El viernes 26 de junio, al
despuntar la mañana por el rumbo de las Lomas de Chapultepec, el jefe de la
policía de la Ciudad de México -Omar García Harfuch- fue objeto de un atentado.
Él resultó herido y dos de sus colaboradores fallecieron. Como es común en el
transcurrir de este sexenio, el suceso se convirtió en arma para los
detractores del actual gobierno. Esos detractores, que le llaman dictador al
presidente de la república, exigen una declaración de guerra en contra de la
delincuencia organizada. Un camino fracasado. Nada mas recordar la guerra de
Felipe Calderón, fue simulación o a medias declaración de guerra, de pacto
inconfesado con el crimen. Una guerra traumática cuya lección funesta -que no
se ha extinguido- ha sido habituar a la sociedad, en una disposición de
resiliencia ante la violencia criminal y sin posibilidades de que la justicia
se haga valer.
La coyuntura y la disputa
política suelen empañar la visión, la cual se agrava en la sobreexposición de
los personeros que hablan desde los intereses afectados por la transformación
en curso.
Por ello, poner un marco
vivencial de referencia para permitir un alejamiento de la coyuntura y no
quedar abismados ante el acontecimiento delictivo cargado de violencia. La
referencia vivencial es a la que todos podemos dar crédito porque ha acompañado
nuestra biografía, a unos más a otros menos, de acuerdo con el año de
nacimiento de cada uno.
1946, año en el que se estipula
el nuevo nombre del partido que surgió de la revolución mexicana, el Partido
Revolucionario Institucional. Los que nacieron desde 1936 y antes, les tocó
vivir la formación y desarrollo del estado social burocrático, con
monopolio del poder político en un partido, el arbitraje de las disputas
sociales y una combinación de economía mixta (sector público-sector privado)
Fórmula para la paz social que presumió el PRI.
1982, año del giro político y
experiencia de vida para los que nacieron desde 1972 y antes. El inicio de la inhibición
de las capacidades económicas del Estado, la navegación en el “pluralismo” y la
“alternancia” políticos, bajo la participación creciente de grandes intereses
económicos privados, los cuales también fueron agraciados por una
liberalización comercial que resultó amañada. El fortalecimiento de los entes
autónomos y la explosión y posterior habituación estructurada del crimen
organizado. En contra de toda publicidad considerada o de exposición de motivos
en avenimiento de la democracia electoral y el libre comercio, se estableció el
estado oligárquico delictivo. Es en este periodo que la paz social se
deterioró. El origen de la violencia criminal que seguimos padeciendo.
2018, el año en el que la mayoría
de los mexicanos decidimos tomar un rumbo para salir de la injusticia, las
desigualdades oprobiosas y el flagelo de la inseguridad. Los que nacieron en el
año 2008 testificarán de manera incomparable el periodo que se abre camino, el
de la cuarta transformación que se está escribiendo. El estado social de
derecho.
Volvamos ahora al inicio de este
artículo, lo que concierne al fenómeno delictivo, a los componentes cubiertos
por un manto de impunidad o que se invisibilizan con frecuencia, los que
permiten al crimen organizado establecer un “poder” a todas luces ilegal. Una
base social procreada por las iniquidades del mercado (que se profundizan en un
mercado amañado) y el abandono del Estado precedente. Autoridades que pactan o se
someten a la voluntad de los delincuentes organizados (el juicio que se ventila
en Nueva York a Genaro García Luna es un ejemplo del dominio público sobre el
tema) Un poder judicial connivente o amenazado por los cárteles, jueces inhibidos
para hacer justicia hasta el caso extremo de ser ejecutados o ponerse en fuga
por la ventana letrista.
El gobierno actual ha sido explícito
en su estrategia para debilitar a la delincuencia organizada en su base social.
La piedra está en la colaboración con otros niveles de gobierno y en las
decisiones de los jueces. Cuestión de soberanías y competencia de poderes
constitucionales. A manera de ejemplo, la demanda por la declaratoria de inconstitucionalidad
de la ley vigente que legaliza la participación de las fuerzas armadas en
materia de seguridad, interpuesta por una legisladora del PAN, en su calidad de
presidenta de la comisión permanente del congreso de la unión.
Así de complicado, pero no
imposible, realizar el cambio instruido por la ciudadanía al gobierno del
presidente López Obrador.
