El viernes 5 de julio, verano del
2019, Carlos Urzúa se bajó del caballo de la cuarta transformación. Renunció al
cargo de secretario de Hacienda, permaneciendo apenas sietes meses como figura
del gobierno de López Obrador. Las razones de la decisión están claras: su
aislamiento dentro del gabinete presidencial y su frustración por no poder
darle peso a su esquema en el documento final del Plan Nacional de Desarrollo que
aprobó el Congreso. En el eje central de la renuncia está el desacuerdo con los
proyectos de AMLO, el Tren Maya y el reacondicionamiento del aeropuerto de
Santa Lucía. Proyectos que, por cierto, eran propuestas de campaña de las que
Urzúa estaba más que enterado.
Mientras se mantuvo en el cargo,
el renunciante jugó sus fichas para mantener continuidad en la política
macroeconómica, las que pese a su dimisión permanecen. Fue su aportación. Lo
que no pudo conducir fueron los intereses que, parapetados en la lógica del
libre comercio, prohijaron la corrupción, abrevaron del tráfico de influencias.
Tampoco pudo conciliar su formación doctrinaria con la visión del papel del
Estado y de la economía característicos de López Obrador, que también es doctrinaria.
Salvo excepciones, la mayoría de
los columnistas de finanzas y de política subieron el santo al cielo y desde
allí otearon el apocalipsis, cuando es sabido que la actual economía
interconectada tiene sus derroteros. México no es una isla, la mayor parte de
las economías se encuentra en los límites de un modelo, el auge de los
nacionalismos es una reacción, las desigualdades sociales una consecuencia de
una centralidad basada en el mercado.
Considerando la especificidad de
México, uno de los disensos de Carlos Urzúa y de destacados economistas es la
pertinencia de una nueva reforma fiscal para financiar el proyecto de
desarrollo del actual gobierno. Reforma del actual orden de impuestos a la que
el presidente se ha opuesto hasta ahora. AMLO es práctico, nuevos impuestos o
su incremento dispararía una sublevación de la sociedad. En la ruta crítica de
la presidencia el orden de las prioridades se encuentra la redistribución del
ingreso, el combate a la corrupción, el fin al tráfico de influencias. Si logra
estos objetivos entonces, solo entonces, cabría pensar una reforma fiscal.
Todo lo escrito hasta aquí de
manera suave. A Carlos Urzúa le toca aclarar si utilizó la oficina de encargo
para hacer filtraciones con el propósito de detener la 4T, para así no
trastocar los límites heredados del bipartidismo. Muy en la línea de su texto
de renuncia y de las entrevistas que concedió como exsecretario. El dinamitero
no descarriló la economía, como no pocos comentaristas desearon, pero si
aceleró los procesos de denuncia en marcha en contra de personajes vinculados
al viejo régimen, destaca los casos de Juan Collado y Vicente Fox, por
mencionar solo dos.
