Vaya manera de conmemorarse dos
años de vida de la actual administración federal. La agenda pública es otra, la
del 26 de septiembre de 2014, enmarcada en la consigna “Vivos se los llevaron,
vivos los queremos”. Sin concluirse el esclarecimiento de hechos nefastos, se
combinan con diversos motivos de inconformidad y la errática actuación de las
fuerzas del orden, se abre cauce a la histeria sobre la que se desplaza el
oportunismo.
La Escuela Normal Rural Isidro
Burgos en Ayotzinapa tiene una larga narrativa “épica” de movilización
estudiantil. Ni los gobiernos de izquierda han contribuido a mitigar la
beligerancia de los normalistas. Para no ir tan lejos -material proporcionado
por el buscador de Google da para una interesante exploración- el 27 de
noviembre de 2007, Luis Hernández Navarro apuntaba en La Jornada el desencuentro entre el gobierno de “izquierda” y los
normalistas: “Ayotzinapa es, entre otras muchas cosas más, la muestra del
fracaso de la descentralización educativa, pero también de cómo un partido que
quiere a toda costa hacerse del poder se divorcia de su historia y su programa”.
El próximo 12 de diciembre se cumplirán tres años del enfrentamiento por la
toma de la autopista del Sol llevada a cabo por estudiantes normalistas, la
cual fue reprimida por la policía ministerial del estado de Guerrero y la
Federal. Dos estudiantes muertos y un empleado de una gasolinería, que
incendiaron los normalistas, fallecería posteriormente al primero de enero
siguiente (Cronología de El Universal,
24-01-2012)
Ahora, tenemos una movilización
estudiantil en al menos 60 ciudades del país según reportes de la marcha del
día de ayer lunes 01-12-2014. Iguala se mantiene como un caso de averiguación
judicial en espera de las definiciones penales, sobre la que se despliega un caso
político de complicada resolución. Es importante, diría que inevitable, la
continuidad de la protesta. No menos importante y de contenido ético, que los
normalistas presenten por escrito a la autoridad el relato profusamente
descrito de su verdad sobre la tarde noche del 26 de septiembre y los
preparativos de su expedición a Iguala, aunque sea indigestible para su
mediatización. Lo importante es contribuir a cerrar el ciclo judicial, sin el
cual no se podrá avanzar en el tramo político, a menos de que se quieran
enredar las cosas, muy al gusto de Andrés Manuel López Obrador. Hasta donde
estoy enterado, los normalistas de Ayotzinapa son apartidistas.
A dos años de asumir la más alta
responsabilidad del país, recién el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la
carencia de justicia que impera en México. Justicia que no estuvo en el centro
del proyecto reformador. La prioridad sigue siendo atraer inversiones y éstas
todavía no han sido suficientes para impulsar el crecimiento económico.
Desde que estalló el descontrol
gubernamental, cuando tardíamente por primera vez Peña Nieto decidió poner ojos
sobre los desgraciados acontecimientos de Iguala, cada vez que quiere emparejar
el terreno sobre el cual reconstruir su relación con la sociedad, el terreno se
agrieta. Peor aún, se forman socavones cuando el aparato de coerción actúa sin
profesionalismo y al margen de la legalidad (Le ha fallado su consejería
jurídica, su dirección de comunicación social, no lo sé)
Peña Nieto es un animal político,
en el entendido de que su instinto lo guía para enfrentar la realidad y hasta
hace dos meses seguir a su instinto lo mantenía “invicto”, hasta que encontró
su situación límite y no le alcanzó. Su herencia política –grupo Atlacomulco- le
impele a ritualizar en cada evento un llamado para hacer las paces con los
inconformes, pero ningún llamado será suficiente hasta que físicamente no se dé
con los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En los primeros dos años de su
gobierno, el Presidente ha tenido en los legisladores un aliado efectivo. El 27
de noviembre los volvió a convocar para realizar nuevas modificaciones de ley
que, mirando hacia el principio, faltaron al inicio de la administración
federal en curso. Inciertos serán los foros encargados al CIDE para encontrar
salidas a la condición de corrupción e impunidad en las que chapalean franjas
del servicio público. Difícil tarea sortear la coyuntura y desmontar
estructuras al mismo tiempo.
Si Peña Nieto al fin ha
encontrado en la falta de justicia, el lastre de la falta de desarrollo y la
principal fuente de la indignación de la sociedad, por qué no convocar a la
Corte, quien en su carácter de poder público independiente, se pronuncie sobre
el estado actual de la justicia en México,
nos diga hacia dónde se tiene que avanzar para superar el déficit de
justicia que lastima y ofende a los mexicanos. Ignoro si un pronunciamiento de
esa naturaleza esté dentro de su competencia. Supongo que los jueces, en tanto
profesionales de la justicia, bien podrían hacer un esfuerzo por franquear la
muralla de sus magníficos emolumentos y asomarse al México real.
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Las ilustraciones provienen de los Relatos Proféticos II de Wiliam Blake, Atalanta, 2014.
