Se sumó una semana, más, al
desprestigió de la política. La disputa al interior del Partido Acción Nacional
por la candidatura presidencial. “Anayistas” y “calderonistas” ponen en
aprietos al Congreso. Con todo, la normalidad ha regresado, para lo que pueda
servir si los rijosos siguen ahí; en otras latitudes, la ciudad de Oaxaca,
manifestaciones de repudio por la visita del presidente Peña Nieto. Día de
barricadas cortesía de la sección 22 de la CNTE el jueves 7 de septiembre.
Pero un terremoto dobló la página
al acercarse la medianoche del mismo jueves y todas las noticias anteriores
pasaron a la penumbra. Con epicentro en la costa de Chiapas, el movimiento ya
telúrico causó destrucción y muerte.
Mal fario para un reportaje del
portal de noticias Animal Político, que informa sobre el perol en el que se
cuecen la malversación de los recursos públicos. Evito repetir los detalles ya
divulgados y se pueden encontrar en este enlace: http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
Recogiendo información
proporcionada de varias anualidades de la cuenta pública ya presentadas por la
Auditoría Superior de la Federación, en un ejercicio proactivo, los periodistas
se dispusieron a trabajar sobre la identidad de empresas nombradas en las
muestras auditadas por la ASF. Empresas que son el eslabón unido a dependencias
federales varias y universidades afincadas en los estados de México y Tabasco. Si
así están las muestras, como estarán el resto de los convenios.
El convenio es un mecanismo de
transferencia de recursos de una entidad pública a otra. No es un contrato, por
lo tanto, no requiere de licitación. Una dependencia tiene necesidad de algún
bien o servicio y encuentra que otra entidad pública se lo puede proporcionar.
Mediante el convenio se obvian ciertos trámites pues opera como asignación
directa, de lo que no se escapan es de las auditorías. Lo que encontró la ASF
fue un acto reiterado, consistente. Las universidades en convenio, señaladas
por el reportaje, no tenían capacidad absoluta para ofrecer lo convenido. Esa incapacidad
fue sustituida mediante contratos que se hicieron a empresas fantasmas o en
franca ilegalidad. Por este mecanismo se esfumaron 3 mil 453 millones de pesos.
El auditor Juan Manuel Portal afirma
que se han levantado las denuncias ante la PGR, desconoce si hay un avance y se
resigna. La ASF tiene límites, es como un león sin garras, como los pollos, no tiene
dientes. La PGR está habilitada para investigar a las unidades administrativas
involucradas, para convocar a la Función Pública y Hacienda pues mucho pueden
aportar. En los funcionarios intervinientes de los convenios y en los
contratos, también en el fárrago procedimental, debieron quedar huellas para
encontrar el dinero fugado. Pero si Arely Gómez y José Antonio Meade se postran
en la apatía de la espiral de silencio o se entretienen demás en la sucesión
presidencial. El mensaje es ominoso, van por seis años más de corrupción. La
estafa es interminable.
