Han pasado más de dos años de
iniciado el diferendo con el CONACYT, desde entonces, el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico se la ha llevado mediatizando cuando el agua le llega
al cuello. El Foro le debe a los mexicanos una justificación de su existencia
-más allá del diktat legislativo que lo fundó- esto es, una demostración
de resultados de la que todos nos sintamos beneficiarios y orgullosos.
Ocurre, posiblemente, el
ocultamiento de un mecanismo de expolio de los recursos públicos, uno más en la
era neoliberal (asociaciones público-privadas, condonaciones de impuestos,
fideicomisos, privatizaciones) Ahora que la FGR ha denunciado a exfuncionarios
del CONACYT, los del Foro dicen que se acosa a los investigadores, a la ciencia
por extensión. Con la lección aprendida a delincuentes de cuello blanco se
defienden: lo hecho es legal. En ese punto, el de la legalidad o su opuesto,
corresponde a la FGR y al Poder Judicial dilucidarlo, arrojar luz.
Por lo pronto, hay que refrescar
el origen del engendro, el cual se escabulle de una transparente delimitación
entre lo público y lo privado en su operación. El cinco de junio de 2002, la
reforma a la ley orgánica del CONACYT ordena la creación de una asociación
civil como organismo de consulta del Poder Ejecutivo. Asesorar y opinar es la función
del ente incrustado en el órgano publico responsabilizado de la política de
ciencia y tecnología. La asociación fue bautizada como Foro Consultivo
Científico y Tecnológico. Se dispuso la integración del Foro con dieciséis miembros
corporativos y tres investigadores. La operación de la mencionada asociación
con cargo al presupuesto federal. El 27 de septiembre de ese mismo año se
constituyó la A.C. ante notario.
Lo que se sabe es que la
asociación llegó a consumir 571 millones de pesos para su operación (La
Jornada, 28-09-2002) monto que se le proporcionó a través del CONACYT a lo
largo de varios años. Pero no han sido sus únicos ingresos del erario. El
periodista Álvaro Delgado consigna que el gobierno de Calderón consultó al Foro
para decidir sobre el rescate de los mineros atrapados en la mina de Pasta de
Conchos en Coahuila. Teniendo el derecho de consultar el gobierno y la
obligación del Foro de responder, este tasó sus oficios en más de cuatro
millones. El Foro tiene que informar sobre todos sus ingresos, también aclarar
porqué abrió dos cuentas para su operación, a sabiendas que por ley sólo
tendría una fuente de financiamiento.
Independientemente del litigio
judicial, el Foro tiene que explicar porque se convirtió en una ventanilla de
gestión de recursos públicos para grandes empresas, más de 41 mil millones de
pesos entre los años 2013 y 2018. Eso va más allá de la asesoría, de la
consulta. Eso es cogobierno o usurpación de funciones.
Acaso el coyotaje se ha elevado a nivel científico y con alta tecnología PRIAN. Un estudio de caso para los profesionales de la Administración Pública.
