El proceso legislativo de la
llamada nueva Ley de Amparo no ha concluido y ya patalean los que se sienten
aludidos. Televisa, TV Azteca, Telmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la
Confederación Patronal de la República Mexicana, consideran que la norma ya
avalada en San Lázaro significaría un regreso al autoritarismo y una amenaza
para la libertad de expresión. No sé de dónde sacan eso. O sí sé. Les molesta
el hecho de que se sitúe al interés público como eje, uno de los ejes, articulador
del Estado mexicano.
Durante las últimas décadas, los gobernantes se han desgastado
por complacer a la iniciativa privada, el resultado es un Estado debilitado al
que le ha resultado insuficiente su recomposición a través de los organismos
autónomos. Desde la propagación de la violencia del crimen organizado hasta el
surgimiento de los grupos de autodefensa, las policías comunitarias, se expresa
la magnitud del deterioro institucional. Una pendiente y una debacle del Estado
que demanda una rectificación, pues no hay garantías individuales sin un Estado
fortalecido.
Lo que tenemos ahora es un Estado sometido a los intereses de un
puñado de empresarios que han sacado provecho de la debilidad del Estado y,
luego, socarronamente culpabilizan a los gobiernos y a los políticos, asumiendo
una representatividad ciudadana que ellos mismos, los empresarios, se han dado,
pero no representa ni ha representado a la ciudadanía.
Los términos de la nueva ley darán
vigor a las instituciones, sobre todo porque tendrá congruencia con el precepto
constitucional definido, por ejemplo, en el Artículo 27 de la Carta Magna. Se
apunta en el horizonte un renacer de lo público hoy sepultado.
Según lo narra La Jornada, la nueva ley es la
culminación de un proyecto largamente madurado, gestado en la Suprema Corte de
la Nación y configuró en iniciativa en el año 2000. Han pasado más de diez años
y ahora le toca al Senado revisar las correcciones hechas por los diputados,
aprobar la ley y poner en manos del Ejecutivo para su publicación. No se está
ante una improvisación. Es un proceso dilatado de estudio, elaboración y debate
que merece la mayor consideración y respeto, devolver al interés público su
majestad por encima de la codicia.
No es una legislación aislada y
tiene que verse dentro del conjunto de reformas que se abren paso en el
Congreso. Una muy esperada y complemento de la nueva Ley de Amparo se refiere a
la transparencia y rendición de cuentas, la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción. Del mismo modo se espera un balance de la reforma a la Administración
Pública Federal que nos informe del estado desastre que se encontró y las
inercias que apoltronan a la “gerencia” blanquiazul y obstaculizan al nuevo
gobierno.
Que la nueva ley se haga
realidad.
