México está en un proceso de
recuperación de la estatalidad perdida. Pérdida que significó una
redistribución de poder en perjuicio de millones de mexicanos y para
satisfacción de una minoría. Se recreó un sistema a la medida de pocos,
excluyente por definición.
Recuperar la estatalidad en salud
y educación, en energía y seguridad, requiere de un esfuerzo sostenido y de
largo tiempo. Esto es así porque las reformas para diluir al Estado no tomaron
en cuenta el alto costo que traería para la población la explosión continua de
la corrupción y de la violencia criminal. Por omisión, silencio o voluntad, se
normalizó el expolio omnímodo desde la cúspide pues habíamos llegado a la
arcadia del mercado, en la que los corruptos y violentos estaban integrados, pues
se untaban con el ungüento utilizado en las diversas transacciones comerciales:
el dinero.
Esta destrucción de la
estatalidad no sólo se dio en el campo de la economía, de la llamada economía
mixta.
Se crearon lo que los estudiosos
del Derecho e ideólogos de la derecha han etiquetado como “constelación de
autonomías”. El propósito de eso aparatos es el de desmontar las mentadas por
Jorge Carpizo, facultades metaconstitucionales de la institución presidencial,
para montarlas en organismos constitucionales autónomos y así dejar, la
presidencia de la república, como al rey de Francia quien reinaba, pero no
gobernaba.
Estos organismos autónomos tienen
frágil o nula representatividad ¿A quién representan? Antes bien, tienen
tendencia a ser colonizados y terminan por representar a poderes fácticos si de
regulación económica se trata, de negociadores serviles a los partidos que los
designan desde el legislativo. Los órganos autónomos son muelles para la
operación óptima de la oligarquía, antes que activo de la república y la
democracia.
Qué tipo de representatividad
puede tener un consejero electoral, quien después de recibir a dirigentes
indígenas, lo primero que hace al concluir el encuentro es tomar el teléfono y
comunicarse con un colaborador. Ello para mofarse, denigrar a un ciudadano.
Qué se puede esperar de un INAI
que permanece como convidado de piedra ante denuncias que exhiben a políticos,
supuestamente entregados de tiempo completo a la cosa pública, los cuales se
sirven de su posición para realizarse como mercaderes de medicinas, de
inmuebles y de lo que les plazca. Ese instituto no me sirve.
No es casualidad que la apertura
indiscriminada del mercado y la acotación de la institución presidencial
condujera al país a la pendiente de corrupción y violencia, frente a la cual estas
autonomías son incompetentes, cuando no cómplices.
Por ello no hay que esperar al
2024 para continuar la reconstrucción del Estado no sólo a nivel normativo,
sino expresado de manera efectiva en actos de solidaridad nacionales. Que se
demuestre, desde las instituciones como desde la sociedad, que los corruptos y
los violentos no tienen aliados.
