Estamos en una nueva fase de
combate al coronavirus SAR-COV2. Con el programa de vacunación la inmunización
de la población es generalizada. Ante los constantes ataques hacia sus
personas, las autoridades responsables de salud salieron adelante, sin bajar el
nivel del diálogo soportaron descalificaciones e insultos, no desmayaron hasta
declarar misión cumplida. La reconfiguración de los servicios públicos de salud
es el nuevo reto.
Lenta, aunque no con la velocidad
que se desearía, las acciones contra la inseguridad se abren paso. En lo personal
me gusta esa sección de la mañanera que lleva el nombre de “cero impunidad”, un
parte policíaco sobre la comisión de homicidios y la persecución de los
presuntos criminales. Extrañamente, los periodistas que asisten a la mañanera
no preguntan sobre lo informado, tampoco los medios tradicionales insisten en
la difusión de lo ahí vertido.
Abril del 2022 quedará en el
calendario como el mes en el que se restituyó, al menos parcialmente, la soberanía
energética. Un álgido debate parlamentario, sin acuerdos definitivos pues se
malograron el día de la votación. Con nitidez se pudo apreciar la diferencia
entre la representación popular y la representación de intereses particulares
que comparten el Poder Legislativo, aunque formalmente todos o casi todos son
representantes populares.
Cierra el mes con el anuncio en
sociedad de la iniciativa presidencial de reforma política electoral. Un tema
siempre abierto y sigue sin encontrar la versión definitiva, es ya la discusión
de mayo. Desde 1977 levamos reforma tras reforma, se avanza para finalmente
darnos cuenta de que en los detalles técnicos está el diablo. Sería bueno que
la comisión encargada elaborará una exposición de motivos, en la cual se enlistaran
los vicios detectados a lo largo del tiempo. Pablo Gómez está muy al tanto de
ello, pues la discusión de las distintas reformas políticas son parte de su
vida.
Porque el dinero, antes que los
diversos intereses populares, diluye el pluralismo y desvanece los principios
que supuestamente distinguen a los partidos. Si los principios prevalecieran no
existiría el “chapulinismo” ni los “moches”. Pareciera que el diseño de
instituciones electorales tuviera como fin el enriquecimiento de los políticos
para sustraerlos del servicio público al que los obliga el voto popular. Y qué
decir de la tecnocracia que dirige al INE, al servicio de intereses partidarios
y de un grupito de universitarios, totalmente despreocupada por tomar el pulso
al sentir popular. Se ciñe a un guion de contaduría y administración electoral.
Más allá de lo electoral, una
reforma política profunda tiene que poner límites claros entre la política como
profesión al servicio de los ciudadanos y la política como palanca de enriquecimiento
particular. Si en algo se han significado las anteriores reformas es por la
distribución de recursos públicos, de bolsas de billetes, que terminan por
enajenar a los políticos de sus principios y de lo que dicen representar. En
este sentido, 1988 fue un antes y un después. Los líderes panistas pasaron de
la medianía a la riqueza. A los priístas les surgieron virtudes empresariales
con cargo al erario. En el balance de 45 años de reformas, el dinero ha sido el
corruptor de la democracia.
