Tsunami

El vendaval de las élites no tiene para cuando concluir y ocurre con puntualidad al tiempo de la recesión económica. Concluirá en el momento en el que se defina un nuevo reparto entre sus integrantes. El político bien puede quedar definido el próximo seis de julio, el económico puede prolongarse si después de la recesión el estancamiento económico ocurriera.

Una escena del reparto es la construcción de una refinería. La presión de gobernadores interesados, sin saberse públicamente que grupos de dinero están detrás de ellos, obligaron al presidente Calderón a embarcarse en la indecisión. El dieciocho de marzo pasado, fecha conmemorativa de la histórica expropiación petrolera, el Presidente anunció un foro para definir el lugar donde se establecerá la disputada refinería. Es de preguntarse si la paraestatal PEMEX no cuenta con los recursos para llegar a una definición técnica, si la Presidencia no tiene facultades para tomar la decisión. No se entiende por qué se ha politizado. Tal vez para arrumbar definitivamente la reforma energética que no dejó contento al mismo gobierno, una reforma que no fue de su gusto, ni del sector empresarial. El caso es que el foro sigue los caminos de aquella consulta que se realizó para definir el sitio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el primer año de gobierno de Vicente Fox. El foro que no llegó a ningún lado distinto al original. Se construyó una terminal 2 en los terrenos del histórico aeropuerto, con el agregado de la explosión de un movimiento social sometido por la fuerza pública que pasó por encima de los derechos humanos.

Otra escena del reparto pertenece al sistema bancario. Desde que el gobierno de Estados Unidos encabezado por Barack Obama adquirió acciones del Citigroup, del cual Banamex es una de sus filiales, se abrió un debate elitista sobre el estatuto legal de Banamex. Si ese longevo Banco entraba o no en colisión con la ley que prohíbe la participación accionaria de autoridad no mexicana dentro de los bancos que operan en México. Empezó una discusión que estimularon los empresarios Carlos Hank Rhon y Roberto González Barrera. Debate que tuvo –y tiene- resonancias dentro de los grupos parlamentarios del Senado y que la autoridad hacendaria no atinaba concluir. Fue precisamente ayer jueves, durante la reunión anual de los bancos que operan en México, que el representante de los banqueros exigió una definición sobre el asunto a la Secretaría de Hacienda. Pasado el mediodía Agustín Carstens, se supone que Felipe Calderón también, hizo un pronunciamiento formal sobre el asunto en el que presume la no violación de la legislación actual por parte de Banamex.

A través de un comunicado o anuncio de Hacienda del cual la columna El Observador de Samuel García, que aparece en Milenio Diario, hace una reproducción de sus puntos nodales:

“Primero, el gobierno respalda la postura de prohibir la participación de gobiernos extranjeros en el sistema financiero nacional.
“Segundo, el gobierno debe tener la facultad para evitar que los bancos de capital extranjero que operan en el país, envíen dividendos a sus matrices cuando se afecte la solvencia de las filiales en México.
“Tercero, el gobierno debe establecer un plazo máximo de tres años para que los bancos filiales cuyas matrices hayan sido capitalizadas por sus gobiernos, salgan de esa condición. De no hacerlo en ese lapso de tiempo, el gobierno debe obligarles a vender al menos 25 por ciento de su capital al público inversionista vía el mercado de valores. En los siguientes tres años —de no cambiar la situación— el gobierno obligará a vender una participación accionaria superior a 50 por ciento del capital.
“Cuarto, el gobierno deberá aplicar sanciones para cada uno de los casos de incumplimientos.”

Lo expuesto tendrá forma de iniciativa de reforma legal que Hacienda pronto entregará al Congreso. Y mientras eso ocurre ¿Hay o no hay ilegalidad en la situación actual de Banamex?

Es claro que Roberto Hernández es parte del sistema PAN gobierno. De no ser así, que nos diga Felipe Calderón qué le debe al empresario.

Empresarios

Los empresarios de las telecomunicaciones están en el centro de la disputa política, desde el caso de las promociones publicitarias de los partidos presentadas en paquete durante eventos deportivos televisados, pasando por la incapacidad exhibida por el sector gobierno dentro del ramo para arbitrar a los competidores. Que así sea no es atribuible a la coyuntura, al partido en el gobierno o al presidente Calderón. Al menos no de manera lineal o unívoca.

Los sucesos de enero, febrero y marzo no tienen un recuento puntual de la actividad política. A excepción del aniversario del PRI, con todo y que pasó como un acontecimiento del montón, o la larga marcha de López Obrador por todos los municipios del país, los partidos y los políticos no llaman la atención. No importa que estemos en año electoral, con renovación de la Cámara de Diputados y cambios en cuatro gubernaturas, la política está fuera de foco. Primero están los temas de la crisis económica y la “guerra” contra el crimen organizado. Ni la conducción del actual cuerpo de consejeros del IFE ha contribuido a darle personalidad al año electoral, por el contrario, ése Instituto está varado en su fragilidad de origen ante las empresas de radio y televisión.

La atención se ha concentrado en la política que hacen prominentes miembros de la élite económica. El caso de Luis Téllez desnudó una lucha por la riqueza, de manera específica la generada por las telecomunicaciones, con una proyección no vista. No por falta de interés de los empresarios, simplemente las instituciones que antes estaban manos de los políticos siempre dejaban con menor visibilidad en la arena política a los empresarios y éstos quedaban recluidos mediáticamente en las páginas de sociales de los diarios.

Lo que todos sabemos de manera muy clara, es que desde el sexenio de Luis Echeverría se dieron las primeras manifestaciones empresariales por un mayor protagonismo político, principalmente desde el Grupo Monterrey. Pero fue la nacionalización del sistema bancario en 1982 lo que lanzó a los empresarios hacia un mayor acercamiento hacia la política, a desarrollar un mayor interés por participar directamente sin tener que acogerse a la figura del partido hegemónico imperante en ese entonces. Es por eso que desde los tiempos de Miguel De la Madrid, y con la llegada de los tecnócratas -tan lejanos del PRI y tan cerca del PAN- la vocación de poder de los empresarios ha ido en aumento, hasta ganar real autonomía respecto de la burocracia política. Como lo vemos ahora.

Durante tres sexenios, de 1982 al 2000, una minoría de empresarios pugnó por la liberalización económica, misma que les fue concedida para su beneficio pero no en el sentido de desarrollar el libre mercado, pues un grupo de empresas con prácticas monopólicas y favorecidas por decisiones políticas, terminaron por desarrollar un mercado muy distorsionado, de escasa competitividad al tiempo que perdía dinamismo el papel del gobierno para incidir directamente en la economía. Ése modelo encontró su complemento político con el desalojó del PRI y el arribo del PAN hace ocho años. Con Vicente Fox se definió un gobierno de empresarios para empresarios y hoy con Felipe Calderón el modelo hace agua.

La debilidad del actual esquema de poder es lógica. Si un puñado de empresarios tiene control sobre la economía y tienen en la política una esfera más a su dominio, ven a los secretarios de agricultura, comunicaciones, economía y energía como virtuales subordinados suyos, por ejemplo. Si institucionalmente no hay quien pueda estar por encima de los hombres de negocios ilustres, qué cosa más natural que las diferencias entre ellos no encuentren el árbitro que los merezca. Por eso Calderón no puede, porque antes de llegar a la Presidencia se entregó a los poderes fácticos. Esos poderes que reniegan de los partidos y se sienten con la fuerza suficiente para pasar por encima del IFE.

Y no se trata de argumentar que todo tiempo pasado fue mejor, sencillamente el presente no es mejor.