Uno de los argumentos preferidos
de la tecnocracia fue el de exhibir las rentas institucionales, ello con el fin
de disminuir las insuficiencias del sector público y así reducir las distorsiones
de los mercados. Así se fue arando el terreno de las privatizaciones. Al correr
de los años, sucesivas administraciones se encargaron de legitimar las rentas
institucionales para viejos y nuevos rentistas, sobre las que se estableció la
base social del llamado neoliberalismo y se dio aliento a sus propagandistas.
El gobierno del presidente López
Obrador llama a cuentas el dispendio de estas rentas. Carlos Urzúa tiene la
tarea de purgar esos dispendios con el propósito de hacer viables los programas
sociales del gobierno. Las medidas generan reacciones antes que propuestas proactivas.
Para qué le mueven si todo como está se puede hacer llevadero protestan los
rentistas.
Las rentas institucionales son
una modalidad de asignar recursos obviando en lo posible el funcionamiento del
mercado. Si se disponen al logro de la equidad son subsidio, si se diseñan para
incrementar la desigualdad económica bien se les puede llamar infamia
económica. Dentro del catálogo de estas últimas, dos arrojan números
multimillonarios; 1) Los contratos leoninos que empresas celebran con el sector
público. Se inflan costos y, si se puede, se crean cláusulas de penalización
onerosas para el erario o que inducen al endeudamiento; 2) las exenciones
fiscales que se les otorgan a las grandes empresas afectando la hacienda
pública.
De ahí para abajo existen otro
tipo de dispendios. Es el caso de la publicidad gubernamental cuando tiene
anuncios garantizados y se excede en gastos para ese rubro. Organizaciones
campesinas utilizadas para el enriquecimiento de sus líderes sociales. Despachos,
sociedades y asociaciones civiles de dudoso apoyo a la mejora del servicio
público, por el contrario, en algunos casos con vocación de apoyar el
desmantelamiento de lo público. Repudian el estatismo y viven de recursos
públicos.
Sé está haciendo una
rectificación de la política pública que hizo lo que en otros países desarrollados
no se atrevieron a hacer: afectar los servicios de salud, la educación y el
sistema de pensiones, entre otras cosas.
Quién se opone a la maximización
del uso de los recursos públicos, el que se beneficia del dispendio. Ahora se
esclarece que el dispendio no se debe sólo a una mala disposición del sector
público, es una compulsión ligada a la alta concentración de la riqueza. El
vicio y la virtud, según el cristal a través del que se mire.
