viernes, 24 de febrero de 2023

El colapso

Con anterioridad, hace ocho días para ser exactos, me referí al costo previsible que el juicio a Genaro García Luna acarreará al PAN en lo particular, a la oposición en general. Un primer abono se apreciará el próximo domingo 26 de febrero. Por lo pronto, hagamos a un lado lo escandaloso del caso.

Desde la perspectiva de la cancha en la que todavía se desenvuelve la política nacional, en ella sigue jugando el falso pluralismo (PAN-PRI-PRD) y los aparatos autónomos que cercenaron obligaciones del poder ejecutivo, en el terreno electoral y de gestión económica de manera elocuente. Dentro de las reglas apenas se ha convenido algo de viabilidad para enjuiciar al presidente, se la ha quitado el fuero, dicho esto como mera posibilidad. Pendientes quedaron los fueros de gobernadores, legisladores y ministros del poder judicial. Sobre estos últimos es necesaria una investigación profunda de los expertos ¿Qué está pasando en esa casa?

Me parece que el vacío refulgente, a propósito de García Luna, está en el sistema de justicia de México. Ha tenido que actuar una autoridad del exterior, la que desde su jurisdicción enjuició al personaje al que la opinión pública tenía en la mira desde hace tiempo, sin que por ello se moviera el aparato de justicia para despejar los señalamientos sobre este exservidor público de alto nivel. Fueron sonados los indicios (Florence Cassez, el asesinato de un agente norteamericano en una carretera de San Luis Potosí, otros agentes de ese mismo país que fueron interceptados por policías federales en los límites de CDMX y Morelos).

Durante años, el autoritarismo se derramaba desde la presidencia de la república, continuaba su curso por los gobernadores y concluía su afluencia en los alcaldes. Esto generó un manto de invisibilidad sobre el poder judicial. Entonces, el concurso de la justicia era tan simple como aterrador.

Se dio una reforma al poder judicial al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo. El sistema se hizo más complejo y siguió aterrador. Más burocracia (el Consejo de la Judicatura Federal) y más presupuesto. Atender la demanda de justicia quedó como aspiración. La autonomía del poder judicial edificó más bien una corporación al servicio de sus miembros. Además, políticos y grandes empresarios pudieron acceder como nunca a veredictos favorables. Litigar contra el interés público se hizo deporte, siendo uno de sus atletas más avanzado Diego Fernández de Cevallos. Mientras tanto, se atiborraban las cárceles de reclusos sin sentencias o con sentencias injustas, pues prácticamente los que carecen de influencias o recursos están condicionados para no solventar defensas exitosas.

En qué están pensando los ministros de la Corte, en mantener su statu quo o en reformarse para fundar un poder libre de mezquindad.

 

1 comentario:

Anónimo dijo...

Los aparatos autónomos que cercenaron obligaciones del poder ejecutivo nacieron desde el poder mismo. No fue generación espontánea, pues el sistema político y su régimen les dieron espacio para legitimarse y los partidos políticos hicieron lo suyo hasta partidizarlos...

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