martes, 22 de julio de 2008

¿Presidente Substituto?


Concluida la jornada electoral del 2006, y debido al manoseo del proceso, los días que siguieron hasta antes de la declaratoria del presidente electo por parte del Tribunal Electoral el mes de octubre de ese año, se esparció la propuesta/opinión de encontrar la salida al conflicto poselectoral por la vía de un Presidente Interino. La idea no prosperó, aunque no le faltaba razón. Se pretextó, razonablemente, el lío que vendría al tratar de decidir al beneficiario de una designación de esa naturaleza. Se construyó una base política para evitar el interinato sobre una precaria alianza entre el PAN, el PRI, los gobernadores, grandes empresarios y sindicatos poderosos como el de los maestros, entre otros.

Al correr de dos años se vuelve a sugerir el relevo presidencial a través de la figura del Presidente Substituto (semanario electrónico Reporte Índigo 91) Se habla de la ruptura que viene, de la ruptura que ya está, pero la verdad es que la precaria alianza no ha resistido más. Después de todas las piruetas, del “haiga sido como haiga sido”, que llevaron a la declaratoria del presidente electo a favor de Felipe Calderón, la propuesta en ciernes parece alentada por la voracidad de las élites que están conflictuadas con el presidente Calderón. La causa: un reparto de pastel que no ha sido del agrado de las minorías selectas. La sugerencia del substituto es endeble, más que la del interino, enfrenta el mismo problema de designación del beneficiario con el agravante de que no hay condiciones para una alianza soporte. Además, no se trata de una sustitución de personas, sino de la putrefacción del régimen realmente existente.

Cómo esta eso. Pues algo complicado querida audiencia cautiva. Al día de hoy aparece con toda claridad el hecho de que la democratización del país, las reformas estructurales con el propósito de afincar una economía de mercado realmente competitiva, no llegaron a buen puerto. Tenemos que el pasaje del autoritarismo corporativo se desvió hacia la oligarquización del país, proceso que inició con el arribo de los tecnócratas y ha tenido su aceleración con la llegada del PAN al Poder. (Justo es reconocerlo, no todo se debe a la incidencia del PAN, en el PRD también han hecho lo suyo en materia de impunidad, nepotismo, influyentismo y prepotencia en la tragicómica reedición de los gobiernos del PRI).

La oligarquización ha traído la desinstitución de lo que formalmente es una república democrática, federal, representativa, libre y soberana, que tiene una clase política que la conduce. Eso no es en la realidad. En este país el poder del dinero y el poder político se han fusionado. Un puñado de grandes empresarios son los que mandan en este país. Tenemos los que pertenecen al capital financiero, donde uno de sus próceres –el sr. Roberto Hernández- se da el lujo de tener funcionarios públicos a su servicio. Y qué decir de los consorcios de las telecomunicaciones que prácticamente, en su rubro de radio y televisión, se dedican a editar la realidad política del país. Ellos son los que con su peso deciden el curso de una elección y el destino de una nación acomodada a satisfacer sus intereses. Lo cual no ha tenido efectos positivos en cuanto a generación de empleos, crecimiento económico, elevación de los niveles de educación. Por el contrario se pueden anotar efectos negativos como la emigración masiva de trabajadores hacia los Estado Unidos, la expansión de la economía informal que tiene en el crimen organizado su actividad más emblemática.

Por ello, es de temerse que la oficialización de una propuesta de substitución del Titular del Ejecutivo, de acuerdo con el 84 Constitucional, no resuelva el fondo de la crisis del régimen si no se realiza más allá de una coalición política, sino que incluya una amplia alianza social que fortalezca la democracia y, de menos, encauce un capitalismo democrático con verdadera economía de mercado.

El presidente Calderón no irá muy lejos con sus amigos e ilusiones a cuestas, debe ir a lo básico, partir de que gobierna un país con una Constitución estatista (Sergio Sarmiento dixit) que va contra su ideología, pero que está obligado a acatar.
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