En menos de un día se pusieron
las cartas de entendimiento entre el nuevo gobierno del estado de Guerrero y el
gobierno federal.
El boletín de la secretaría de
gobernación afirmaba: “El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
y el Gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunciaron hoy
aquí el inicio del reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en la entidad,
con lo cual se atiende la instrucción directa del Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.”
El recién jurado gobernador
posteaba en su cuenta de Facebook: “Buenos días, agradezco al C. Presidente
Enrique Peña Nieto todo su apoyo mostrado con la visita del gabinete de
seguridad y su disposición al trabajo desde el inicio de nuestra gestión; los
guerrerenses reconocemos el respaldo brindado para recuperar la paz; Guerrero
nos necesita a tod@s.”
No es para menos, La Jornada informó el día 29 de
octubre: “Durante 2014 y los primeros nueve meses de este año, en Guerrero han
sido asesinadas 3 mil personas en hechos vinculados a la situación de
inseguridad, violencia y acción del crimen organizado.
“Esta entidad preserva la tasa de
asesinatos intencionales más alta del país. A escala nacional el indicador
parcial (enero-septiembre) es de 10.45 casos por cada 100 mil habitantes, y en
la mencionada entidad es de 41.59”
La mañana del 27 de octubre, en
Chilpancingo, asumió la responsabilidad de gobernador constitucional del estado
de Guerrero, ante el Congreso local, Héctor Astudillo. Por la tarde, en el
puerto de Acapulco, se apersonó el gabinete de seguridad del gobierno federal,
para instruir responsabilidades en materia de seguridad en ése estado al Gral. Alejandro
Saavedra Hernández. En cuestión de horas Astudillo asumió y se convirtió en
pieza decorativa, para cubrir formalidades. Otra vez, sin aprender del pasado,
se pone a los militares como el factótum de un estado ingobernable.
Por qué no se declara el estado
de excepción mediante el procedimiento respectivo. Guerrero, de instituciones
demolidas, donde a sus políticos el asesinato les resulta un medio para
resolver diferencias sin lugar a asombro. Cuando menos el flamante gobernador
debería declarar que pese a la necesaria ayuda del gobierno federal, el principal
responsable de las decisiones políticas en Guerrero es su gobierno estatal y
asume las consecuencias a plenitud. Así, para que luego no se enreden o será
que Astudillo quiere estar como Fausto Vallejo en Michoacán.
La ingobernabilidad se da en
varios frentes, el más ancestral, el de los cacicazgos. Señalar quiénes son y
en qué municipios y regiones operan, cómo se les va a someter; está el frente
más sangriento, el de los cárteles del crimen organizado; en Guerrero residen
grupos armados; en Guerrero se “institucionalizaron” las autodefensas; se hizo
del magisterio un ejército para intervenir en procesos electorales. Todo esto
se hizo estructura funcional para el crimen organizado en lugares como
Acapulco. Este desmantelamiento de las instituciones finalmente estalló en
Iguala.
Se dispone otra vez del Ejército
para arreglar lo que otros descompusieron, se le deja la manzana envenenada. A
Héctor Astudillo tal vez le convenga en una confianza cínica hacer el papel de
pieza decorativa. Pero el Ejército, como institución, de qué le sirve actuar
sobre lo que no tiene norma cierta e instructiva, más allá de la ambigüedad de
acatar el cumplimiento de las órdenes dadas por la superioridad.
Por lo menos se debería dejar en
blanco y negro la delimitación de responsabilidades, los medios y los
objetivos, las metas y los plazos, para empezar. De no ser así, sólo se
prolongará la arraigada cadena de arbitrariedad que aflige a los guerrerenses,
sin cadena de oración que interceda por ellos.
