Primero: la definición que se dio
al interior de la SCJN. La Ley de la Industria Eléctrica es constitucional. El
7 de abril el voto de cuatro ministros encareció la mayoría requerida para
declarar inconstitucional la LIE. El diseño normativo sacó a flote la ley
cuestionada. El Ejecutivo no dobló a la Corte, al final de la histórica sesión
prevaleció la ley por encima de los intereses de grandes empresas. No valieron
las presiones mediáticas y metálicas para cancelar la LIE. Lo más valioso de
esta definición fue la de anular el estado de indefensión al que se relegó a la
CFE con la reforma energética de 2013. Con ello se fortalecen condiciones para
la generación y suministro de energía eléctrica limpia y accesible en precio.
Al mismo tiempo, se exhibió la
mayoría conservadora en el seno del consejo de ministros de la SCJN. Esa
mayoría que negó con anterioridad, la reforma al Poder Judicial que propuso el
ministro presidente. La corrupción y el sentenciar justicia selectiva sigue
siendo distintivo de ese poder.
Segundo: por realizarse el 10 de
abril -coincidente con la efeméride del ajusticiamiento del Caudillo del Sur-
está la consulta a la revocación de mandato. Por primera vez se aplicará a un
presidente de la república en funciones. Un ejercicio de democracia participativa
no libre de obstáculos. La oposición es ambigua, llama a votar, así como
promueve la no participación. El INE, principal promotor no ciudadano, ha hecho
hasta lo imposible por desalentar esta consulta. Moroso en la publicidad,
mañoso en la ubicación de casillas y acusador ante el Tribunal para que se
nulifique la consulta. De manera parecida operó la anterior consulta para
llevar a juicio a los expresidentes. Consiguió un evento deslucido, el cual
aseguró la impunidad de los exmandatarios: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y
Peña Nieto. La autoridad responsable de organizar y difundir es parcial, carga
los dados. Por ello, la estimación de los resultados está desviada de origen.
Falta un trecho largo para madurar el recurso de la consulta popular. Hay que
perseverar en la normalización de este tipo de ejercicios, aunque tenga doble
filo.
Tercero: la deliberación de la
reforma eléctrica está programada para la próxima semana. Si la oposición se
mantiene firme el proyecto se desechará. Si se da la negociación la propuesta
se modificará, lo que eso signifique. Lo más importante, una vez que la LIE ha sido
ratificada como constitucional, será reafirmar la soberanía del país México
sobre sus recursos naturales. De no conseguirse asegurar ese derecho soberano
será una derrota para la 4T.
Los tres eventos, en tanto
procedimientos democráticos, no se pueden entender como un decreto de muerte
súbita. En el futuro inmediato se tienen programado otros procesos. La disputa
de cargos por elección popular en seis estados en 2022 y la convocatoria a
renovar el Congreso junto con la elección presidencial, además de muchas
elecciones locales que se darán de manera simultánea en el año 2024. Como dijo
Saddam Hussein -si no lo dio me disculpo- “la madre de todas las batallas”.
