Hay legitimidad y reclamo social en el propósito gubernamental de combatir al crimen organizado. Lo que no es admisible es el sesgo político partidista y la falta de transparencia implicados en ese propósito.
No es un secreto que los operativos conjuntos inducidos por el gobierno federal en las entidades federativas tienen la tendencia a evidenciar gobiernos de partidos opositores, que no pertenecen al partido oficial (PAN).
Michoacán y Chihuahua fueron el inicio de la serie de operativos que hasta ahora no han hecho retroceder, siquiera, la violencia de las bandas delictivas. Nuevo León, Veracruz y Guerrero están ahora bajo esa lógica, estados que casualmente tienen gobernadores “peñanietistas”, esto es, que son aliados de Enrique Peña Nieto. Como quien no quiere la cosa, se están ocupando estados que simpatizan con el mexiquense por la vía militar. Es claro que con gobiernos panistas, como los de Jalisco y Morelos, se tiene otra medida. Bajo perfil del combate al crimen organizado y/o acciones espectaculares de las fuerzas del orden que culminan en ejecuciones extrajudiciales.
Quién me dice que no. Que esta guerra se infló para legitimar la militarización del país y garantizar la perpetuación en el poder del grupo gobernante. Se magnifica un problema para reducir resistencias y generar apoyos (La guerra de Irak es paradigmática, se acusó al gobierno de ese país de producir de material nuclear con fines bélicos para justificar el derrocamiento de un gobernante y la intervención de las potencias o, su variante, el terrorismo de Al Qaeda y su participación en el derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York, utilizado como pretexto para la intervención militar en Afganistán) El cuento no es muy original, pero cómo fastidia la tranquilidad y estabilidad de una nación, debilitando su soberanía y al gobierno que la representa, pues el uso permanente de la fuerza termina por desgastar el ejercicio del poder y encarecer los apoyo sociales al régimen.
En la mira de este esquema de intervención federal se ha puesto a la ciudad de México. De repente aparecen cuerpos exangües y descabezados, en vía pública de alta circulación y en las inmediaciones de instalaciones militares. No de gratis, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ha lanzado una alerta sobre la cercanía de la ola de violencia en el DF.
Y si el sesgo político partidista desacredita la “buena fe” del combate al crimen organizado, la total falta de transparencia y el desapego a procedimientos judiciales que marcan dicho combate, terminan por perfilar una estrategia de poder no dicha pero si puesta en acción, que utiliza la militarización para socavar la confianza en las próximas elecciones del verano de 2012. Además, este proceder de pasar por encima de los derechos humanos recuerda el la actuación de las dictaduras del Cono Sur en los años setentas del siglo pasado. Dictaduras que colapsan por obstruir libertades y derechos consustanciales a la democracia.
¿Tú saldrías a votar en medio de retenes dispuestos por las fuerzas del orden?