El huracán sigue girando en el
mismo sitio, estacionado, sin desplazamiento ni dispersión, exponiendo la
fragilidad de las instituciones. Así se encuentra la resolución
jurídico-política sobre los 43 jóvenes desaparecidos por policías municipales,
jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En estas condiciones de
indefinición permanente, Ayotzinapa es cauce para un torrente en el que
confluyen rabia, resentimiento y rencor acumulados por la sociedad civil,
debido a causas específicas y diversas,
que hacen una mezcla incendiaria de inconformidad entre la población. En medio
del torrente la ruindad se aparece para lucrar con la desgracia, Morena y el
PT. Sólo estas agrupaciones sabrán por qué lo hacen.
A la intemperie, expuesta en su
indefensión, la ciudadanía se pregunta en qué punto se perdió la promesa de un
México reformado por el ensalmo del mercado y las elecciones “libres”, dónde no
se terminó por distinguir entre el cambio y el quebrantamiento constitucional
(Este giro a consideración de la lectura de Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza Editorial, 2011. Un clásico
polémico del año 1927)
Cambios muy efectivos para
recrear un mundo feliz a los magnates como Emilio Azcárraga, Albertos
Bailleres, Claudio X. González, Roberto Hernández, Germán Larrea, Ricardo
Salinas, Carlos Slim, entre otros. Cambios efectivos para consolidar una clase
política aburguesada en el papel de palafrenero, sometida al patronazgo de los
que amasan grandes fortunas en México. Nada más ver a los políticos en la
cumbre de negocios que se está celebrando en Querétaro, donde uno de los “Chuchos”,
Graco Ramírez, se rasga las vestiduras. Además, el organizador es un modelo
familiar de hacer fortuna aprovechando los cargos públicos, Miguel Alemán
Velasco.
Quebrantamiento constitucional
del pacto social y su correlato de violencia, quebrantamiento por sobre el cual
ha medrado y se ha impuesto el violento
en su personificación de la delincuencia organizada. Se exhibe un gobierno
vulnerable en todos sus niveles, pero sobre todo el municipal. Un Nuevo México
sin cimientos en el gobierno local. Un Nuevo México que no construyó la
distinción pertinente, la separación justa entre los negocios privados y los
asuntos públicos. Así, de la mano de la tecnocracia ha vuelto el México bronco
(Expresión de Jesús Reyes Heroles para conjurar el mal al momento de la reforma
política de 1977)
Síntoma de la descomposición por
no distinguir lo público de lo privado, es la formación de organizaciones
aberrantes como la Conferencia Nacional de Gobernadores y las diversas
asociaciones de presidentes municipales surgidas al calor de la primera
alternancia ¿Para qué sirven? De plataforma para la promoción política en el
foro nacional. Fundadas en el derecho civil pero sin sustento en el derecho
público ¿Qué han hecho para contener la influencia del crimen organizado?
Cínicamente se justificarán diciendo que es un asunto federal, del gobierno
federal. En los hechos se han limitado, por omisión o acción, a pactar con el
crimen una coexistencia ruinosa para la ciudadanía.
En todo este desorden circular,
en repetición, desde el 26 de septiembre –hace ya más de un mes- lo sucedido en
Iguala, Guerrero, ha traído una serie de inculpaciones y exculpaciones entre
actores políticos. De manera directa e ineludible una fuerza política, el PRD,
queda estremecida al tiempo que descobija el esquema mafioso que se estila en
la asignación de las candidaturas políticas, sobre las cuales la autoridad
electoral queda totalmente al margen y en calidad de cómplice involuntario,
pues al final de la jornada sella la “legitimidad” de los delincuentes.
También queda afectado el
gobierno federal, no en el sentido de la falacia de crimen de Estado que
algunos argumentan. Más bien cabría hablar de indolencia de Estado. Adormecido
en el autoelogio de sus “logros”, el gobierno federal mostró reflejos lentos,
lentísimos. Escudándose en las normas medrosas del federalismo, no dispuso
acción política así fuera con una justificación administrativa de colaboración
para inducir la justicia efectiva y cierta, esclareciendo con prontitud los
hechos. Inicialmente, Peña Nieto dejó en manos del gobernador Aguirre Rivero la
solución ¡Vaya error!
La verdad histórica de lo que
pasó en Iguala ha quedado destrozada, pero no es difícil de reconstruir. No es recurriendo a
la convocatoria de “blindajes”, el recurso retórico a modo de los ineptos del
fallido proyecto ultraliberal, como se van a solucionar las cosas.
