeros casos son
expedientes abiertos, reveladores de la ausencia o ineficacia del Estado de
derecho. Las técnicas y tecnologías de investigación demuestran debilidad, al
grado de lo inútil, para resolver de manera incontrovertible los crímenes. Eso
sí, la mediatización y el manoseo de las investigaciones encarecen la justicia
expedita, la anulan.
Por lo que se refiere a los
haberes inmobiliarios cuestionados de las Lomas, Ixtapan y Malinalco, éstos han
dejado una impronta de desconfianza sobre la más alta autoridad de México. La
salida falsa de encomendar a la secretaría de la función pública, que de origen
no tenía competencia jurídica sobre el asunto y así lo dejó claro desde el
principio. La vía fiscal aplicable a los involucrados, incluida la constructora
HIGA, se supone tendría información más consolidada para detectar ingresos,
impuestos y capacidad adquisitiva. Seguir el esquema de la auditoría fiscal.
Pero no fue así, se tomó la ruta para alcanzar un resultado leguleyo que en
nada abonó a recuperar la confianza perdida ¿O sí?
Así las cosas, el déficit de
confianza está coincidiendo con un entorno económico enrarecido: depreciación
de la moneda, caída del precio del petróleo, especulación financiera, alineadas
para deprimir las expectativas de crecimiento económico del país. Las
condiciones de optimismo imperantes en el anterior informe de gobierno se han
evaporado. Se ha formado el círculo perverso menos estimado para el arranque de
las reformas: desconfianza, inseguridad y retracción de la inversión.
Lo hasta aquí expuesto se mezcla
con un modelo presidencial de presidencia debilitada. Debilitamiento jurídico-institucional
que redunda en el fortalecimiento de grandes empresas (lo que no significa
impulsar el conjunto de la economía), el fortalecimiento de los gobernadores y
su efecto en el deterioro de la seguridad.
Mayor muestra de debilitamiento
presidencial ha sido no imponer al frente del PRI a uno de sus cercanos. Por
más que se le quiera maquillar y acotar, la llegada de Manlio Fabio Beltrones
representa la agregación de grupos distintos al de Atlacomulco y anexas,
impactando en personajes como Emilio Chuayffet, Osorio Chong, Luis Videgaray.
La cuestión es qué tanto el nuevo dirigente del PRI asumirá el papel de encargado
del Presidente o será dirigente con la confianza plena para decidir. Le tienen o no confianza.
Eso está por verse.
