Vínculo con el Estado

 

Las primeras semanas de este año, y los últimos días de 2012, se han dado noticias sobre la policía comunitaria en el municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. El tema se ha contoneado en la prensa hasta que esta semana adquirió el perfil de una polémica, intercambio de insultos consideró La Jornada, entre el líder de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y el gobernador de Guerrero bajo las siglas del PRD, Ángel Heladio Aguirre Rivero. La nuez del diferendo fue sobre la tolerancia a este tipo de organización policíaca al margen del esquema legalmente establecido.

La novedad del caso es el municipio que ahora dispone de este tipo de organización, el sistema comunitario de justicia ya está establecido desde hace diecisiete años en varios municipios de La Montaña y uno de la Costa Chica. Se encuentra difundido públicamente en la red a través de la página  (http://www.policiacomunitaria.org/ ) En este blog se encontrará la “justificación” social del esquema, incluso se han elaborado artículos para publicaciones académicas donde tratan de hacer inteligible desde el punto de vista jurídico el fenómeno y en realidad se trata de apologías. Se exponen las bondades del mecanismo comunitario que reeduca a los delincuentes para reintegrarlos a la sociedad. La asamblea es la fuente de legitimidad de esta policía comunitaria y en esta disposición idílica no queda bien establecida su vinculación con el Estado de derecho.

No se trata nada más de colgarse de artículos constitucionales y acuerdos internacionales para considerarse dentro de la ley. Tampoco es suficiente decir que no están en contra del Estado. Lo crucial es que los promotores no perciben la fragilidad de su estructura, que “funciona” en la medida de su aislamiento.

Lo cierto es que cuando el tema adquirió una mayor exposición en los medios, con los sucesos de Ayutla de Los Libres, se supo de gente aprendida, llevada a juicio y penalizada por obra y gracia de la asamblea y los usos y costumbres. Se exhibió gente armada haciendo retenes y en todo esto no se ha hecho visible el vínculo legal que garantice procedimientos trasparentes no sólo a los ojos de las comunidades, sino al resto del país. Uno tan sencillo, tal vez una nimiedad, como que se informe que el armamento mostrado está debidamente registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada se dice de cómo se les adiestra a los policías comunitarios en el uso de rifles y pistolas o se trata de una policía totalmente improvisada. Quién les da autorización para impedir el libre tránsito por medio de retenes.

Se entiende que el actual gobernador defienda este sistema de autodefensa, pues ya en sus tiempos de gobernador interino tuvo que mantener interlocución con estas policías que existen desde noviembre de 1995. Lo inexplicable es que no haya dado, desde entonces, una exposición sobre el vínculo que compromete a estas organizaciones con el conjunto o tramos importantes del sistema jurídico mexicano. Y si las dio en un principio el propio Aguirre Rivero, es extraño que no se haya constituido en propagandista de tan exitoso mecanismo comunitario, limitándose a dejarlo en una zona gris. Sin duda, se trató de un arreglo pragmático en aras de la paz social en la región. Pero qué pasa si el modelo se extiende a otros estados, como ya ha ocurrido, cómo van actuar los demás gobernadores.

Es mucha la fragilidad expuesta como para no advertir los riesgos de la ruptura de la gobernabilidad o será que hay mar de fondo del cual no estamos enterados, pues no se vaya a trocar el Estado de derecho por el estado de ebriedad.

Es una muestra

Vamos bien o nos regresamos. Pero a dónde, si generación tras generación las promesas de futuro se construyen sacrificando el presente.  Lamentando lo que no debió suceder, sin reparación pues la ley es flexible, objeto de la discrecionalidad. Hoy se recuerda la explosión en la mina de Pasta de Conchos y nos olvidamos de las tragedias que le antecedieron. La minería es una actividad obligada a seguir normas de seguridad e higiene, pero no se cumplen. La razón es sencilla, cualquier regulación contraviene la generación ganancias de cualquier empresa. La regulación es anticompetitiva, afecta la productividad, eso es lo que se ha pregonado insistentemente en los últimos años.

Pero la ley es cosa de tontos, de quienes hacen fila por acceder a un servicio público cuando teniendo dinero se puede evitar. O con el mismo dinero se puede evitar una pena por motivo de una infracción. La ley es un vehículo hacia la justicia, se le usa para convalidar la injusticia.

Y con tanta indignación se escribe en la prensa de Jorge Emilio González Martínez, “el Niño Verde”. A este muchacho le gusta el escándalo, es su manera de llamar la atención. Lo aberrante es que ocupe un lugar dentro de la política a cambio de nada. Debería llamar la atención que el sistema resulte tan generoso. Algo no está bien. Y si quieres cancelar los defectos del sistema degrádalos, así, vistos como parte del pasado parecerán virtudes. La lógica entendida en la frase de mal en peor.

Es una muestra de que el país todo está cavando su propia degradación, sus élites en la política y en la economía, deciden sin considerar consecuencias. Las consecuencias no existen, el azar impera por sobre la certidumbre de la ley. Se ataja el momento, se hipoteca el futuro.

Este país tiene que hacer un reflexión, los llamados “datos duros” han sido exhibidos hasta el hartazgo (Cuando la argumentación lleva a los datos duros algo malo se espera escuchar pues por costumbre esos datos son portadores de malas noticias, no nos hablan de la excelencia educativa o de la escaza criminalidad, de la disminución de las desigualdades sociales)

Una reflexión que antes de concluir en una reforma legislativa nos revele el fracaso de las reformas anteriores. Explicarnos, por ejemplo, como las sucesivas reformas políticas hicieron posible la operación del Partido Verde y su monstruo más representativo, el Niño Verde. Dónde se falló. Tal vez el problema no esté en la ley sino en su falta de aplicación.

O tal vez el Estado delegó tantas responsabilidades a los privados, que ahora continúa la ruta hacia la desintegración con la proliferación de las policías comunitarias.

Porque el interés personal nunca será buen conductor de los asuntos públicos, es una buena divisa para la reflexión.