Una investigación expedita,
profunda, transparente, es lo que ha exigido el gobierno de México, a través de
su Canciller, a las autoridades egipcias, por los ocho mexicanos muertos y los
seis heridos a manos de las fuerzas armadas de Egipto el 13 de septiembre
recién. La demanda es justa, el asunto es si las instituciones egipcias son
capaces de atender la solicitud. Es de dudarse, pues el error que arguye la
autoridad de ése país africano se escuda en una falla de la inteligencia
militar. Los turistas fueron confundidos con terroristas. Qué tan seguido se
comete este tipo de error, qué tan seguido se ataca de esa manera a los
terroristas. Se trata de una condición real que se vive en otros países, México
incluido, que intentan un nuevo aliento modernizador con instituciones frágiles
y Estado de derecho débil.
El gobierno de Egipto es un espejo
en el que se ven reflejadas las ineptitudes del gobierno mexicano y la
desagradable disposición a encarecer la verdad.
En México se va a cumplir un año
de la oscurecida noche de Iguala. Se tiene una investigación oficial que ha
fructificado en varias aprehensiones, de autoridades municipales y
delincuentes. De esa investigación se han agarrado los expertos auspiciados por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El grupo de expertos confirma
al narcotráfico como el móvil que llevó a la muerte y desaparición de
mexicanos, no le echa tierra a la investigación oficial, por el contrario, echa
luz sobre lo velado en el informe del entonces procurador de la república Jesús
Murillo Karam y se encuentra en el grueso del expediente.
Ahí se encuentran las
interrogantes que arroja el expediente y el gobierno no se ha atrevido a
responder. Todo se ha reducido al basurero de Cocula donde se incineraron a
normalistas de Ayotzinapa. Distractivamente se debate el esclarecimiento del
crimen a una competencia científica, se obvia indagar la operación
institucional que facilitó el atroz crimen. Por eso el gobierno debe informar
sobre las actividades de inteligencia y seguridad hechos antes del 26 de
septiembre de 2014, así como las realizadas el día mencionado. Acaso el
gobierno careció de recursos y capacidades para evitar la desgracia. Por qué la
oclusión de las terminales de seguridad e inteligencia que operan en Iguala y
sus alrededores. Su condición fatalmente inactiva para incorporarse a una
emergencia en progreso en plena vía pública.
El gobierno no se puede dar el
lujo de la ignorancia ése día y el de después, tiene que revelar la red de
complicidades más allá de los municipios involucrados en el ataque a los
normalistas. Ayotzinapa merece una investigación expedita, profunda y
transparente, ni más, ni menos.
