Al no alcanzar el objetivo de controlar la cámara de diputados, la derecha lanza una nueva ofensiva mediática. Empresas periodísticas ponen a trabajar horas extras a sus testaferros. Sin dejar de agredir la política oficial que enfrenta a la pandemia, tras la derrota del 6 de junio la derecha se ha parapetado en los asuntos de seguridad y desde ahí proclama ¡Esto está peor! Lo hace sin matiz, sin escrúpulo alguno. La violencia de las últimas semanas bajo la operación de bandas delictivas en Tamaulipas, Michoacán y Chiapas les ofrece un pírrico arsenal para lanzar su acometida.
Hacen tabla rasa, como si
se tratará de sucesos nacidos por generación espontánea. Concluyen con su
distorsionada visión: Ah, el gobierno no hace nada. Eso sí, protegen o no
denuncian a los gobiernos en los que hicieron su aparición las estructuras
criminales que obstruyen la paz (nada o poco dicen de la consulta popular para
llevar a juicio a los expresidentes). El único responsable es el actual
gobierno de la república. Más precisamente, sostienen que el presidente López
Obrador no ha sido feroz contra la delincuencia organizada, le reclaman medidas
de excepción. Tal vez con ese garlito quieren tener justificación cierta para
hablar de la dictadura.
Esas empresas periodísticas y sus
pistoleros no ven la estructura gubernamental en su conjunto, todo lo quieren
reducir a la voluntad presidencial, cuando de manera muy directa hay
responsabilidades del Poder Judicial, de las fiscalías, de autoridades
estatales y municipales en los asuntos de seguridad. Si algo está bajo la
influencia del presidente son sus colaboradores y no hay indicios de
vinculación de altos funcionarios con el crimen organizado. Esto es, no hay un
Genaro García Luna que denunciar en la administración de López Obrador. Se ha
roto ese vínculo que sí se dio en otras administraciones. Es un cambio que se
invisibiliza en los medios tradicionales. Como el hecho de que no se recurra a
masacres para combatir al crimen.
Hacen amnesia de todo lo que ha
sucedido en Tamaulipas desde el último tercio del siglo pasado, donde algunos
gobernadores fueron aliados de los criminales. Desde ese rango de autoridad se
ha obstaculizado la intervención federal. Y cuando se inicia un procedimiento,
como el que tiene en la mira al desaforado gobernador de Tamaulipas -Francisco
García Cabeza de Vaca- hasta el congreso local e instancias judiciales salen en
su defensa.
Se les olvida que la declaración
de guerra se hizo en Michoacán de parte de Felipe Calderón y lo único que
propició fue arraigar organizaciones delictivas, hasta su hermana mantenía
conversaciones telefónicas con la delincuencia. Para empeorar, con el
presidente Peña Nieto se autorizaron las autodefensas en ese estado de la
república y se nombró un comisionado. Acaso es lo que se demanda ahora, la
aplicación de medidas discrecionales, francamente ilegales.
El estado de Chiapas no ha tenido
relevancia noticiosa como centro de operaciones del crimen organizado, hasta
estos últimos días. Pero desde hace años ese estado ha sido puerta ilegal de
entrada para las drogas y el armamento. Si las aduanas están funcionando mejor,
la Armada se está aplicando a lo largo de la costa chiapaneca, entonces es
probable que la disputa entre bandas se agudice por controlar el contrabando.
Pero de eso no se habla en las empresas periodísticas y sus columnistas. La
nota es celebrar por anticipado un eventual fracaso del gobierno federal en
materia de seguridad.
En esas están, cuando el día
siete de julio del año en curso se conoce de la captura de Luis Cárdenas
Palomino. Se han tardado en salir a
defenderlo. Los que lo contrataron en el sector público y en el privado, como a
los que sirvió de fuente, no han dicho algo al respecto. Los medios tienen que
comprometerse con la verdad y no escudarse en la libertad de prensa para
difundir falsedades y velar por sus intereses particulares. La consulta popular
del 1 de agosto puede servir de punto de convergencia para cimentar la
transparencia de la vida pública.
