“La lucha económica más
apremiante de nuestros días no se da simplemente entre los trabajadores y los
empresarios, sino que la están librando los intereses rentistas conjuntamente
contra los trabajadores, la industria y el Estado”.
Michael Hudson
Muy excitados están cuando las
cosas han tomado el curso menos deseado y en detrimento de intereses
alimentados directamente de las arcas del Estado. Esos intereses que elogiaron
el Estado disminuido. Cómo la política distributiva, sienten y lamentan, les
quita lo que ya consideraban derechos adquiridos. Cualquier tema se les
convierte en piedra arrojadiza. Ya el coronavirus se presta para
denunciar al gobierno, ya aprovechando la lucha feminista descubren al
feminicida de palacio. Un spin de fantasías para expresar enojos, reforzadas
con encuestas que indican la caída en la aprobación del presidente López
Obrador, solo eso. Con la pena, las encuestas no son recurso legal para abatir
un mandato constitucional. Celebran un reportaje sobre los negocios que tuvo el
empresario regiomontano Alfonso Romo en la Península de Yucatán, pero no dicen
nada de la autoridad que permitió el “ecocidio”, Felipe Calderón y su gabinete ambiental.
El mismo presidente que presumía su cercanía con Julia Carabias y José Sarukhan,
jamás se enteró de lo que sucedía, sus subordinados extendiendo permisos y
autorizaciones desde el año de 2007 ¿A sus espaldas? Como Genaro García Luna lo
hizo también, cuando estuvo al frente de la seguridad del país.
Una característica de la política
distributiva del actual gobierno de México es la de esmerarse en reducir las
fugas de recursos públicos hacia intereses rentistas, que no aportan producto y
valor a la riqueza nacional. Así tenemos que en el sector salud el mercado de
los medicamentos se sustraía del libre comercio, era coto de unas cuantas
empresas, que en connivencia con altos funcionarios de ese sector del servicio público,
determinaban sobreprecio a los medicamentos (eso se acabó); a veces el propósito
de un contrato para abastecer de gas a una termoeléctrica no se cumplía pero so
se cobraba (se ajustaron ya los contratos); cuántas empresas como Repsol,
Iberdrola, OHL, Odebrecht, Oceanografía, se ponían al servicio de funcionarios
corruptos y pactaban contratos onerosos al erario (la cárcel es el futuro de
estos vividores, Emilio Lozoya, Alonso Ancira); o el esquema legal de condonación de impuestos a grandes
empresas (disposición cancelada el año pasado)
Las responsabilidades del Estado
en materia de educación, seguridad, salud, también se dejaron de cubrir
cabalmente, pues se convirtieron en festín de contratistas de diverso tipo.
Grandes negocios y no tan grandes se hicieron adictos a los recursos públicos,
de tal modo que la oferta y la demanda, supuesta guía del mercado libre,
quedaba suspendida en beneficio de minorías varias, con voz y medios para hacer
ruido.
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