Cuánto tiempo se puede esperar el desenlace de un cuento. La conferencia de los abogados que litigan a favor de Zhenli Ye Gon continuaron con la feria de imprecisiones, de alusiones que no forman siquiera una conjetura. En Washington no se estalló la bomba mediática prometida. Tampoco se puede asegurar que exista un arreglo previo que desactivó la bomba y resulta chocante la invisibilidad de los Estados Unidos en este enredo.
Lo único firme sobre lo que realmente puede avanzar el gobierno es una eventual investigación sobre la red de complicidad de oficinas del sector público que facilitaron la tarea del empresario chino – mexicano, considerado hoy presunto narcotraficante. Mientras, ZYG y sus abogados han logrado ganar tiempo y dar cauce a una negociación, ese ha sido el efecto de sus declaraciones. Incluso los dichos y los millones incautados pueden pasar a un segundo plano si el gobierno transforma el escándalo en un ejercicio impecable de transparencia y se sacude de una vez el lastre que el foxismo le representa. Es la prueba para que Felipe Calderón demuestre que no tiene deudas adquiridas con su predecesor.
Si bien para la prensa las declaraciones de ZYG han perdido valor, no por ello se trata de un caso cerrado, puesto que la investigación del gobierno está en curso para comprobar los delitos que se le imputan al empresario prófugo. Lo relevante para el gobierno es que podrá seguir investigando sin la presión mediática que le aplicaron los abogados de ZYG.
Lo que también espera su desenlace, al menos para dar aire a otro relato, es la investigación sobre los atentados perpetrados a las instalaciones del PEMEX y que se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario. El gobierno sigue sin dar respuesta a la demanda de presentación de dos miembros desaparecidos de esa organización. Será que no se quiere mediatizar los hechos para evitar propagandizar las actividades del EPR. Pero no se entiende la afirmación del titular de Segob acerca de que monitorea los movimientos del EPR y no le alcanza el presupuesto para hacer más. O sea, se trata de un esfuerzo vano de inteligencia pues no le resulta suficiente para anticipar las acciones del grupo guerrillero.
Todavía peor, Francisco Ramírez Acuña desatiende la parte política de estos eventos y prefiere endosarles un enfoque criminal y fuera de su competencia, pues según él, las investigaciones de la PGR “van muy adelantadas”. Vaya manera de eludir responsabilidades. Y el EPR parece tener mejor información, pues dice conocer el nombre del militar que tiene a los desaparecidos bajo tortura: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, titular de la octava región militar en Oaxaca.
Con el EPR el gobierno no tiene enlace o puente que permita albergar un cese de hostilidades, no hay instancia o mecanismo de diálogo, ni siquiera el que permita la exposición regular de la voz de este grupo armado ante la audiencia nacional de manera de comprometerlo a salir de la clandestinidad y de la vía de las armas. Al EPR se le monitorea, se le persigue, pero no se sabe si existe encargado gubernamental dedicado al arduo trabajo de llamar a este movimiento a la vida institucional. Por lo menos Ramírez Acuña no lo es.
Lo único firme sobre lo que realmente puede avanzar el gobierno es una eventual investigación sobre la red de complicidad de oficinas del sector público que facilitaron la tarea del empresario chino – mexicano, considerado hoy presunto narcotraficante. Mientras, ZYG y sus abogados han logrado ganar tiempo y dar cauce a una negociación, ese ha sido el efecto de sus declaraciones. Incluso los dichos y los millones incautados pueden pasar a un segundo plano si el gobierno transforma el escándalo en un ejercicio impecable de transparencia y se sacude de una vez el lastre que el foxismo le representa. Es la prueba para que Felipe Calderón demuestre que no tiene deudas adquiridas con su predecesor.
Si bien para la prensa las declaraciones de ZYG han perdido valor, no por ello se trata de un caso cerrado, puesto que la investigación del gobierno está en curso para comprobar los delitos que se le imputan al empresario prófugo. Lo relevante para el gobierno es que podrá seguir investigando sin la presión mediática que le aplicaron los abogados de ZYG.
Lo que también espera su desenlace, al menos para dar aire a otro relato, es la investigación sobre los atentados perpetrados a las instalaciones del PEMEX y que se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario. El gobierno sigue sin dar respuesta a la demanda de presentación de dos miembros desaparecidos de esa organización. Será que no se quiere mediatizar los hechos para evitar propagandizar las actividades del EPR. Pero no se entiende la afirmación del titular de Segob acerca de que monitorea los movimientos del EPR y no le alcanza el presupuesto para hacer más. O sea, se trata de un esfuerzo vano de inteligencia pues no le resulta suficiente para anticipar las acciones del grupo guerrillero.
Todavía peor, Francisco Ramírez Acuña desatiende la parte política de estos eventos y prefiere endosarles un enfoque criminal y fuera de su competencia, pues según él, las investigaciones de la PGR “van muy adelantadas”. Vaya manera de eludir responsabilidades. Y el EPR parece tener mejor información, pues dice conocer el nombre del militar que tiene a los desaparecidos bajo tortura: el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, titular de la octava región militar en Oaxaca.
Con el EPR el gobierno no tiene enlace o puente que permita albergar un cese de hostilidades, no hay instancia o mecanismo de diálogo, ni siquiera el que permita la exposición regular de la voz de este grupo armado ante la audiencia nacional de manera de comprometerlo a salir de la clandestinidad y de la vía de las armas. Al EPR se le monitorea, se le persigue, pero no se sabe si existe encargado gubernamental dedicado al arduo trabajo de llamar a este movimiento a la vida institucional. Por lo menos Ramírez Acuña no lo es.
