Cada decisión política, en todo
el mundo, beneficia o afecta intereses. La rearticulación del Estado del
Bienestar que se ha propuesto Andrés Manuel López Obrador no es la excepción.
Modificar, así sea levemente, los términos en los que se ha producido la
desigualdad en México molesta a los beneficiarios de la era tecnocrática. El
gobierno no se ha enfrentado a las prescripciones del Fondo Monetario
Internacional, como bien lo recuerda Ilán Semo. En cambio, AMLO está decidido a
utilizar las facultades que tiene a su disposición, la herramienta del presupuesto
y la información financiera, para lograr su anhelo. Las modificaciones o
ajustes al PEF que han llegado con la cuarta transformación ha traído enojos a
los que detentan intereses afectados. No sé, por ejemplo, cuánto dejaron de
recibir las empresas de medios con amplio alcance de audiencia por concepto de
la publicidad gubernamental durante los cuatro primeros meses del actual
gobierno. Recién el miércoles 17 de abril se publicaron los lineamientos que observará
la compra de espacios publicitarios de parte del gobierno. Planteando consideraciones
como evitar la concentración en una empresa, no rebasar los montos programados
y suprimir dispendios. Es un caso de intereses afectados que se refleja
fielmente en los medios.
La austeridad republicana a la
alta y mediana burocracia en el ámbito federal: reducción de salarios, retiro
de seguro de gastos médicos y caja de ahorro. La cancelación del fideicomiso Proméxico
y el fondo de promoción turística. Afectación de intereses, enojo garantizado;
la disposición de no elaborar contratos perniciosos al erario, en materia de
obra pública e infraestructura, cuando de combatir la corrupción se trata
también produce enojos; el combate al robo de combustible ha sido una medida
espectacular por la red de intereses asociados a este delito: crimen organizado,
autoridades locales, empresas expendedoras, sindicato, funcionarios y hasta
pobladores que viven en las inmediaciones de las tomas clandestinas. El cártel
de Santa Rosa, en Guanajuato tierra de Fox, involucrado en este turbio negocio
ya amenazó al presidente y a sus colaboradores. Sí que está enojado.
Hay enojo por el control de la
nómina y de las plazas de los maestros al servicio de la educación pública.
Dirigentes de la CNTE y el SNTE tienen metidos ahí sus intereses, son los
destinatarios no encabezados en el polémico memorándum del presidente López
Obrador; los tres partidos nacionales (PRI, PAN y PRD) no se quedan atrás. La
derrota del primero de julio significó no solo pérdida de puestos de elección
popular, también reducción de aportaciones federales a sus arcas. Limitadas sus
posibilidades de repartir el queso y con la amenaza -esa sí- de que por ley se
reduzcan las prerrogativas monetarias de los partidos, estos también están
enojados; éramos muchos y parió la abuela. Los entes autónomos también están bajo
el efecto cáustico del enojo. La burocracia que se creó para subsanar los
abusos e ineficiencias del Ejecutivo principalmente se tropezó con la cuarta
transformación. Cooptados por intereses de partido o de poderosas empresas,
algunos de estos entes están lejos de identificarse con la ciudadanía y ésta no
les tributa mayor reconocimiento. Ejemplo de esta condición es el INAI, sin
lograr la mayor transparencia de poderes y gobiernos, mucho menos proteger a cabalidad
los datos personales, muy pronto ha llegado a su nivel de incompetencia. Si la
Función Pública ya decidió transparentar la nómina gubernamental, si hace lo
propio con los contratos gubernamentales, poco trabajo le dejará al INAI.
Todos estos intereses afectados
en un mismo costal de enojos.
Sin articularse constructivamente,
la diversidad de opositores al gobierno ha encontrado en el feroz crimen perpetrado
en la ciudad Minatitlán, Veracruz, donde murieron trece personas el viernes 19
de abril, la chispa de la que esperan el incendio del país. No han reparado en
saber quién ordenó el múltiple asesinato, quiénes lo ejecutaron y el objetivo y
la causa del delito. Tampoco se han planteado la hipótesis de una provocación
de intereses en la oscuridad, se olvidan de que el crimen organizado tiene
bases de operación en ese estado con larga data ¿Se acuerdan de Tlalixcoyan?
Después de ese lamentable acontecimiento (07-11-1991), hay que apuntar los
gobiernos fallidos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, que
dejaron a Veracruz cundido de fosas clandestinas. Sin analizar, mucho menos
investigar, se apresuran a convertir la desgracia en ariete de sus enojos en
contra de López Obrador.
