Con el adiós al mes de junio, el mes más violento dentro de la guerra contra el narcotráfico, se superó la cifra de los cinco mil ejecutados (Milenio Diario 01-07-08). La advertencia del presidente Calderón sobre el costo sangriento se ha cumplido, pero no ha terminado el conteo, no se le ve el fin durante este sexenio.
Lo que no es sostenible es el enfoque estrecho, el encuadre exclusivamente criminal de policías contra delincuentes. El abordaje del combate al crimen organizado se le presenta aislado del contexto en el cual se produce, como si se tratara de una realidad contigua, pero no vinculada, a la realidad del conjunto del país. No se pregunta acerca del por qué un individuo o un grupo de individuos ha optado por este delictivo estilo de vida o por qué se elige el consumo reiterativo de drogas por parte de miembros de la sociedad.
Son preguntas elementales para empezar a indagar la conexión socioeconómica y financiera del crimen organizado, que permita construir una explicación con la cual el gobierno pueda hacer una alianza efectiva con la sociedad. La guerra contra el narcotráfico, hasta el día de hoy, es del gobierno. Sólo cuenta éste con la asistencia norteamericana a través de la iniciativa Mérida.
Pero lo que recrudece más el estado de guerra declarado por el gobierno a la delincuencia organizada es echar a andar un proceso reformador que no hace lo necesario por generar consensos amplios que alienten cambios constitucionales. Se prefiere apresurar por la vía de hechos consumados que no alcanzan la calidad de reforma sino de peligroso proceso de desinstitución del pacto constitucional.
Al mismo tiempo, se destempla la conciencia del alto funcionario respecto de lo público, empeñado en abandonar el lenguaje de un servidor del Estado y adoptando de manera acrítica la jerga empresarial como propia del servicio público. Abdicando del interés público para entregarse a sus motivaciones privadas, al grado de que su vida privada y sus fiestas personales son noticia, y lo que es peor, se usa la posición en el gobierno para incrementar la riqueza personal o de sus familias, lo que tanto se criticó a la clase política priísta. A esto se añade la mala suerte de la coyuntura económica internacional.
Así se llega, en estas condiciones, a superar la cifra de los cinco mil ejecutados, con un Estado debilitado y una sociedad dividida.
