Desprendiéndose del careo mediático en el que se han expuesto Elba Esther Gordillo y el presidente Calderón en las últimas semanas, sobre los acuerdos e intercambios a los que llegaron para asegurarse beneficios mutuos a partir de la resolución electoral de la contienda por la presidencia de la república en el 2006. Considerándose el mediocre curso del sexenio calderonista y el inocultable desprestigio de la líder moral del magisterio. Es muy probable que en julio del 2012 se forme una tendencia del voto marcada como un recurso ciudadano para castigar a ambos personajes mencionados y sus respectivas escuadras políticas.
Y eso qué. En realidad el voto de castigo no resuelve los males que aquejan al Estado mexicano –gobierno y sociedad- y el país tendrá desafíos que afrontar sin que la contienda por la presidencia signifique un grado más de polarización social. Esto último sería catastrófico.
Dos temas son delicados, preocupantes, tanto como para que las fuerzas políticas formen un consenso que no dependa del resultado electoral.
Uno es el de las Fuerzas Armadas que han sido utilizadas en la lucha contra el crimen organizado sin el entramado legal acondicionado para dicha lucha. Se embarcó al Ejército bajo el supuesto de que las facultades metaconstitucionales de la presidencia legitimaban su participación. En los hechos el supuesto quedó hecho añicos cuando la operación militar se convirtió en un problema de violación a los derechos humanos, cuestionándose la pertinencia del llamado fuero castrense y que ha alcanzado su mayor revés en la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que instruye el juicio civil para los militares que atenten contra los derechos humanos. La determinación ha molestado a los militares, no debería ser así. El Ejército ha quedado impactado por el juicio de los ministros de la Corte, pero en el fondo su malestar debería orientarse hacia lo que los condujo a tan lamentable situación: la impericia y el arrebato del Titular del Ejecutivo. La cuestión no es remediar legalizando lo que no ha tenido soporte en la ley. No. La cuestión es cómo regresar a los cuarteles a los soldados sin arrear banderas en contra de la delincuencia. No veo la fórmula que haga este prodigio.
El otro tema es la descomposición social, que valorativamente se podría explicar por un pertinaz proceso encargado de desprestigiar lo público y acerar un endiosamiento de la voracidad privada. La situación extrema de este proceso -que inicio con el encono de un sector del empresariado en contra de las motejadas políticas populistas de los años setentas, hasta convertirse en una melosa disertación sobre la que se construyó la hegemonía neoliberal que nos tiene postrados como país- ha sido la explosión de las actividades delictivas. El caso es que este proceso mencionado ha contribuido al debilitamiento de la autoridad civil, sin la capacidad suficiente para detener la extorsión del crimen organizado hacia las actividades de la iniciativa privada. Un rubro adicional en el portafolio de las actividades delincuenciales. Y el daño no sólo se expresa en el baño de sangre que se vive actualmente en México, sino que además, ese daño es perceptible como una especie de atracción fatal hacia el delito que se extiende como cáncer en el cuerpo social. El desdén por la cortesía, la irreverencia en el modo de hablar, la narco música, la vestimenta macho alfa, elementos que sugieren identificación con el imperio del crimen. Las nuevas generaciones se socializan en la idolatría del dinero, no importando los medios para adquirirlo, tanto que la formación escolar resulte irrelevante. Tampoco veo a la mano fórmula para restablecer la convivencia social.
