El informe sobre la situación de
derechos humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, divulgado recién en este mes de marzo, hizo que de inmediato
el gobierno mexicano respondiera descalificando el informe en dos niveles: la
CIDH no reiteró –repitió- la información
proporcionada por el gobierno; al tiempo, el mismo gobierno se molestó,
académico que es, por la metodología utilizada para el informe.
En verdad ¿Qué esperaba el
gobierno de México? Acaso que la Comisión cuestionada repitiera a pie juntillas
la información que le proporcionaron. Pues serían muy estúpidos. A ellos se les
encargó un informe que mirara con otros ojos la situación de los derechos
humanos. Recibieron la información, la seleccionaron, la correlacionaron hasta
en sus omisiones, hicieron trabajo de campo (por definición focalizado) para
concluir la crisis de derechos humanos que se vive en México debido a la
impunidad imperante. La verdad, no era necesario recurrir a la CIDH para llegar
a esa conclusión.
Pero el gobierno esperaba un
informe como trasliteración de los informes proporcionados. Acaso una encuesta
que desenfocara la desgracia que viven cientos de familias por sus hijos
muertos o desaparecidos, los cuales al día de hoy muchos se encuentran desamparados
por la acción ineficaz del Estado.
Lo que no quiere ver el gobierno
es que el tema de los derechos humanos no se supera haciendo cuentas y cuentos.
Es aberrante anualizar el tema como cifra macroeconómica. Las violaciones a los
derechos humanos tienen que valorarse a la luz de su correlato: la impunidad.
El efecto es acumulativo mientras no se sancione a los impunes. Pero así no lo
entiende la PGR, la Segob y la SRE. Las instituciones piden aplausos porque han
hecho cambios legales, elaborado protocolos, en fin, las reformas estructurales
redimen la impunidad.
Ante el informe de la CIDH hay
una línea gubernamental firme en lo defensivo. Se confirma con la entrevista
realizada por El Universal al mismo
presidente Peña Nieto: “México no ha dejado de reconocer que hay retos en esta
materia. Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que el gobierno ha tomado
acciones y decisiones para sumir un compromiso serio en este tema.
“De eso no hemos escuchado mucho.
A veces recogemos más señalamientos y poco reconocimiento a lo avanzado.” Faltó
agregar, ya sé que no aplauden.
Una vez más, el gobierno se asume
como incomprendido, incluso se ve culpabilizado por señalamientos respecto a
los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Tan fácil enfrentar y derribar esos
señalamientos, si quisiera. Al momento de la serie de sucesos desencadenados en
Iguala el 26 de septiembre de 2014: ¿El Presidente dispuso de información en
tiempo real?; A los días siguientes, cuando declaró que era un asunto local
¿Tenía la información cierta de que así era?; Lo cierto es que la PGR, en su
informe, concluyó que se trataba de crimen organizado, un asunto federal.
Al Presidente lo desinforman o
manipula la información. Cualquiera de las hipótesis es un desastre. El
Presidente es ya rehén de quien despacha en el Palacio Covián o de quien lo
hace desde el Palacio Nacional.
Esa capacidad fatal para negar la
realidad.
