Escrutinio público

Cómo la opinión pública se puede entretener en un escándalo que amenaza con desterrar las pretensiones cívicas de un real escrutinio público. Se tiene legislación y normatividad que obliga a la rendición de cuentas de los servidores públicos. Se tiene de parte del Ejecutivo una Secretaria de la Función Pública, una Auditoría Superior de la Federación dependiente del Legislativo, un organismos autónomo como el Instituto Federal de Acceso a la Información y una organización no gubernamental como Trasparencia Mexicana. Se dispone de presupuesto y un ejército de burócratas. Y todo ese conglomerado de recursos de nada ha servido ante la exhibición que Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista han hecho del secretario en Gobernación Juan Camilo Mouriño.

Ahora resulta que se trata sólo de siete contratos que firmó Mouriño con PEMEX en su calidad de apoderado de una empresa familiar, siendo el exhibido servidor público en funciones. Se dice que no fue mucho dinero y que ni beneficio mucho a la familia, que otros hacen lo mismo. Pero el problema no son siete contratos, que hubieran sido más sino lo frena a tiempo uno de sus allegados, presumiblemente. El problema es que el funcionario no se cuestionó moralmente la incompatibilidad entre el servicio público y la representación empresarial en una área de claro conflicto de intereses. El patrimonialismo se le dio tan naturalmente, como a sus antepasados peninsulares en tiempos de la Colonia.

Si el día 28 febrero declaró, después de una insustancial explicación, que no iba a perder el tiempo atendiendo el ataque de los que sólo actúan por dolo y mezquindad, pronto faltó a su palabra y se dedicó a dar entrevistas exclusivas en las que era tratado entre algodones, lo que en nada abonaba a su causa. Fue hasta el martes pasado que Mouriño decidió encauzar legalmente su defensa, demasiado tarde para su imagen pública. Tan dañado está, que ha sido desde Los Pinos que se ha ordenado la defensa del funcionario, lo apapachan mostrando inusual pasión. Desde el gobierno se asumen costos sin importar la depreciación de Mouriño como interlocutor non de la agenda nacional.

El gobierno ha optado por empapelar el asunto dejándolo en manos de la PGR, la que seguramente no hará una investigación imparcial. Blanquear los siete contratos no les representará mayor problema si lo que se quiere es evitar una investigación a fondo y asegurar la exculpación. Lo que no se puede ocultar es que Juan Camilo llegó a Gobernación para darle cohesión a un desdibujado gabinete y ese propósito no se ha visto colmado en dos meses de gestión. Y el problemón es que se ha juntado la duda sobre la honorabilidad del funcionario y el proceso de reforma energética. Torpemente se quiere abrir paso en este debate con spots, de la misma manera Fox quiso impulsar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al tiempo que el presidente Calderón se dedica a defender a su favorito por interpósitas personas, no de manera tan abierta como Fox sí lo hizo con Marta Sahagún.

A todo esto hay una historia soterrada en PEMEX durante la gestión calderonista, que no ha salido a la luz pública salvo por esporádicas filtraciones, el intervensionismo de Mouriño en la gestión de Jesús Reyes Heroles González Garza. Ya desde el inicio de esta administración se ha mencionado la incrustación de directivos leales a JCM, la inducción de contratos con el cuidado de no dejar firmas documentadas. Durante todo el año pasado aparecían menciones de una inminente salida del director de PEMEX. Para no ir más lejos, el tema fue retomado por el periodista Roberto Rock (El Universal) a propósito del nombramiento de Mouriño. “Una encomienda expresa del presidente Calderón al nuevo huésped del Palacio de Covián es negociar la reforma energética, que tantas ambiciones despierta entre consorcios nacionales y extranjeros interesados en repartirse al cada vez más debilitado Petróleos Mexicanos. De su director, Jesús Reyes Heroles, se asegura que ha renunciado en tres ocasiones, desesperado por la falta de apoyo. Líderes sindicales de Pemex confiaron a este espacio que a finales del año pasado un “alto personaje” de Los Pinos les confirmó que la salida de Reyes Heroles ocurriría en las primeras semanas de este 2008. ¿Quién habrá sido el intrigoso que reveló semejante secreto?”

Por eso es exagerado concluir que el affaire Mouriño es proveído por una sola fuente: la maldad de AMLO. Es, eso sí, resultado de la disputa extra institucional entre las élites.

Y sobre la base del escándalo una triste realidad que no se reduce a un personaje, ni a un sólo partido: el escrutinio público no es una institución sólida del Estado Mexicano.

Tráfico

Ni el recorrido por medios electrónicos, ni el arropamiento de Acción Nacional, han sido suficientes para sacar de terapia intensiva a Juan Camilo Mourino. Según la encuesta semanal de María de las Heras, que presenta Milenio Diario, el 85% de los entrevistados considera que JCM debe renunciar al encargo de secretario. Ni su biografía, ni la descalificación de sus adversarios, ni los argumentos legaloides han sido capaces de persuadir a la opinión pública de la mancha que degrada al brazo derecho del presidente Felipe Calderón.

En el fondo, la crisis de comunicación se da en el contexto de una lucha política que no cerró el proceso electoral del 2006. Mouriño está a merced de radio y televisión, del apoyo de las bancadas del PRI en el Congreso. Ni con todo el peso del Ejecutivo, ni con el apoyo de su partido puede salir del marasmo en el que se encuentra el secretario en Gobernación. Y en toda esta defensa los argumentos éticos han brillado por su ausencia, generando una verdadera crisis de conciencia del panismo.

Por el mes de agosto del año 2003, una senadora del PAN, Maria Luisa Calderón Hinojosa, lanzó una iniciativa de reforma al artículo 62 de la Constitución, con el fin de atacar el trafico de influencias de los legisladores, de manera señalada del entonces senador Diego Fernández de Cevallos. La iniciativa no fue aprobada, pero de ella quedan registros de su argumentación moral que convendría compartir en estos días de asedio y soledad que se viven en el antiguo Palacio de Covián:

“Para que el ejercicio de este Poder Público mantenga su legitimidad, no sólo por su origen, sino por su ejercicio, es necesario que se apoye no sólo en las bases de legalidad, sino en principios éticos que aporten elementos de transparencia, consistencia y rendición de cuentas de la actuación cotidiana de los legisladores.

“...para una gran mayoría de los ciudadanos, el trabajo del Legislador no reporta un bien palpable en la comunidad... en el ciudadano persiste la sensación de que la representatividad que mediante el voto depositado para el legislador, ha sido traicionada cuando percibe que su legislador se ocupa en tareas ajenas a su responsabilidad.

“Es en el ejercicio de esta facultad en donde el legislador como parte de un cuerpo colegiado tiene oportunidad de establecer relaciones de solidaridad justas y equilibradas o en caso de ocuparse al mismo tiempo de otras actividades como prestador de servicios, caer en comportamiento abusivo, no ético, incompatible con el carácter de proveedor de reglas justas para la convivencia y el bien común... Esta relación pone al legislador en condición de privilegio en su calidad de prestador de un servicio al poder público o frente al poder público respecto de otros prestadores de servicios que no tienen al mismo tiempo el poder de legislador. A esta ventaja suele llamársele tráfico de influencias o abuso de poder.”

Expuesto lo cual, la legisladora proponía lo siguiente:

“Artículo 62.- Los diputados y senadores, propietarios, durante el período de su cargo no podrán desempeñar ninguna de las siguientes comisiones o empleos.

”Fracción primera. De la Federación o de los Estados, por los cuales se disfruta de sueldo.

”Fracción segunda. De gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario, o miembro del directorio de personas físicas y morales, que tienen con el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos.

”Fracción Tercera. Cargos similares en empresas que durante el mandato de legislador obtengan concesiones del Estado, mismas que comprendan la voluntad de aquel, de permitir, autorizar, conceder, o en cualquier forma acordar la participación de terceros en actividades relacionadas con el Estado.

”Y fracción cuarta. Como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares, en negocios, o asuntos judiciales por sí o por interpósita persona, cuando la contraparte o el contratante sea una autoridad ratificada, nombrada, no objetada o cualquier otra forma de designación por cualquier cámara, comisión u órganos del Congreso.

”En todos estos casos, sin licencia previa de la cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación.

”La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.”

La iniciativa fue desechada, no obstante, la argumentación sigue vigente. Quién iba a decir que el pensar de la hermana de Felipe Calderón se convertiría en una condena moral de los manejos del amigo más querido del Presidente. Qué drama.