Baja California

Tropezarse con la misma piedra. Hacia allá va el proceso electoral en curso del estado de Baja California.

El curso legal de la contienda ha dejado fuera a Jorge Hank Rhon, candidato a gobernador inhabilitado por el tribunal electoral de esa entidad. El miércoles 20 de junio, con el voto de dos magistrados, se dictaminó que el empresario no podía continuar como candidato en virtud de que viola la constitución local, la cual prohíbe a todo ciudadano a postularse por cualquier puesto de elección mientras no se haya concluido un encargo precedente obtenido en las urnas por parte de ese ciudadano.

La decisión del tribunal se ajusta a la norma inscrita en el artículo 42, la cual pintorescamente se le conoce como Ley antichapulín. La cuestión es por qué no lo hizo el Consejo Estatal Electoral a la hora del registro del ing. Hank el mes mayo. Por qué se dejó correr una candidatura que contravenía un lineamiento de la constitución local. En una contienda donde otro candidato, José Guadalupe Osuna del PAN lleva la ventaja en las encuestas, su más fuerte contrincante o el único que la hacía sombra, ha quedado fuera de combate por una decisión del tribunal.

El problema es que otra vez la legalidad no se encuentra en buenos términos con la legitimidad. Esa contradicción fue una razón para encarecer la credibilidad de los procesos electorales de la época priísta, eran legales pero estaban cargados a validar la continuidad del partido gobernante. Ese encarecimiento ha sido uno de los ejes motivadores de la serie de reformas electorales (locales y federales) en los últimos treinta años. En los hechos, se le está entregando al PAN una gubernatura antes de que ocurra el proceso comicial. Repetición de un pasado donde todo quedaba alineado para asegurar el dominio de un solo partido, donde la competencia creíble no tenía lugar.

Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene en sus manos el Juicio de Revisión Constitucional interpuesto por Hank Rhon para que le sea restituido el derecho a ser votado que la Constitución le confiere a todo ciudadano. El tiempo está encima, la coalición del PRI tiene hasta el día 5 de julio para sustituir candidato, las boletas electorales deben quedar impresas veinte días antes de las elecciones del 5 de agosto.

No ha sido la ignorancia de los consejeros estatales la que ha llevado a esta desacreditación de la disputa electoral de Baja California. Si no es así, entonces ha sido la malicia encaminada a desbarrancar una candidatura y el proceso en su conjunto. La resolución de la última instancia, cualquiera que esta sea, no podrá ocultar que el proceso fue dañado, pues poner a los tribunales como factotum del ejercicio comicial pone en segundo plano la votación misma.

Y nadie se puede llamar sorprendido. Ya la actual Presidencia de la República tuvo que ser dirimida en una disputa judicial porque no dejó conformidad el resultado del 2 de julio pasado.

Lo que suceda en Baja California no se limita a un asunto judicial, ni al perfil luciferino que se le atribuye a Jorge Hank. Conocer a fondo la actual correlación de fuerzas en ese estado es verdad de Perogrullo.

El clavo

Un clavo saca otro clavo, dice la conseja popular. Efectivamente, ese ha sido el efecto inmediato a la presentación de la propuesta fiscal presentada por el Ejecutivo la semana pasada. Los saldos sangrientos del combate al narcotráfico se dejan de contar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un descanso mediático. Un nuevo debate gana los reflectores sin que se concluyan los que quedaron abiertos.

Ahora se sabe que la llamada guerra contra el crimen organizado se comenzó con mandos policiales federales incapaces y el gobierno, seis meses después, los ha removido para que vuelvan a la escuela, a recalificar sus notas, pues en la práctica no dieron resultados esperados. Así como si nada. Ni un usted disculpe a la ciudadanía. Mucho menos una investigación que dé cuenta de la falla estructural. No se ve al presidente Calderón hacer cadena nacional de radio y televisión para desgarrarse las vestiduras, la grandilocuencia patriotera se quedó guardada en el cajón del escritorio presidencial.

De la Ley Televisa todavía queda algo de los lamentos exclamados ¡Se ha dejado escapar el tren de la tecnología! ¡El rezago es nuestra costumbre! Cuando bien primero debería subirse al tren de la transparencia. Cuando bien se podría dejar el tráfico de influencias fuera de las decisiones legislativas y judiciales. Pero no sucede así, no tiene lugar. Literalmente es una utopía esperar civilidad republicana. No ha salido el país del imperio del agandalle. Es más, dicho imperio se ha fortalecido, pues las convicciones personales del gobernante hoy en día son más fuertes que sus obligaciones públicas. Ahí están los trascendidos de cómo se pasean las sotanas en ese templo del laicismo que fue la residencia de Los Pinos.

El asunto es que a la reforma fiscal le toca estelaridad, el a priori especulativo diserta en contrapunto sin mediación. La reforma es mínima pero es algo, de aquí a dos años se completa. Dice un bando. La reforma es el nuevo parto de los montes, aprieta a los causantes cautivos sin asegurar la ampliación de la base de contribuyentes, responde otro bando.

La verdad que cae como plomo es que, bien a bien, el ciudadano común no tiene el cuadro completo. Sobre todo por lo que se refiere al destino de lo que se espera recaudar. El gobierno dice que el objetivo de la reforma recaudatoria es disponer de más recursos para abatir la desigualdad y la pobreza. Lo grita a los cuatro vientos, quiere que todos lo escuchen: Felipe Calderón ha tomado la bandera de primero los pobres pues la casaca militar que se puso al inicio de su gestión ya le llagó la piel. Está a tiempo de cambiarse la chaqueta.

Pero también se esgrime otro objetivo desde el gobierno, aunque sin menos estruendo, en el tono bajo de una sutiliza técnica que no llega al registro de toda la audiencia. Hay que evitar la quiebra de las finanzas públicas presionadas por el compromiso de las pensiones, los pidiregas (deuda gubernamental para financiar el sector energético sin la autorización del Congreso contraída en la administración de Ernesto Zedillo) Este objetivo, el de salud financiera tiene una lógica semejante al llamado Fobaproa, de no realizarse se anuncia el desastre nacional. La viabilidad del país en riesgo. En el fondo se quiere dejar bien enterrado el estatismo y de eso está convencida la actual administración de Calderón. Ya veremos que resultados se tienen de aquí al año 2010.