Cuando en distintas partes del
planeta las autoridades visualizan “la nueva normalidad”, con ello están
indicando que la vida social ya no será igual. Al menos no igual a lo
acostumbrado en el tiempo presente. La lentitud, casi ritual, primitiva, nos
resultará desconcertante y salutífera a la vez. Quien haya ido a algún
restaurante en estas semanas de desconfinamiento, habrá notado el ceremonial
introducido para que a los comensales se les brinde atención. La vida cambia
para bien, es lo que espero. El respeto hacia nosotros mismos, a nuestros
semejantes y a la naturaleza, será el principio básico de sobrevivencia y
protección. Es la Ética el bien mejor dispuesto para adoptar la nueva
normalidad y superar el individualismo depredador y sus presentaciones
enmascaradas.
Pero hablemos de los
gobernadores. De ese puesto de elección de autoridad ejecutiva más importante
después de la presidencia de la república. Durante la hegemonía del PRI, el
gobernador era un apéndice de la institución presidencial, de su instrucción
dependía la nominación y el acceso al cargo. Un sistema imbatible en sus
términos y sin lugar a controversia mayor. Beneficiaria de esos modos fue la
hoy senadora Beatriz Paredes Rangel. Fue hasta hace pocos años que comenzó a
abrirse el ostión de esos modos, durante el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari. Negociación de gubernaturas bajo el esquema ilegal y antidemocrático
de la “concertacesión”, picaresca lexical aportada por el columnista Francisco
Cárdenas Cruz. El fraude a la ley y a los electores era evidente. Los
gobernadores deberían tener una representación de la voluntad popular, más
acicalada por lo menos.
Fue la elección de Cuauhtémoc
Cárdenas de 1997, para gobernar el Distrito Federal, lo que abrió las
compuertas de acceso a los gobiernos estatales sin el exclusivo sello del PRI y
su jefe nato, el presidente en turno. Al acceder al poder avalados por una
representación creíble, los gobernadores se constituyeron en un poder cierto,
de resorte propio, con pleno derecho al regateo de los presupuestos con el
Ejecutivo federal. Así fue como en tiempos de Ernesto Zedillo se formó el
informal grupo priísta conocido como -otra vez me auxilio de la picaresca- “sindicato
de gobernadores”.
Llegó la alternancia en el cargo
de presidente en el 2000 y después se formalizó una asociación civil conocida
como Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) Sin ser más que un foro de
interlocución de los gobernadores hacia el presidente de la república, a partir
de ese foro se multiplicó el número de gobernadores llamados a cuentas por la
justicia. La depredación de presupuestos para fines de enriquecimiento
personal, de su familia y allegados. Eso sin mencionar que en algunos casos se
agregó se agregó el crimen organizado como fuente de enriquecimiento.
Sería bueno que un día de estos
fueran invitados el secretario de Hacienda, la directora del SAT, el jefe de la
UIF y el auditor superior de la federación, para que nos informen de lo que
hacían los gobernadores con el seguro popular, el presupuesto para educación,
el Fonden, los contratos de infraestructura y la contratación de deuda.
¿Alguien solicitó la salida de
Dr. López-Gatell?
