Los poderes formalmente instituidos tienen que confrontar, atender mejor dicho, hacerse cargo de distintas inconformidades. Unas tiene una base sólida de legitimidad, por ejemplo, el malestar de los empresarios con las decisiones legislativas, el malestar del PRD con el resultado de la elección presidencial del 2006 o el malestar ciudadano contra la construcción de infraestructura o de obra urbana ( La Parota en Guerrero o la Torre Bicentenario en la Ciudad de México) Son confrontaciones que templan al poder, también lo destemplan.
Pero hay otro tipo de confrontaciones que ponen en entredicho la legalidad, que no son simple protesta. Es el caso de la delincuencia organizada o de la guerrilla, que no son lo mismo, cabe advertir.
El cuento es que frente a deliberaciones mayores que plantea el nuevo ciclo de reformas, cuyo signo distintivo es la política y la justicia, el narcotráfico y los grupos armados plantean un desafío que no se miden con el mismo rasero porque no son lo mismo.
Respecto al crimen organizado, una morena de Tijuana ha tomado por asalto la atención de los medios con el nobiliario mote de la Reina del Pacífico, su nombre Sandra Ávila Beltrán. Capturada el viernes pasado bajo el supuesto de que es operadora financiera de narcotraficantes, ante la barandilla no se presentaron mayores pruebas. La mueca ante tal desproporción es inevitable. Pero la mueca es geta mayor cuando uno se entera de que la susodicha tenía una vida de regalo de Hermosillo a Guadalajara, recalando en el Distrito Federal.
Es de sospecharse que no es un caso excepcional, pero sí es de lamentarse la ausencia de autoridad ante personas que con ostentación de riqueza amilanan, hasta nulificar, a los encargados de hacer valer la ley ¿Cuántos como Sandra o en la misma perspectiva sociodelictiva se pasean por el país como si nada? Pero el incordio se hace insoportable cuando la interrogación llega a la cuestión de que una legal acción del Estado produce un espantoso y homeopático derramamiento de sangre, mientras países consumidores como Estados Unidos o España no padecen tal conflagración y se pasean por el mundo como si nada.
Otro caso es el de la guerrilla, que con el fardo de desconocido financiamiento, se planta en el escenario nacional con justificaciones de carácter político. El caso concreto del EPR, que ha tomado un protagonismo no visto en sus ¿Diez? años de existencia, que después de las acciones explosivas de este verano pasado hace audible la marca de sus comunicados. El último, del martes de esta semana, con dos convocatorias. Una que pide una ley de amnistía. Propuesta no desdeñable porque de ella, en otras ocasiones, se ha logrado la disminución notable de la inconformidad subversiva, pero no sólo eso, la amnistía ha llevado a la vida pacífica a los guerrilleros y hasta llegan a ser representantes populares y servidores públicos amarrados a la nómina gubernamental.
La otra convocatoria fue directa a los empresarios, para que sirvan como intermediarios ante el gobierno a su exigencia de la presentación de dos dirigentes del EPR que están en calidad de desaparecidos. Extraña que una organización que se dice de izquierda no convoque a los empresarios, no los conmine a detener la espiral de la carestía de la vida.
En resumidas cuentas, se ha preparado un coctel envenenado que se ofrece precisamente en el momento en el que se despega un ciclo reformador. No es lo mismo protesta que transgresión, que no cunda la confusión, como le ocurre a Ricardo Salinas Pliego al frente de TV Azteca, que con su caballo mediático se ha metido a destruir el Senado, de manera parecida al proceder de El Barzón en San Lázaro.
Pero hay otro tipo de confrontaciones que ponen en entredicho la legalidad, que no son simple protesta. Es el caso de la delincuencia organizada o de la guerrilla, que no son lo mismo, cabe advertir.
El cuento es que frente a deliberaciones mayores que plantea el nuevo ciclo de reformas, cuyo signo distintivo es la política y la justicia, el narcotráfico y los grupos armados plantean un desafío que no se miden con el mismo rasero porque no son lo mismo.
Respecto al crimen organizado, una morena de Tijuana ha tomado por asalto la atención de los medios con el nobiliario mote de la Reina del Pacífico, su nombre Sandra Ávila Beltrán. Capturada el viernes pasado bajo el supuesto de que es operadora financiera de narcotraficantes, ante la barandilla no se presentaron mayores pruebas. La mueca ante tal desproporción es inevitable. Pero la mueca es geta mayor cuando uno se entera de que la susodicha tenía una vida de regalo de Hermosillo a Guadalajara, recalando en el Distrito Federal.
Es de sospecharse que no es un caso excepcional, pero sí es de lamentarse la ausencia de autoridad ante personas que con ostentación de riqueza amilanan, hasta nulificar, a los encargados de hacer valer la ley ¿Cuántos como Sandra o en la misma perspectiva sociodelictiva se pasean por el país como si nada? Pero el incordio se hace insoportable cuando la interrogación llega a la cuestión de que una legal acción del Estado produce un espantoso y homeopático derramamiento de sangre, mientras países consumidores como Estados Unidos o España no padecen tal conflagración y se pasean por el mundo como si nada.
Otro caso es el de la guerrilla, que con el fardo de desconocido financiamiento, se planta en el escenario nacional con justificaciones de carácter político. El caso concreto del EPR, que ha tomado un protagonismo no visto en sus ¿Diez? años de existencia, que después de las acciones explosivas de este verano pasado hace audible la marca de sus comunicados. El último, del martes de esta semana, con dos convocatorias. Una que pide una ley de amnistía. Propuesta no desdeñable porque de ella, en otras ocasiones, se ha logrado la disminución notable de la inconformidad subversiva, pero no sólo eso, la amnistía ha llevado a la vida pacífica a los guerrilleros y hasta llegan a ser representantes populares y servidores públicos amarrados a la nómina gubernamental.
La otra convocatoria fue directa a los empresarios, para que sirvan como intermediarios ante el gobierno a su exigencia de la presentación de dos dirigentes del EPR que están en calidad de desaparecidos. Extraña que una organización que se dice de izquierda no convoque a los empresarios, no los conmine a detener la espiral de la carestía de la vida.
En resumidas cuentas, se ha preparado un coctel envenenado que se ofrece precisamente en el momento en el que se despega un ciclo reformador. No es lo mismo protesta que transgresión, que no cunda la confusión, como le ocurre a Ricardo Salinas Pliego al frente de TV Azteca, que con su caballo mediático se ha metido a destruir el Senado, de manera parecida al proceder de El Barzón en San Lázaro.