“La sociedad concede al hombre la
idea de moralidad, pero no le ofrece la oportunidad de realizarla. La sociedad
debe restaurar al hombre en todo su ser, haciéndolo absolutamente social,
totalmente moral…El Contrato social pinta el cuadro de una sociedad donde los
hombres se ven restaurados en una unidad interior y exterior mediante el
triunfo de la voluntad social y moral.”
Judith N. Shklar
Consultar la opinión de los
gobernados permite mantener la conducción democrática ante eventuales
irregularidades de los representantes electos.
Conocer la verdad sobre la
comisión de crímenes de lesa humanidad y de corrupción, contribuye a mantener
la fe en la democracia.
Son estas dos afirmaciones que,
de principio, en su limpidez están libres de controversia en un régimen
democrático consolidado.
El primero de agosto recién, hace
ocho días, los mexicanos fuimos consultados. Los participantes abrumadoramente
dijeron sí, la disposición jurídica dijo no. El autoritarismo y la impunidad
celebraron el desencuentro entre la voluntad popular y la reglamentación de la
Consulta.
El entramado oligárquico se opone
y resiste, mantiene su negativa a consolidar la democracia. Su control sobre
los medios tradicionales de comunicación levantó una espiral de silencio acerca
del ejercicio, cuando habló por medio de sus articulistas y comentaristas lo
hizo en contra de la Consulta, incluso dos exconsejeros que presidieron el IFE
se montaron a la ola anti - consulta. Dos expresidentes festejaron el resultado
no vinculante, tienen sus razones. Uno tendría que explicar la riqueza mal habida
durante y después del cargo. El otro quiere escapar a proceso por los
asesinatos ejecutados por el Estado durante su gestión. Fox y Calderón.
Es el entramado oligárquico enquistado
en el Poder Judicial y en el artificio de los organismos autónomos, diseñados
para no desarrollar una identificación popular, al servicio de unos cuantos. Lo
que sucede en la COFECE, la CRE, el INAI y otros órganos de su especie es
indiferente al escrutinio del Pueblo. Si no fuera por la credencial de elector
y los días comiciales, el INE permanecería absolutamente aislado de la atención
popular. Son estos organismos los que constituyen un sistema de esclusas para
que el autoritarismo y la impunidad, los privilegios y el expolio de la riqueza
pública, puedan navegar con los menores contratiempos y sin riesgo de
naufragio. Pero eso se está acabando.
Así lo demanda el vergonzoso acto
de decapitación del presidente del tribunal electoral perpetrado por sus
compañeros de magistratura, mostrando el absolutismo con el que manejan su
autonomía dichos organismos. El ojo de la rendición de cuentas no se pone en
sus dominios, al tiempo que en los hechos esos organismos son capturados por
intereses parciales de grupos políticos y económicos. En particular el tribunal
mencionado, adscrito formalmente al Poder Judicial, pero se sustrae a su
influencia. Un adefesio jurisdiccional que desconoce la ejecución de
procedimientos que apelen a un poder constitucional para dirimir sus
diferencias. Pasaron por encima del Consejo de la Judicatura y del Senado para
consumar su acto faccioso. Eso hicieron cinco infames magistrados.
Vergonzoso.
