Paradoja ruina

Deliberadamente, el proceso de democratización de México ha sido entendido, asumido, como un proceso de despresidencialización. El acotamiento de la Presidencia, la pérdida de resortes, ha urgido la construcción de instituciones autónomas, no subordinadas al Poder Ejecutivo. Las más reconocidas o publicitadas son el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral. En el proceso, resortes autoritarios han cobrado fuerza en los gobiernos de los estados, donde ha ganado espacio la discrecionalidad y la rendición de cuentas es casi inexistente, reducida a formalidades.

Se ha conformado una institución presidencial hueca a la que sólo por atavismo en el imaginario se le siguen atribuyendo poderes omnímodos. Felipe Calderón y su partido, Acción Nacional, propugnaron durante su pasado opositor por la reducción del presidencialismo y ahora se interesan en preservarlo y, de acuerdo con las propuestas panistas sobre la reforma del Estado, fortalecerlo. Por eso es chusco ver, que quien arruinó se entristezca con la ruina y sienta nostalgia por lo arruinado.

Este cinco de febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, se dio la oportunidad para fotografiar el estado actual de la ruina de la institución presidencial. Lo que ayer era un día más del Presidente, quien convocaba a la reunión de la República, ahora no anima ocho columnas, ni merece comentario crítico (salvo el de Raúl Trejo Delarbre) No dio ni para la nota de color. La convocatoria a favor de la legalidad y por la seguridad, mediáticamente quedó opacada por el supermartes de las elecciones primarias en Estados Unidos y por la toma de pozos petroleros en Tabasco por lugareños que exigen reparación de daños a PEMEX, cuando es alarmante que un Presidente reconozca el deterioro del valor de la legalidad y el deterioro de la seguridad, tanto como para convocar a un acuerdo.

Se está a tiempo y hay foro a disposición para poner convenidamente un límite a la despresidencialización. Felipe Calderón tiene en la Comisión Ejecutiva para la Negociación de Acuerdos, instalada por Congreso el año pasado, la mesa puesta para darle un giro al régimen de gobierno y modificar la institucionalidad que fue funcional al régimen de partido hegemónico. ¿Qué lo detiene? Durante el anterior periodo de sesiones se dieron acuerdos importantes, imperfectos. Todo parecía encarrilado. Fue el clamor de la cúpula empresarial contra la política y los políticos lo que detuvo –también la oposición del lopezobradorismo- lo que frenó la marcha de los acuerdos. Es parte de la política.

Ha tenido que ocurrir una sanción simbólica de la Corte al Consejo Coordinador Empresarial para resaltar la necedad de los empresarios contra la reforma electoral. Y lo más sobresaliente, el jueves siete de febrero la Cámara de Diputados superó la suma de diferencias que detuvieron el nombramiento de tres nuevos Consejeros en el IFE. Los meses que siguen nos dirán hasta qué punto los acuerdos se seguirán dando. Si la política se precia como práctica para una mejor convivencia, lo cual está por verse, o se limita a una reasignación actancial como empleada de poderosos intereses económicos.

No se trata que el Poder Ejecutivo se pliegue, sino que juegue, así sea través de su partido, contribuyendo a una mayor y mejor ventilación de lo que se propone para la reforma del Estado. Para que con claridad se dé por concluida la despresidencialización y se sienten las bases de la institución presidencial del siglo veintiuno. No será fácil, pues la atención a la recesión económica es obligada.

La negociación

Siempre es bueno saber que el gobierno le está ganando la guerra al crimen organizado, para reducirlo a su mínima expresión. Lástima que no se ofrezca la medida, el indicador, que sustancie a plenitud las afirmaciones oficiales. Una guerra en la que el aparato de seguridad, con el Ejército por delante, va solo. Está en manos del Poder Ejecutivo, pues los gobiernos estatales y municipales poco hacen, tal vez porque poco se destaca, o porque se trata de delitos federales. Una guerra que en los primeros días de este mes suma treinta ejecutados a la larga lista que se va acumulando en este sexenio, con altas posibilidades de convertirse en legado transexenal. Una guerra a la que no se le ve fin no puede cantar victoria.

Pero de otra negociación se trata esta entrega, la del de intercambio de agendas entre Poderes. El mes pasado, la Presidencia hizo sus movimientos para dejar en claro lo que pone sobre la mesa de los legisladores: las reformas energética y laboral, sin que ello signifique la presentación objetiva de un proyecto, sino la prioridad de intereses que tiene el Ejecutivo, que son los del capital en primer lugar. Que no quede ambigüedad, se trata de las reformas sobre las que más han insistido los empresarios: la privatización de la industria petrolera y eléctrica, la flexibilización de las reglas del mercado laboral.

Del lado del Congreso se encuentra la agenda de la reforma del Estado que tiene su plazo fatal el mes de abril. La inconclusa reforma electoral espera el nombramiento de los Consejeros del IFE. La creación de la figura de Jefe de Gabinete. La institución de un Consejo Económico y Social de Estado. La descentralización de las Delegaciones Federales. Y un punto muy importante, el ajuste a la reforma sobre justicia que ha sido sugerido por senadores, juristas y, de manera elocuente, por el coordinador del FAP: los contenidos que lesionan los derechos humanos y criminalizan la protesta son propios de un Estado de Sitio, afirma Porfirio Muñoz Ledo. También está en el mazo de cartas por abrir la legislación sobre radio y televisión y regulaciones a monopolios.

La agenda social, etiquetada en la nebulosa de las Garantías Sociales, queda entremetida en la negociación entre Poderes, intimidada en el debate que se da en los medios, extrovertida en la calle, la protesta nacional del jueves pasado así lo indica.

La negociación no debe fallar, no tanto por lo acertado de los acuerdos sino por el caso de que no se dieran. Ese fallo continuaría la dinámica de la división prevaleciente desde el 2005. La derecha en el gobierno afinando los instrumentos de la coerción. La izquierda, desde sus distintas posiciones, convocando a la movilización social. Quedando como único puente el PRI, poseedor de la mediocridad de oro que en el 2006 le fue menospreciada y que hoy, fuera del escenario de una elección presidencial, es revalorada frente a las expectativas económicas deprimentes.

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Febrero arrancó con elecciones locales en los estados peninsulares de Baja California Sur y Quintana Roo. Como es costumbre, el partido gobernante obtiene los mejores resultados, el PRD y el PRI respectivamente.