El gobierno de la ciudad de México ha concluido el desalojo del inmueble expropiado en el barrio de Tepito, en el número 40 de la calle Tenochtitlán. Edificio conocido en los bajos fondos como La Fortaleza, hábitat de familias que operaba a la vez como trasiego del narcomenudeo. La acción del gobierno local se estableció con base al decreto expropiatorio del inmueble mencionado y que se expidió la semana pasada.
La expropiación, acto no bien visto desde la escala de valores del titular del Ejecutivo federal y por no pocos analistas, encontró la oposición inmediata de la Coparmex y los medios que le hacen eco. El argumento: la inviolabilidad de del derecho de propiedad, la defensa de una garantía individual. No defienden la motivación de la expropiación, el interés público que puso en la balanza a la seguridad frente a la propiedad.
El gobierno de la Ciudad le dio asiento legal a su operativo, si lo hizo bien o mal eso lo dirá el Poder Judicial si se inconforman los afectados. Recordar el absurdo de la expropiación de algunos ingenios azucareros en el sexenio pasado, que por mal fundamentado terminó por ser revertido en la Corte. El operativo reabrió un debate que no pocos quisieran superado desde la óptica neoliberal, el conflicto entre el interés público y el interés privado, pero que está debidamente acotado dentro de la Constitución.
El gobierno de Marcelo Ebrard ha echado mano de un recurso, el de la expropiación, para combatir eslabones débiles del crimen organizado. Lo hace conciente de su responsabilidad, de que se trata de una medida extrema para combatir una parte de la cadena delictiva, pero que en el fondo requiere de un trabajo de inteligencia, en una área donde la competencia federal y local es zona gris.
Ebrad adoptó una medida no considerada en otras entidades, mucho menos en la administración de Felipe Calderón. Uno destaca la administración de la acción punitiva, mientras la autoridad federal decidió poner por delante la fuerza del Ejército y la Armada de México. No son medidas que se contrapongan, tampoco son suficientes. Por algo, el secretario de la Defensa acentuó: “No buscamos hacer la guardia que no nos toca, pero de ninguna manera queremos dejar de hacer la que nos corresponda, la que el país nos exija, la que las leyes nos mandan y la que nuestro Comandante Supremo instruya.” A resguardo de las facultades metaconstitucionales, para el buen entendedor.
Ni la administración del combate a la delincuencia, ni el despliegue de fuerza, se verán favorecidos sin el trabajo de inteligencia que requiere la colaboración del sistema bancario, de Hacienda, incluso de la iglesia católica, para atacar los intereses económicos de la delincuencia organizada que se parapetan en el derecho de propiedad.
Lo que no se puede aceptar es que dos niveles de gobierno, guiados por su propio celo del deber, no encuentren la colaboración que la ciudadanía les demanda. Si por mucho tiempo se postergó la elección directa de las autoridades del Distrito Federal, si todavía no ha sido reconocido el DF como la entidad 32 de la república, en mucho se ha debido a la falta de los términos de influencia recíproca que pavimenten una relación de confianza entre ambas autoridades.
En 1999, el paro en la UNAM, impuesto por el CGH, dejó ver como la no colaboración obstruía la acción concertada de la autoridad. El gobierno de la Ciudad argumentaba su no intervención porque veía al conflicto de competencia federal, aunque a trasmano subsidiaba a lideres del movimiento. Fue hasta la caída del entonces Rector, Francisco Barnés, que se abrió paso un puente de colaboración a través de un nuevo Rector, Juan Ramón de la Fuente. Sólo entonces se facilitó la entrada de la Policía Federal y la conclusión incruenta del conflicto.
El sexenio pasado no sólo faltó colaboración o fue muy escasa. La sucesión presidencial enfrentó a la autoridad federal con la local, el desafuero fue expresión de ese enfrentamiento, pero no el único. El mismo Marcelo Ebrad estuvo relacionado en lamentable linchamiento de agentes de la federal preventiva, que en directo y red nacional, fue presenciado por todo el país.
Las lecciones son claras: una establece que los derechos de propiedad no pueden ser escudo de la actividad delictiva; la otra señala que las zonas grises que se dan en el combate a la delincuencia entre autoridades de distinto nivel son un hueco de la seguridad nacional.
La expropiación, acto no bien visto desde la escala de valores del titular del Ejecutivo federal y por no pocos analistas, encontró la oposición inmediata de la Coparmex y los medios que le hacen eco. El argumento: la inviolabilidad de del derecho de propiedad, la defensa de una garantía individual. No defienden la motivación de la expropiación, el interés público que puso en la balanza a la seguridad frente a la propiedad.
El gobierno de la Ciudad le dio asiento legal a su operativo, si lo hizo bien o mal eso lo dirá el Poder Judicial si se inconforman los afectados. Recordar el absurdo de la expropiación de algunos ingenios azucareros en el sexenio pasado, que por mal fundamentado terminó por ser revertido en la Corte. El operativo reabrió un debate que no pocos quisieran superado desde la óptica neoliberal, el conflicto entre el interés público y el interés privado, pero que está debidamente acotado dentro de la Constitución.
El gobierno de Marcelo Ebrard ha echado mano de un recurso, el de la expropiación, para combatir eslabones débiles del crimen organizado. Lo hace conciente de su responsabilidad, de que se trata de una medida extrema para combatir una parte de la cadena delictiva, pero que en el fondo requiere de un trabajo de inteligencia, en una área donde la competencia federal y local es zona gris.
Ebrad adoptó una medida no considerada en otras entidades, mucho menos en la administración de Felipe Calderón. Uno destaca la administración de la acción punitiva, mientras la autoridad federal decidió poner por delante la fuerza del Ejército y la Armada de México. No son medidas que se contrapongan, tampoco son suficientes. Por algo, el secretario de la Defensa acentuó: “No buscamos hacer la guardia que no nos toca, pero de ninguna manera queremos dejar de hacer la que nos corresponda, la que el país nos exija, la que las leyes nos mandan y la que nuestro Comandante Supremo instruya.” A resguardo de las facultades metaconstitucionales, para el buen entendedor.
Ni la administración del combate a la delincuencia, ni el despliegue de fuerza, se verán favorecidos sin el trabajo de inteligencia que requiere la colaboración del sistema bancario, de Hacienda, incluso de la iglesia católica, para atacar los intereses económicos de la delincuencia organizada que se parapetan en el derecho de propiedad.
Lo que no se puede aceptar es que dos niveles de gobierno, guiados por su propio celo del deber, no encuentren la colaboración que la ciudadanía les demanda. Si por mucho tiempo se postergó la elección directa de las autoridades del Distrito Federal, si todavía no ha sido reconocido el DF como la entidad 32 de la república, en mucho se ha debido a la falta de los términos de influencia recíproca que pavimenten una relación de confianza entre ambas autoridades.
En 1999, el paro en la UNAM, impuesto por el CGH, dejó ver como la no colaboración obstruía la acción concertada de la autoridad. El gobierno de la Ciudad argumentaba su no intervención porque veía al conflicto de competencia federal, aunque a trasmano subsidiaba a lideres del movimiento. Fue hasta la caída del entonces Rector, Francisco Barnés, que se abrió paso un puente de colaboración a través de un nuevo Rector, Juan Ramón de la Fuente. Sólo entonces se facilitó la entrada de la Policía Federal y la conclusión incruenta del conflicto.
El sexenio pasado no sólo faltó colaboración o fue muy escasa. La sucesión presidencial enfrentó a la autoridad federal con la local, el desafuero fue expresión de ese enfrentamiento, pero no el único. El mismo Marcelo Ebrad estuvo relacionado en lamentable linchamiento de agentes de la federal preventiva, que en directo y red nacional, fue presenciado por todo el país.
Las lecciones son claras: una establece que los derechos de propiedad no pueden ser escudo de la actividad delictiva; la otra señala que las zonas grises que se dan en el combate a la delincuencia entre autoridades de distinto nivel son un hueco de la seguridad nacional.
