Explosiones sacuden al país. Unas son reales, otra también. En unas hay dinamita, en otra mísiles mediáticos. No hay evaluación concluyente de la magnitud de las explosiones pues el recuento de los daños está en proceso. Una lección se puede adelantar, un país donde se descuida el quehacer político es un país que se encamina hacia la inviabilidad.
Domingo 9 de septiembre por la noche, transitando por el semidesierto de Coahuila, un trailer acaba de salir de Monclova con un cargamento de más de 20 toneladas de explosivos y tiene como destino el estado de Colima. El plan de la ruta intempestivamente queda roto fatalmente. Una camioneta abandona su carril e invade el de sentido contrario para impactarse con el trailer. Treinta minutos después, lo que parecía un simple choque de carretera se transforma en una explosión con más de treinta muertos y 250 heridos. ¿Qué se dejó de hacer? No se cumplió con la norma que instruye, al traslado de materiales explosivos o peligrosos, hacerse acompañar por una escolta o formar un convoy. La explosión revela una falta de autoridad, un vacío imperdonable. Igualmente imperdonable es la voracidad de la empresa encargada de transportar los explosivos por no acatar la norma. Para algunos empresarios, la explosión de la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006 no fue suficiente.
Madrugada del lunes 10 de septiembre. En los estados de Veracruz y de Tlaxcala se da una serie de seis explosiones en ductos de la empresa paraestatal PEMEX. Un sabotaje que arroja pérdidas millonarias no sólo a la empresa directamente afectada, sino a un conjunto de actividades que dependen de los suministros de la paraestatal. El atentado se lo atribuye el Ejército Popular Revolucionario, esgrimiendo la misma demanda de hace dos meses, cuando provocó otras explosiones para la misma empresa en Guanajuato y Querétaro. La presentación y liberación de dos de sus miembros que suponen en manos de la autoridad federal o del estado de Oaxaca. La autoridad falla dos veces, no informa sobre los desaparecidos, ni redobla la vigilancia sobre las instalaciones de PEMEX. El vacío de la autoridad se repite y amenaza en convertir la omisión en conducta gubernamental.
Martes 11 de septiembre por la tarde. Quinto piso de la Torre El Caballito, sede de trabajo alterno de los senadores de la república. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión asiste a una audiencia para exponer su posicionamiento sobre la reforma electoral. Exposición prescindible de su literalidad para resaltar el otro significado. Donde se afirmaba defender la libertad de expresión se traducía como defender el robo en despoblado. Donde se decía soy periodista se entendía soy empleado de Televisa o de TV Azteca. No aguantaron el debate de altura, estaban incómodos, la atmósfera les pesaba, los más inteligentes de entre los medios guardaban silencio. Su incapacidad deliberativa la colmaron cuando pusieron a ladrar al perrito feliz de Olegario Vázquez Raña y disfrazaron a un abogado de Gordolfo Gelatino de nueva generación. La defensa de los empresarios de la radio y la televisión fue desastrosa. Lo peor es que siguen ladrando y no tienen para cuando parar. Esta explosión ha tenido mayor exposición por los actores afectados que defienden lo conquistado con tanta enjundia, y mucho más recursos, que los macheteros de Atenco cuando defienden sus tierras.
Estos días explosivos no son fortuitos, están relacionados con un proceso, que en la forma de transición democrática y apertura económica (fingida en ciertos tramos), en el fondo es una disputa de los grupos empresariales por minimizar a los actores políticos institucionales y arrebatarles sus capacidades de decisión pública. Ha sido un proceso largo, iniciado claramente en los setentas, redoblado desde 1982, que en su empuje sostenido ha terminado por debilitar a la clase política debilitando la conducción del Estado. Por eso la reforma del Estado, en su vertiente de reforma política, ha unificado a las tres fuerzas políticas más influyentes del país. Es una cuestión de sobre vivencia, si no lo hacen ahora los políticos habrán aceptado convertirse en empleados de un país llamado México, S. A.
El curso de la legislación sobre la reforma constitucional electoral sigue en la incertidumbre, no obstante avanza. Nadie se acuerda del alto funcionario que declaró la ruptura de la negociación. Se está a la espera de otra explosión, la de Felipe Calderón, quien tarde o temprano tendrá que definirse, empezando por su gabinete que en nada le ayuda.
Domingo 9 de septiembre por la noche, transitando por el semidesierto de Coahuila, un trailer acaba de salir de Monclova con un cargamento de más de 20 toneladas de explosivos y tiene como destino el estado de Colima. El plan de la ruta intempestivamente queda roto fatalmente. Una camioneta abandona su carril e invade el de sentido contrario para impactarse con el trailer. Treinta minutos después, lo que parecía un simple choque de carretera se transforma en una explosión con más de treinta muertos y 250 heridos. ¿Qué se dejó de hacer? No se cumplió con la norma que instruye, al traslado de materiales explosivos o peligrosos, hacerse acompañar por una escolta o formar un convoy. La explosión revela una falta de autoridad, un vacío imperdonable. Igualmente imperdonable es la voracidad de la empresa encargada de transportar los explosivos por no acatar la norma. Para algunos empresarios, la explosión de la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006 no fue suficiente.
Madrugada del lunes 10 de septiembre. En los estados de Veracruz y de Tlaxcala se da una serie de seis explosiones en ductos de la empresa paraestatal PEMEX. Un sabotaje que arroja pérdidas millonarias no sólo a la empresa directamente afectada, sino a un conjunto de actividades que dependen de los suministros de la paraestatal. El atentado se lo atribuye el Ejército Popular Revolucionario, esgrimiendo la misma demanda de hace dos meses, cuando provocó otras explosiones para la misma empresa en Guanajuato y Querétaro. La presentación y liberación de dos de sus miembros que suponen en manos de la autoridad federal o del estado de Oaxaca. La autoridad falla dos veces, no informa sobre los desaparecidos, ni redobla la vigilancia sobre las instalaciones de PEMEX. El vacío de la autoridad se repite y amenaza en convertir la omisión en conducta gubernamental.
Martes 11 de septiembre por la tarde. Quinto piso de la Torre El Caballito, sede de trabajo alterno de los senadores de la república. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión asiste a una audiencia para exponer su posicionamiento sobre la reforma electoral. Exposición prescindible de su literalidad para resaltar el otro significado. Donde se afirmaba defender la libertad de expresión se traducía como defender el robo en despoblado. Donde se decía soy periodista se entendía soy empleado de Televisa o de TV Azteca. No aguantaron el debate de altura, estaban incómodos, la atmósfera les pesaba, los más inteligentes de entre los medios guardaban silencio. Su incapacidad deliberativa la colmaron cuando pusieron a ladrar al perrito feliz de Olegario Vázquez Raña y disfrazaron a un abogado de Gordolfo Gelatino de nueva generación. La defensa de los empresarios de la radio y la televisión fue desastrosa. Lo peor es que siguen ladrando y no tienen para cuando parar. Esta explosión ha tenido mayor exposición por los actores afectados que defienden lo conquistado con tanta enjundia, y mucho más recursos, que los macheteros de Atenco cuando defienden sus tierras.
Estos días explosivos no son fortuitos, están relacionados con un proceso, que en la forma de transición democrática y apertura económica (fingida en ciertos tramos), en el fondo es una disputa de los grupos empresariales por minimizar a los actores políticos institucionales y arrebatarles sus capacidades de decisión pública. Ha sido un proceso largo, iniciado claramente en los setentas, redoblado desde 1982, que en su empuje sostenido ha terminado por debilitar a la clase política debilitando la conducción del Estado. Por eso la reforma del Estado, en su vertiente de reforma política, ha unificado a las tres fuerzas políticas más influyentes del país. Es una cuestión de sobre vivencia, si no lo hacen ahora los políticos habrán aceptado convertirse en empleados de un país llamado México, S. A.
El curso de la legislación sobre la reforma constitucional electoral sigue en la incertidumbre, no obstante avanza. Nadie se acuerda del alto funcionario que declaró la ruptura de la negociación. Se está a la espera de otra explosión, la de Felipe Calderón, quien tarde o temprano tendrá que definirse, empezando por su gabinete que en nada le ayuda.
