“Vicente Fox, lelo en cuestión de
administración pública, tuvo la corazonada de no invitar al Verde a su gabinete”
Quintana Roo fue un territorio de
la república mexicana donde la Marina y la Defensa tenían la estratégica
incumbencia federal casi en exclusiva. Chetumal era la ciudad a donde ir para comprar fayuca (palabra ininteligible
para las generaciones nacidas después del inicio y avance de la apertura
comercial). Con el presidente Luis Echeverría (1970-1976) se tomaron tres
decisiones para cambiar el bello y salvaje territorio, apreciado por su mar
Caribe de azul cristalino y su selva acicalada por el cambio de estación, verde
en la temporada de lluvias, marrón y amarillo durante el estiaje. Echeverría lo
pobló, primero, con el impulso de la política agraria basada en la figura de
los Nuevos Centros de Población Ejidal; después tramitó la condición de Estado
de la república al territorio quintanarroense y así Chetumal se transformó en
una ciudad burocrática; tercero, Echeverría fundó el desarrollo turístico más
exitoso que ha tenido México: Cancún.
Si en ese entonces la legislación
ambiental hubiera existido, razones habría para acusar ecocidio la construcción
de Cancún y a la población que arribó de ecocidas. Pero resulta que es a partir
de diciembre de 1987, fecha en la que entró en vigor la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando claramente se
estableció un antes y un después, qué sí y qué no obligado para el Estado y la
sociedad. Un parteaguas. De esa legislación derivaron normas, figuras y
procedimientos, incluyendo aparato burocrático, programas y presupuesto. Todo
un sector de la administración pública.
Cancún ha sido el laboratorio para
la aplicación de la regulación ambiental. En Cancún se ha ensayado
repetidamente uno de los instrumentos de planeación más avanzados para proteger
el medioambiente y alcanzar el equilibrio ecológico: el ordenamiento ecológico
territorial. Presiones de autoridades, políticos y empresarios han encarecido
el potencial de este instrumento. Por otra parte, el procedimiento de la
manifestación de impacto ambiental (MIA) establecido con el fin de reducir o
atenuar las afectaciones al ambiente ha resultado corruptible desvirtuando su
propósito, generador de patentes de corzo que inhiben el cuidado del medio ambiente.
Es común encontrar en la legislación clausulados que habilitan la excepción de
la norma y dan origen a la máxima hágase
pero no se cumpla, es el caso de la MIA. Por eso con todo cinismo la
autoridad presume legalidad. ¡Fue legal! Es admiración muy usada en los últimos
tres años. El abogado de FONATUR la refrenda.
La ribera de la Laguna Nichupté
ha sido devastada, el malecón y proyecto inmobiliario Tajamar es el último
clavo al ataúd, ya desde 1993 se había creado un subcomité de protección de
este sistema lagunar formado por los tres niveles de gobierno. Por qué se
retrocede en lugar de avanzar. Desde siempre, las organizaciones empresariales
han dicho que la Ley ambiental no es amiga de las inversiones. Los distintos
gobiernos, por su parte, todos los días trabajan para atraer inversiones. Se
junta el hambre con la necesidad. La lógica de las inversiones muchas veces se
contrapone a la lógica de la naturaleza. Tajamar es la enésima prueba.
