Qué hay en el fondo

43 estudiantes desaparecidos, después del ataque de policías municipales de Iguala, Guerrero, a una movilización de la Normal Rural Isidro Burgos. 26 de septiembre de 2014 es ya efemérides.

Estos hechos violentos han tenido recepción tal en la sociedad civil, al grado de incentivar marchas de protesta por todo el país.

Es lo que se ve en la superficie. Pero, qué hay en el fondo: el destape de un orden político que no encuentra como cubrir abusos e iniquidades provenientes de su propia configuración ejercidos en contra de la población. Orden político que desborda su recipiente electoral, formalmente democrático.

Si bien el proceso reformador de estructuras, con sus tres décadas a cuestas de implantación y ejecución, no ha modificado patrones de corrupción e impunidad del sistema. El sistema si ha sufrido alteraciones en la valencia de sus actores en varios puntos:

Disminución de la rectoría del Estado, sustituida por mecanismos de “mercado” (La reforma energética es la culminación de ese proceso).

Fin del pacto Estad-campesinos con la finalización del reparto agrario (Ley Agraria de 1991).

Fin del pacto entre obreros y el Estado, después de suprimirse la tutela del Estado en materia laboral (Reforma liquidadora de la Ley Federal del Trabajo de 2013).

Fin del pacto del Estado con el magisterio, brazo político electoral del régimen en turno (Cancelado con la reforma educativa del 2013).

Esto por lo que se refiere a la base social del régimen. Pero el nuevo arreglo no se detiene ahí, en privilegiar la interlocución de los gobernantes con la cúpula empresarial.

Las sucesivas reformas electorales, además de servir de sustento a una clase política parasitaria, han prohijado el protagonismo de los gobernadores (Si se fijan, lo que va del siglo habría quedado presidido por presidentes que primero fueron gobernadores, nada más que los empresarios le cerraron la puerta a López Obrador ante la mirada impotente del ya fenecido Instituto Federal Electoral).

Los gobernadores ya no tienen el filtro presidencial que los ungía, tienen su fuerza propia, hasta cierto punto, pues se ha generado una dependencia fuera de la ley con el crimen organizado. Mientras antes el Estado modulaba y contenía la acción del narcotráfico a través de los jefes de zona militar. 

El nuevo performance de los gobernadores se convirtió en la oportunidad de los criminales organizados para llegar a nuevos “arreglos” –para empezar el llamado maxiproceso de Mario Villanueva en Quintana Roo- e imponer condiciones hasta en municipios como el de Iguala, en boca de todos.

Si este es el fondo, entonces nos podemos explicar la proliferación incontinente de sucesos criminales. Descifrar la cara de angustia del procurador general de la república. Predecir un año difícil para la autoridad electoral pues se estremecen sus parámetros de autorreferencia, de contar y validar votos, sin capacidades para afrontar consecuencias perversas de la intromisión del dinero sucio en las campañas ¡Precisamente lo que quería evitar Ernesto Zedillo con su reforma política! Ironía de la historia.

No es la primera vez que irrumpe el protagonismo de los gobernadores, fue un síntoma del fin de la dictadura porfirista. Acordarse del papel de Venustiano Carranza.

Como recomendar a Mary Shelley y su Frankenstein, para lectura de los reformadores.

Fiesta reformadora ensangrentada

Es obligado, los hechos sangrientos, criminales, en los que interviene el aparato público como victimario (Ejército, policía) producen indignación y reclamo de justicia. Hasta dónde se puede llegar cuando las estructuras gubernamentales están al servicio de grupos delincuenciales. Hasta dónde se puede llegar cuando el gobierno federal –desde hace décadas- sólo tiene ojos y oídos para lo más granado del empresariado mexicano, ofreciendo un servicio enfocado a proteger a grandes grupos empresariales.

La celebración de once reformas estructurales, útiles para obtener galardón de estadista o de ministro de finanzas del año, según sea el caso, de parte de organismos de los cuales ignoramos todo, resultan una burla involuntaria hacia quienes no tienen acceso a la justicia o respecto de una economía que no prende.

Y como diría el clásico, a revisar lo que falló.

Las grandes reformas no fueron acompañadas de una gran transformación de los tres niveles de gobierno, para así convertirlos en conductores ejecutivos de las reformas. Los gobiernos continuaron con sus rutinas de responsabilidad discrecional, es un eufemismo para no mencionar el desaseo normativo, la complicidad y la corrupción. Literalmente no se ha sabido qué hacer con la función pública, tapadera de apetitos privados, por más que se le cambie de nombre y lugar como entidad “responsable” o se expidan o agreguen leyes respecto a su control. Papeles y papeleo que lejos de mejorar el servicio público ocultan las atrocidades cometidas a su amparo.

Pero volvamos a la materia hemática, a la sangre derramada por instancias oficiales, hechos de los cuales hasta ahora no se tiene explicación con verdad. Tlatlaya e Iguala son parte de una cadena formada por algunas autoridades y el crimen organizado. Cadena que en un pasado ya remoto no alcanzaba la visibilidad de los medios, pero ya existía. Desde Miguel de la Madrid en los ochenta del XX, los Estados Unidos se encargaron de otorgarle visibilidad hasta convertirlo en material mediático de primera necesidad.

Iguala y Tlatlaya son parte de esa cadena, un mensaje macabro de sus emisores que exige no romper la cadena pues a ella están ligados individuos del aparato federal, de gobiernos estatales y municipales. Pues sólo así se entiende que un patrullaje militar en función de policía haya decidido ajusticiar a 22 jóvenes. Cuando digo ajusticiar me refiero a sustituir a la justicia, adelantarse a su curso legal en lugar de llevarlos ante ella; el caso de Iguala es paralelo y va más lejos, la policía es ordenada de masacrar una manifestación de estudiantes que no ofrecía mayor complicación ¿Con qué fin? Evidenciar los alcances de la cadena que involucra a autoridades de gobierno.

Ante esta realidad las reformas están en entredicho, inhabilitando el discurso encrático de las reformas, basado en la promoción de inversiones que operen un nuevo milagro económico, básicamente intimidatorio de otras alternativas, omiso respecto a las insuficiencias institucionales de los tres niveles de gobierno.

 Así hemos llegado a las puertas del infierno.

Para este artículo he aprovechado con gusto la lectura de Roland Barthes, El susurro del lenguaje, Paidós, 2012.

De la paz cultural: “Así pues, parece ser que lo que persiguen todas las clases sociales no es la posesión de la cultura (tanto para conservarla como para adquirirla), pues la cultura está ahí, por todas partes y pertenece a todo el mundo, sino la unidad de los lenguajes, la coincidencia de la palabra y la escucha” p.136.

Encrático, neologismo pedante: “El discurso encrático … no es tan sólo de la clase que está en el poder; las clases que están fuera del poder o que luchan por conquistarlo por vías reformistas o promocionales pueden apropiárselo, o al menos recibirlo con pleno consentimiento” p. 154; “En las sociedades actuales, la más sencilla de las divisiones de los lenguajes se basa en su relación con el Poder. Hay lenguajes que se enuncian, se desenvuelven, se dibujan a la luz (o a la sombra) del Poder, de sus múltiples aparatos estatales, institucionales ideológicos; yo los llamaría lenguajes o discursos encráticos” p. 161; “El lenguaje encrático es vago, difuso, aparentemente ‘natural’ y, por tanto, difícilmente perceptible: es el lenguaje de la cultura de masas (prensa, radio y televisión), y también, en cierto sentido, el lenguaje de la conversación, de la opinión común (de la doxa)” p.161.