En estos tiempos del nuevo siglo, se es dado concluir que antes las cosas eran mejor para el país. La razón, justificada, es que las cosas están peor. Ello no debe alentar la ilusión por el pasado. No, nada de eso.
Se requiere encontrar la diferencia más precisa en el antes y después, enfocando una continuidad sobresaliente: el corporativismo.
Se decía que antes había un pacto corporativo debidamente representado en la Constitución y que para efectos de la praxis discurría sobre el eje Presidente de la república y partido oficial. El interés de los ciudadanos quedaba a resguardo al interés corporativo, de manera ejemplar en la Confederación de Trabajadores de México y en la Confederación Nacional Campesina. Los empresarios realizaban su interés en la sumisión, hasta llegó a declarar uno de sus próceres ser soldado del PRI. Bien compactado, el interés de las corporaciones hacía irrelevantes a la oposición partidaria, el ejército era fiel en su bajo perfil y las iglesias estaban debidamente confinadas a un asunto privado de conciencia que no merecía tener efectos públicos. Eran los términos, grosso modo, del pacto corporativo.
En el nombre de los ciudadanos, ahora tenemos un reordenamiento de los intereses corporativos que no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso de disputa política desde frentes distintos, antagónicos se podría decir, desde las corporaciones empresariales hasta los grupos políticos de izquierda. Ese reordenamiento ha puesto por delante el interés de los empresarios, de los grandes empresarios cabe precisar, también le da un foro público a las iglesias. Incluso el ejército, por efecto del combate al crimen organizado, está mejor compensado a la hora de repartir los recursos públicos. La CTM y la CNC hace tiempo que quedaron relegadas, en cambio, los que se alinearon al reordenamiento han sido bien compensados, es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hasta su propio partido tiene.
Roto el pacto corporativo cada fuerza se siente con los merecimientos propios para hacer valer sus propios intereses. El regateo es la especialidad en la que se han metido a costa del país y de la ciudadanía. Los mismos partidos están más al servicio de poderes fácticos que de la ciudadanía. Los entes autónomos que se crearon, como la CNDH y el IFE, no alcanzan a ser captados en beneficio de los ciudadanos cuando ya son capturados por partidos y corporaciones, también por los gobiernos. Estos últimos, en tratándose de las gubernaturas y sus titulares, se convierten en poderes que le entran abiertamente al regateo. Las grandes empresas de la comunicación también piden su rebanada. Así, quien esté fuera del maremágnum corporativo, el ciudadano de a pie, queda marginado. No es raro que entonces surja la corporación delincuencial, el crimen organizado, como una alternativa negativa para quienes quedan fuera de los intereses creados en detrimento del derecho público.
