Todos los días tenemos que liar
con dos versiones del presente político mexicano que devienen de un gobierno
con gran legitimidad de inicio. De un lado la versión regeneradora que parte
del nuevo gobierno, su movimiento y de la ciudadanía que ha hecho suyas las
acciones del cambio para atender a las mayorías rezagadas, con carencias, en
condición de pobreza. Núcleo de un proyecto explícito. La otra versión es la
narrativa del equívoco, del señalamiento de la improvisación y la falta de
datos que sustenta un conjunto heteróclito al cual no alcanzan a unir los
partidos que están hoy fuera del gobierno federal. A falta de ello se erigen en
representantes de la oposición organizaciones civiles. El núcleo, al que se
denomina conservador, es un conjunto de intereses que se sienten afectados por
la cuarta transformación. Éstos no pueden llamarse sorprendidos: AMLO está
llevando adelante el proyecto que propuso.
Cada semana surge un asunto para
acerar el disgusto referido a propósito de la austeridad hecha ley. La
Biblioteca José Vasconcelos, Conacyt, INBAL, IMER, Notimex. Ahora los
reflectores han caído cobre la Comisión Nacional de Evaluación de la Política
Social – Coneval de aquí en adelante. Sin un documento soporte se recurre la
especie de que el gobierno quiere destruir instituciones, incluido Coneval, por
medio de la austeridad.
El Coneval es una institución mandatada
por la Ley de Desarrollo Social del año 2004. Su decreto fundacional se publica
en 2005: medir la pobreza y recomendar mejoras en la política pública condensa
su justificación, como organismo público descentralizado adscrito a Sedesol y
autonomía limitada. En el año 2018 se perfeccionan los lineamientos del 2010 en
los que desde entonces se basa la medición de la pobreza, su metodología y la
fórmula para una medición multidimensional. El ingreso ya no es el criterio
único para medir la pobreza, como ha sido tradicional en el mundo, se agregan
las variables de educación y salud, entre otras. La información que analiza y
ordena -los datos- es proporcionada por el INEGI. Podría decirse que el Coneval
es un laboratorio higiénicamente instituido, que con orientación metrológica
basada en cifras censales y de encuesta le dice al gabinete social hacia dónde
se tienen que enfocar las políticas sin que ñor ello el organismo tenga que
mirar o escuchar a los pobres.
Lo que ha saltado, a resultas de
la austeridad, son las directrices de las estructuras burocráticas del personal
de confianza de la administración federal de los últimos años. Se volvieron
rígidas, muy difícilmente Hacienda acepta modificarlas para su ampliación, por
el contrario, las llegaba a reducir para crear un puesto superior, el caso de
las direcciones generales adjuntas. Ha sido un tabú administrativo engordar las
estructuras. Se recurrió al deporte de darle la vuelta, contratar eventuales,
prestadores de servicios por honorarios -asalariados disfrazados de
empresarios- contrataciones de empresas de servicios para evitar la creación de
plazas nuevas que operan los sindicalizados. Así permanecían las estructuras
casi sin modificaciones, al tiempo que se incrementaba el gasto corriente.
Desde hace años Hacienda ha ordenado esta simulación de no crecer el aparato
burocrático. Claro, llega la Ley de Austeridad y afecta a los empleados no
reconocidos en la estructura formal. Coneval no es ajeno a esta situación. Esa
es la fuente de la insuficiencia escondida en la administración heredada que la
austeridad vino a detonar. Una austeridad con el propósito de acopiar recursos para
apoyar a los que menos tienen.
Y si uno lee las opiniones desaparece
esta relación íntima entre el Consejo y la Austeridad Republicana como si
fueran opuestos, entre el objeto pobreza y los sujetos pobres.
