Con anterioridad, hace ocho días
para ser exactos, me referí al costo previsible que el juicio a Genaro García
Luna acarreará al PAN en lo particular, a la oposición en general. Un primer
abono se apreciará el próximo domingo 26 de febrero. Por lo pronto, hagamos a
un lado lo escandaloso del caso.
Desde la perspectiva de la cancha
en la que todavía se desenvuelve la política nacional, en ella sigue jugando el
falso pluralismo (PAN-PRI-PRD) y los aparatos autónomos que cercenaron
obligaciones del poder ejecutivo, en el terreno electoral y de gestión
económica de manera elocuente. Dentro de las reglas apenas se ha convenido algo
de viabilidad para enjuiciar al presidente, se la ha quitado el fuero, dicho
esto como mera posibilidad. Pendientes quedaron los fueros de gobernadores,
legisladores y ministros del poder judicial. Sobre estos últimos es necesaria
una investigación profunda de los expertos ¿Qué está pasando en esa casa?
Durante años, el autoritarismo se
derramaba desde la presidencia de la república, continuaba su curso por los
gobernadores y concluía su afluencia en los alcaldes. Esto generó un manto de invisibilidad
sobre el poder judicial. Entonces, el concurso de la justicia era tan simple
como aterrador.
Se dio una reforma al poder
judicial al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo. El sistema se hizo más
complejo y siguió aterrador. Más burocracia (el Consejo de la Judicatura
Federal) y más presupuesto. Atender la demanda de justicia quedó como aspiración.
La autonomía del poder judicial edificó más bien una corporación al servicio de
sus miembros. Además, políticos y grandes empresarios pudieron acceder como
nunca a veredictos favorables. Litigar contra el interés público se hizo
deporte, siendo uno de sus atletas más avanzado Diego Fernández de Cevallos.
Mientras tanto, se atiborraban las cárceles de reclusos sin sentencias o con
sentencias injustas, pues prácticamente los que carecen de influencias o
recursos están condicionados para no solventar defensas exitosas.
En qué están pensando los
ministros de la Corte, en mantener su statu quo o en reformarse para
fundar un poder libre de mezquindad.