Algo para sonreír

Sí, sólo si se trata de algo personal, cercano, íntimo. Nada si tenemos que referirnos a una sonrisa colectiva. Es viernes y sofocante es el cinismo con el cual se desenvuelven los gobernantes y los líderes empresariales. El desastre y el horror van de la mano paseándose por el país, mientras que ellos, los que dirigen y se postulan como el buen ejemplo, se culpan y se chantajean mutuamente. Sin escondrijo para guardar la vergüenza que producen las declaraciones de los encargados de despacho. Los titulares de la prensa son expresión del abandono y el deterioro de la ruta a la felicidad que proveería el libre mercado. Incivilidad y muerte asuelan los caminos de México.

De que estamos hablando, de las trasformaciones en el marco jurídico (en reformas a la Constitución, expedición de nuevas leyes para sustituir o agolparse con lo ya existente, tratados internacionales) que se han venido sucediendo desde hace tres décadas para sustituir el edificio de la Revolución Mexicana. Socavando identidades a cambio del fomento a las aspiraciones consumistas. Ignorando que el cemento de la anterior edificación, la mezcla de corrupción e impunidad, se sigue utilizando con entusiasmo por parte de la tecnocracia y la derecha.

El espectáculo ofrecido por Joaquín Vargas Guajardo y los funcionarios del presidente Felipe Calderón es una muestra de lo que contiene el capitalismo realmente existente en México. Nada que ver con las fantasías de la oferta y la demanda, del juego limpio entre competidores. No, de lo que se trata es del desnudamiento de los arreglos sempiternos entre autoridades y dueños de negocios. Si se quiere que una empresa prospere, ésta debe estar arreglada para reportar beneficios en dinero o en especie al gobernante en turno (Wal-Mart dónde estás)

El descaro ha sido tan inmenso, desempeñándose a través de los siglos, que lamentablemente un sector minoritario de la sociedad ha decidido enrolarse a la delincuencia organizada. Para luego querer remediar, durante la administración que expira ya el último día de noviembre de este año, mediante una estrategia anticrimen que ha agravado los males en lugar de surtir sanación a la comunidad nacional.

Estamos más allá de la ingenua disputa por la nación sugerida por Rolando Cordera y Carlos Tello, esto es ya el despojo en despoblado frente a los ojos de un Estado desvalido que no puede defender a una sociedad inerme. La riqueza divide no integra, ya se trate del petróleo o del espacio radioeléctrico que son, se dice, de los mexicanos. Recursos no faltan, escasea el cumplimiento de la ley y un sentido humanitario de la justicia, por señalar sólo dos carencias. El trato social se trastorna, es digno de bandidos o salteadores, omiso de consideración y respeto.

Trepidante interregno

 

Según voceros del Movimiento Progresista, la definición del Tribunal Electoral  respecto a las impugnaciones presentadas para “invalidar” la elección presidencial tiene que basarse en una diligencia exhaustiva y analizar a fondo las “pruebas” presentadas. De no actuar así los Magistrados, el estallido social que viene no lo podrán detener y no se harán responsables de que ello ocurra. Lo que entienden por exhaustividad, por ir a fondo, es conseguir la invalidación de la elección. O sea, estos voceros de la izquierda solicitan ordenando, se exige y se advierte al Tribunal. Cuando es sabido que las pruebas presentadas no demuestran la compra de voto, que excederse en gastos de campaña –y aquí habría que considerar la posibilidad que en materia de excesos cayeron todos y el Instituto Federal Electoral lo demostrará en su oportunidad- no es causa para echar abajo una elección. Entonces de lo que se trata es de meter  presión a un candidato ganador que todavía no está investido como gobernante. Algo se quiere negociar o estoy equivocado.

Puede que esté equivocado y lo que vemos con el histrionismo de Jesús Zambrano y de Alberto Anaya no es otra cosa que un par de muñequitos con cuerda. Pero se trata de algo más explosivo y real que una metáfora relativa al títere y el titiritero. No. Aquí lo que está en el fondo del conflicto poselectoral es la irresponsabilidad de Felipe Calderón por no conducir con orden y concierto la política de telecomunicaciones, el de regalar a unos y encarecer a otros las concesiones que otorga el Estado a particulares.

Ahí está el juego perverso que sirve de caja de resonancia al conflicto poselectoral. No se entendería la magnitud mediática que ha adquirido una impugnación mal sustentada sin la disputa real entre Televisa, TV Azteca y Iusacel, que mantienen contra Telmex y MVS Comunicaciones, por las concesiones del llamado espacio radioeléctrico. Esto es, el problema de fondo no es electoral. Se trata de la disputa por la riqueza que se puede sustraer con la comercialización de las mentadas concesiones.

Para completar el cuadro de este trepidante interregno, la ola de violencia vuelve a despuntar en la noticia. Con cifras oficiales del INEGI se sostiene que de 2007 a 2011 se han cometido en México 98 mil homicidios dolosos -más, menos. Hemos padecido una guerra mal habilitada, generada por el consumo de drogas y la industria armamentista de allende el Bravo. Cuyo episodio más vergonzoso ha sido el Operativo Rápido y Furioso, instrumentado bajo sigilo por la autoridad norteamericana, con el cual se facilitaba la exportación de armas a sabiendas de que caerían en manos de los cárteles mexicanos y así después dar con ellos y su cargamento.

Un fiasco rotundo, una desgracia para México en tanto teatro de operaciones de la mal llamada guerra. Y así seguimos haciendo un registro macabro que no nos correspondería si desde un inicio la claridad de medios y metas estuviera bien establecida en el conocimiento público. No fue así y pronto se exhibió como una estrategia de legitimación, después, se percibió como una estrategia de subordinación al ámbito de la seguridad de los Estados Unidos. Hubo que darle visibilidad con la Iniciativa Mérida. Y qué culpa tiene tan bonita capital del estado de Yucatán.

El juego se llama socavar el proceso electoral.

15 años

No se trata de un festejo familiar, con la antigualla del vals y los galanes postizos. Me refiero al cumplimiento histórico institucional de quince años de gobierno dividido en México. La compleja relación entre el Ejecutivo en manos de un partido con un Congreso en el que no se cuenta con la mayoría de legisladores adscritos al partido gobernante. A esta etapa de la vida nacional le corresponde la verificación de la alternancia del Ejecutivo federal, que en sí misma no representó una reforma hacia delante de la gestión gubernamental como para tener una mejor evaluación de los políticos. La percepción popular se mantiene en negativo.

La continuidad visible, no sé si sea celebrable, es la política macroeconómica. Durante estos quince años la capacidad de las instituciones ha quedado mermada y los vacíos han sido ocupados por una porción de los factores reales de poder, el regateo de los gobernadores –la fundación de la Conferencia Nacional de Gobernadores- la expansión violenta del crimen organizado y una mayor influencia del gobierno de los Estados Unidos en las decisiones soberanas de México (Diseño e intromisión en la conducción de la llamada “guerra” en contra los cárteles de las drogas, por ejemplo)Es un apretado resumen de lo que nos ha traído el gobierno dividido.

¿Están dadas las condiciones para superar los inconvenientes que nos ha traído el gobierno dividido? Eso lo decidirán las distintas fracciones parlamentarias.

Por lo pronto la mayor responsabilidad recae en los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, no tanto por ser la fuerza mayor sino por ser la voz cantante de las propuestas del Ejecutivo en el Congreso. Cabe resaltar una peculiar combinación: por un lado legisladores experimentados, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, protagonistas o testigos de la inserción tecnocrática en la conducción del país y en el ejercicio de ser oposición, en interesante relación de quienes vienen de ser gobierno local y tienen juventud fogueada -si se me permite la paradoja- de Enrique Pela Nieto y su grupo. Lo sobresaliente no sólo será que se pongan de acuerdo, sino que efectivamente acierten con el bálsamo reanimador de una sociedad decepcionada por lo resultados del gobierno dividido.

En relación con el Partido de la Revolución Democrática, la designación de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Barbosa, como coordinadores de diputados y senadores respectivamente, no tiene el sello del llamado Movimiento Progresista ni de Marcelo Ebrard y su grupo. Son expresión de fuerzas al interior de la burocracia de ése partido.  Adicionalmente, por su propia trayectoria como legisladores tienen una interlocución construida con Beltrones y Gamboa. Lo que eso pueda significar.

Respecto al Partido Acción Nacional, la designación de sus coordinadores para el Congreso resultó dividida, reflejo fiel de su circunstancia actual que no termina de asimilar la pérdida de la dirección del gobierno federal y su derrota del primero de julio pasado. Por un lado, Luis Alberto Villarreal, quien desde su designación ha optado por la discreción. Para la coordinación blanquiazul en el Senado se designó a Ernesto Cordero Arroyo. Protagónico que promete ser cuchillito de palo, además de ser albacea de la herencia de Felipe Calderón. En calidad de moneda falsa, Cordero quedará totalmente depreciado después del primero de diciembre.